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La gobernadora regional de Arequipa en funciones, Kimmerlee Gutiérrez, indicó ante la Comisión Agraria del Congreso que esta semana responderá a la solicitud de caducidad del contrato de concesión de Majes Siguas II presentada por el consorcio Angostura Siguas, a cargo de Cobra. La concesionaria hizo el pedido el 11 de enero pasado debido a cuatro presuntos incumplimientos del mencionado contrato por parte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). A este pedido se sumó una solicitud de trato directo para llegar a la caducidad, entregada al GRA y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 26 de enero.
Las observaciones serían subsanadas en caso se apruebe la adenda 13 del contrato, que modificará el sistema de riego de proyecto mediante una inversión de US$104 millones. Solo este cambio representaría más del 15% de su inversión total, elevando su costo hasta los US$654 millones. Gutiérrez también prometió que la aprobación de la adenda sería “lo más próxima” posible.
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Sin embargo, el camino no sería tan rápido. Para ser aprobada, la adenda tiene que ser elevada a votación mediante un dictamen de la Comisión de Agricultura del Consejo Regional, conformada por tres miembros. Su presidente, Elmer Pinto, así como el consejero Edy Medina se encuentran en contra de su aprobación. El consejero Harberth Zúñiga es el único integrante de la comisión que opinará a favor.
El jueves pasado se realizó una mesa de trabajo con autoridades y agricultores del distrito de Majes, en la que Pinto y Medina acordaron tomar en cuenta la oposición de los ciudadanos en el dictamen de la adenda. “No permitiremos que la empresa Concesionaria Angostura Siguas, imponga por la fuerza y con apoyo de medios de difusión masivos modificaciones que perjudiquen a los agricultores y que solo benefician claramente a la empresa”, señaló Pinto.
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“Hemos visto compromisos del GRA diciendo que sí se aprobará la adenda 13 cuando esa es una facultad del Consejo Regional. No pueden adelantar compromisos [que] no les corresponden”, añadió Medina.
En diálogo con El Comercio, Zúñiga indicó que elevaría un dictamen en minoría aprobando la adenda 13 en caso la comisión se opusiera.
Los caminos tras la adenda
El trato directo solicitado por el concesionario tiene un plazo de seis meses para conseguir un acuerdo que permita -o no- seguir con el proyecto. De no llegar a un acuerdo en ese periodo de tiempo, el contrato caducaría y Cobra elevaría la demanda a un arbitraje internacional ante el Ciadi.
En su solicitud de caducidad del contrato, Cobra solicita el reconocimiento de US$220 mil por daños y perjuicios. Según especialistas consultados, la aprobación de la adenda 13 destrabaría el proyecto, pero una decisión desfavorable podría paralizarlo, por lo menos, durante tres años más.
“En caso caduque el contrato, el proyecto tiene que volver al GRA. Tanto el GRA como Proinversión deben hacer un nuevo proceso, el concurso, actualizar criterios técnicos en el contrato y eso tomaría tres años”, afirmó José Manuel Abastos, socio del estudio Hernández.
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Este proceso se daría en paralelo a la nueva licitación del proyecto. “No habría ningún impedimento para que se lleve a cabo el concurso [porque] la caducidad ya se habría producido” señaló Ronald Fernández Dávila, socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
El arbitraje también podría demorar tres años. “El Ciadi no necesariamente va a aceptar todo lo que Cobra va a pedir, sino que va a definir quién tuvo la culpa y establecer una penalidad. Esto demoraría tres años”, explicó Camilo Carrillo, economista principal del Consejo Privado de Competitividad.
Mayor voluntad política
Según Carrillo, los ministerios de Economía y de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) deberían tener una participación más activa en las negociaciones.
“Sería importante que mostraran ese liderazgo. La nueva gobernadora quiere impulsar el proyecto y les ha pedido que intervengan. Está pidiendo ayuda al Gobierno Central y el Midagri parece responder que no es un tema suyo”, señaló.
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El proyecto de irrigación está paralizado desde diciembre del 2017 y solo cuenta con un 16% de avance. De destrabarse, podría generar 145 mil empleos formales, además de expandir la frontera agrícola de Arequipa en 38 mil hectáreas.
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