Los proyectos minero-energéticos estuvieron en el centro del primer mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo.
“Implementaremos el criterio de rentabilidad social, que es superior a la licencia social”, dijo el mandatario, agregando que “si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va”.
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Al respecto, Oscar Caipo, presidente de la Confiep, consideró que el Gobierno debe precisar su propuesta para no ahuyentar a la minería, que representa “el 60% de las exportaciones y el 20% de Producto Bruto Interno”. ¿Qué se entiende por rentabilidad social?
Valor compartido
Para Epifanio Baca, economista principal del colectivo Propuesta Ciudadana, la idea es clara.
“El presidente se refiere a que un proyecto de inversión no solo debe centrarse en la rentabilidad económica. Las empresas mineras de vanguardia deben incorporar también el concepto de valor compartido, en el sentido de que tienen que generar valor para ellas y para la población de su entorno, como lo hace Antamina con su política de desarrollo territorial en Ancash”, explica.
No se trata, por tanto, de un concepto novedoso. Sino de una práctica que despliegan las empresas minero-energéticas responsables, como las que integran el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM).
Es el caso de Anglo American (Quellaveco), Freeport (Cerro Verde), Rio Tinto (La Granja), Minsur (Mina Justa), Gold Fields (Cerro Corona) y Teck (Zafranal y Antamina), por citar solo algunas que operan en el Perú.
Pero todo esto, apunta el ex presidente de la SNMPE, Carlos Gálvez, es desconocido por el presidente Castillo, pues obvia el aporte tributario de los proyecto mineros, su impulso en la generación de mano de obra y, no menos importante, su aporte a la innovación y la transferencia tecnológica.
El ejemplo más notable de esto último es Quellaveco, que será la primera mina 100% digital, no sólo del Perú sino de toda Latinoamérica.
Con todo, la idea de extender el concepto de rentabilidad social a todos los proyectos minero-energéticos es saludable. Pero es solo una parte de todo lo que estos necesitan para salir adelante.
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Proyectos 2021
“La prioridad es restaurar la confianza. La minería necesita reglas claras para mantener su competitividad y atraer nuevas inversiones”, comenta Mario Cedrón, expresidente del Capítulo de Minas del CIP.
Prueba de este aserto es que desde el inicio de la segunda vuelta electoral (mayo de 2021) la minería ha puesto en el congelador todos sus nuevos proyectos, a la espera de una señal alentadora del nuevo gobierno.
De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en el Perú hay 46 proyectos mineros con probabilidad de convertirse en minas, los cuales aglutinan una inversión superior a los US$56.000 millones.
De ellos, siete de ellos estaban programados para iniciar construcción este año. Sin embargo, esta previsión no se cumpliría debido al ruido político.
“Ya ha pasado más de medio año y sólo están saliendo pocos proyectos: Pampacancha, Chalcobamba , a duro batallar y, quizás, Coroccohayco. Pero ni Corani, ni San Gabriel ni Yanacocha Sulfuros, que era la mayor inversión para este año”, señala Rómulo Mucho, ex viceministro de Minas.
A su entender, lo que sostendrá la inversión minera por lo que resta del 2021 son los proyectos que iniciaron construcción tres años atrás: Quellaveco, la ampliación de Toromocho y Mina Justa (que acaba de iniciar operaciones).
Por esta razón, Mucho alienta a acelerar los proyectos mineros para aprovechar los elevados precios del cobre y el oro.
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Asamblea constituyente
De acuerdo al Minem, hay 17 proyectos con estudio de factibilidad concluido, es decir, listos para ‘ingresar al horno’ y empezar a ser construidos.
Es el caso de Ollachea (US$89 millones), proyecto cuyo operador, Minera IRL, acaba de anunciar que ha concluido un refinanciamiento para iniciar construcción de forma expedita.
Y algo similar podría ocurrir – por poner solo unos casos - con Río Blanco (US$2.500 millones) y Pampa de Pongo (US$2.200 millones), proyectos de capitales chinos que solo esperan un empujón para activar su desarrollo.
“Si hubiera voluntad de hacer las cosas, se puede adelantar los proyectos unos años, porque hay necesidad de generar trabajo y cluster tecnológicos”, anota Mucho.
¿Cómo se puede lograr esto? Henry Luna, ex director de promoción minera del Minem, explica que se podría repetir el antecedente de 2007-2011, cuando el ministerio se dedicó a destrabar una serie de proyectos, “conversando directamente con las empresas”, analizando sus trabas y haciendo el seguimiento correspondiente.
“Eso se puede volver a hacer, formando un equipo dentro del Minem que sea el nexo para que los proyectos se pongan en producción lo más rápido. Así, saldrían adelante Tía María, Rio Blanco, Zafranal, Los Chancas y Michqiuillay”, comenta.
Carlos Gálvez advierte, sin embargo, que nada de esto llegará a buen puerto si el gobierno insiste en sacar adelante la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución Política.
“Por ejemplo, yo no veo a Newmont tomando una decisión de construcción en Yanacocha Sulfuros este año sin tener claro el panorama legal. Yo creo que, terminado Quellaveco, se acabaron las inversiones mineras grandes en el Perú”, anota.
Un difícil panorama para un sector que genera divisas, trabajo y dinamismo productivo en el Perú,
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