Uno de los grandes ausentes en el discurso presidencial de 28 de julio fue el sector trabajo. Más allá de anuncios sobre la creación de empleo temporal, vinculado al desarrollo de infraestructura a nivel nacional, el presidente Pedro Castillo no dio mayores luces sobre qué políticas laborales seguirá el Gobierno, en momentos en que el sector privado se mantiene cauto sobre sus inversiones.
Lo que sí es cierto es que la designación del titular del Ministerio de Trabajo (MTPE), el dirigente sindical Iber Maraví –quien ha sido cuestionado por otorgar la inscripción de un sindicato formado por Castillo en sus primeros días de gestión–, da algún bosquejo de la postura que la cartera Trabajo adoptará. Valga decir que se trata de una línea que, a lo largo de los años, se ha caracterizado por ser restrictiva en el proceder de mecanismos como los ceses colectivos.
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En ese sentido, Lidia Vilchez, asociada principal del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), señala que, adicionalmente a ese criterio “hiperformalista” y protector que suele tener el MTPE, “vamos a tener un contenido político, porque es un dirigente sindical de un ala radical”.
Por ello mismo, Cecilia Guzmán Barrón, socia y líder del área laboral en DLA Piper Perú, considera que, en el futuro, los ceses colectivos “probablemente tengan una interpretación aún más restrictiva”.
Riesgos a la vista
Si bien hay muy poca certeza sobre el futuro de las políticas laborales, Barrón considera que está claro que se dará un “empoderamiento de los sindicatos, ya sea con normas como con interpretaciones”. En ese sentido, precisa que el MTPE es la entidad encargada de dar solución a las modificaciones colectivas de tiempos de trabajo entre sindicatos y empresas.
Además, tomando en cuenta los lineamientos del Plan Bicentenario, presentado por Perú Libre en campaña presidencial, y bajo la mirada de lo que ha sucedido en países como Ecuador y Venezuela, la especialista advierte que en esta gestión se podrían establecer cuotas que limiten la intermediación laboral o la cantidad de empleados en periodos de prueba; así como restringir el uso de contratos temporales (mediante la revisión anterior a la aprobación del contrato).
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En tanto, entre algunas de las medidas que han quedado paralizadas en gobiernos previos y ahora se podrían retomar está el proyecto para agrupar en un solo cuerpo normativo las normas laborales, indica Julio Villalobos, asociado de Miranda & Amado Abogados.
Y pese a que la economía no termina de recuperar su ritmo de crecimiento, es también posible poner sobre la mesa el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), cuyo último aumento se dio en el 2018.
No obstante, es importante mencionar que el Congreso también jugará un rol importante respecto a los riesgos laborales de cara a los empresarios. De hecho, la semana pasada, la congresista Sigrid Bazán, de Juntos Por el Perú (bancada en alianza con Perú Libre), envió un oficio al presidente del Consejo de Ministros solicitando que deje sin efecto la suspensión perfecta de labores –cuya vigencia culmina el 2 de octubre–, alegando que la reactivación económica es total.
Vilchez, del PPU, comenta que la mayoría de empresas que se han reactivado ya han llegado a acuerdos con sus trabajadores, por lo que la derogación del decreto de urgencia que permite aplicar la suspensión perfecta, no tendría un impacto significativo. De acuerdo a Ricardo Herbozo, director regional de Trabajo y Empleo de Lima Metropolitana en el MTPE, todavía existen 292 solicitudes de suspensión perfecta de labores por resolverse; mientras que el ratio de aceptación de las solicitudes ha sido mayor al 80% de estas.
Y aún cuando no hay un panorama claro, Herbozo proyecta que el Tribunal de Fiscalización Laboral de Sunafil moderará y fijará criterios razonables ante posibles excesos. En tal sentido, Vilchez precisa que sería un error del Gobierno actual destituir a los profesionales que laboran en dicha instancia, pues han venido uniformizando criterios en cuanto a la legislación laboral.
En el corto plazo
Evidentemente, la coyuntura ha pausado las contrataciones. Villalobos recalca que actualmente las empresas están tratando de reducir costos, lo que incluye costos labores, y no están invirtiendo en las áreas de Recursos Humanos, porque aún no hay una posición clara sobre cuál será la política laboral de corto o largo plazo.
Asimismo, Barrón indica que existen muchas empresas que han mostrado interés desde mayo en ingresar al país, pero no quieren abrir la empresa en el Perú al no tener las reglas de juego claras. Por tanto, Vilchez agrega que será clave conocer la agenda de trabajo de la cartera del MTPE, una vez el ministro deba exponer ante el Congreso su visión dela problemática del mercado laboral en el país.
“Vamos a tener que ser muy reactivos”, se adelanta Barrón.
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