Nuevo salvataje para Petro-Perú: ¿Qué solicita la petrolera estatal y para qué?

Ello, a pesar de que el presidente de Petro-Perú, Pedro Chira, había descartado “pedir otro soporte del Tesoro Público” (Semana Económica, 10-06-2023).

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Esto no fue óbice, sin embargo, para que a inicios de agosto el directorio que preside acordara pedir un nuevo apoyo financiero al gobierno con el objetivo de “mitigar los riesgos de un eventual desabastecimiento de combustibles” y prevenir los efectos adversos del Fenómeno del Niño.

Si este pedido se aprueba, la petrolera terminaría consumiendo más de US$5.000 millones en aportes financieros del Estado desde el 2017 a esta parte.

Esto incluye un aporte de capital de US$315 millones obtenido en el 2017. También los US$2.250 millones para el salvataje de la empresa en el 2022 a través de tres partidas: una inyección de capital de US$1.000 millones, una garantía del Banco de la Nación por US$500 millones y un préstamo del MEF por US$750 millones.

Y a ello se añade la reciente solicitud de la petrolera estatal.

Tales son lo términos del apoyo financiero solicitado por el directorio de Petro-Perú, el cual concluye pidiendo “la continuación de la aplicación de la facilidad de los documentos cancelatorios hasta por S/500 millones (US$135 millones)”.

En suma, hablamos de no menos de US$5.200 millones que el estado aportaría a la petrolera estatal si se concreta su última solicitud. ¿Por qué necesita un nuevo salvataje?

El acuerdo de directorio 087-2023 de Petro-Perú (3 de agosto de 2023) señala claramente que la solicitud de apoyo financiero busca garantizar el abastecimiento de combustibles en el país.

Esto, como consecuencia del retraso en el arranque de la nueva refinería de Talara, motivado, según la empresa, por la conflictividad social (que dificultó el traslado de insumos para la refinería) y el ciclón Yaku, que azotó al noroeste peruano a inicios de año.

Los especialistas consultados para este informe consideran, sin embargo, que hay otros factores, más relevantes, detrás.

Uno de ellos, la pandemia de COVID-19, que dilató las labores de construcción del proyecto, ocasionando un forado de casi US$1.000 millones para Petro-Perú

Y, el más grave de todos: el elevado y creciente costo de la nueva refinería, que ha acarreado el endeudamiento de la empresa y el practico desmoronamiento de sus finanzas.

Del 2007 a esta parte, en efecto, el proyecto ha cuadriplicado su costo, desde una proyección inicial de US$1.334 millones, estimada en el estudio de factibilidad de Arthur D. Little, hasta los US$6.000 millones (incluyendo intereses) estimados por la consultora PwC al cierre del 2022.

¿Por qué el proyecto ha terminado costando tanto?

Según un ex alto funcionario de Petro-Perú, que no quiso ser identificado, esto se debería a dos razones.

“La primera es que el Estado no aportó suficiente capital (a Petro-Peru) en su debido momento. Y la segunda tiene que ver con la adjudicación por separado de las obras principales (a Técnicas Reunidas) y auxiliares (a Cobra), circunstancia que terminó ocasionando el descalce entre ambas y el consiguiente encarecimiento del proyecto”, explica.

Germán Alarco, investigador de la Universidad del Pacífico, concuerda en que la falta de compromiso del Estado en inyectar capital a Petro-Perú ha contribuido grandemente a generar la crisis de la petrolera.

A su entender, proyectos de la magnitud de la nueva refinería requieren un fuerte aporte de capital de los accionistas, en este caso, del Estado.

“Durante la administración de Carlos Paredes (ex presidente de Petro-Perú) se habló de (inyectar) alrededor de US$ 1,500- 1,800 millones. No se hizo y después de 4 a 5 años se hizo un aporte que fue insuficiente”, refiere.

Consecuencia de todo esto es que Petro-Perú no tiene dinero para importar petróleo con destino a su nueva refinería, la cual acaba de completar el arranque de todas sus unidades de producción.

Hablamos de un complejo refinero de última generación, que cuenta con todos los adelantos tecnológicos para producir combustibles limpios y de alta calidad pero que adolece de lo más importante: crudo, que hoy se vuelve a cotizar a precios exorbitantes (más de US$90 el barril).

La interrogante que se levanta es si este nuevo salvataje para comprar petróleo y sostener financieramente a Petro-Perú, por los gastos incurridos en su nueva refinería, será o no el último.

La pregunta es válida porque con el dinero gastado (y el que podría gastarse) se podrían “crear puestos de trabajo en los sectores productivos de la economía o a cerrar brechas en infraestructura: hospitales, colegios, carreteras, entre otros”, señala Eduardo Ramos, socio del estudio MOAR.

Para no incurrir en nuevos dispendios, César Gutiérrez, expresidente de Petro-Perú, aconseja al Gobierno que no conceda este nuevo salvataje.

Esto significa que se “declare la empresa insolvente y se haga una liquidación en marcha”, pero sin paralizar o cerrar sus operaciones, sino que “la administración pase a los acreedores”.

Esto, con la finalidad de conseguir un equipo de ejecutivos y directivos despolitizados porque “no hay ninguna seguridad” de que las cifras reveladas por “la administración, el directorio y la Junta General de Accionistas de Petro-Perú” sean las definitivas, agrega Gutiérrez.

La otra salida, apunta un ex alto funcionario de la petrolera estatal, consiste en abordar el problema desde un punto de vista eminentemente técnico y no político, como se ha venido haciendo hasta ahora.

Y para eso se requiere un líder con enfoque financiero en Petro-Perú.

Esto quiere decir, una persona que sepa cómo gestionar riesgos y que coloque toda su atención al flujo de caja, porque este elemento es “la clave para evitar futuros salvatajes”.

Nota: Petro-Perú se comunicó con este Diario para aclarar que las declaraciones de su presidente, Pedro Chira, negando el otorgamiento de nuevos soportes financieros, ocurrieron en junio de 2023. Es decir, en un momento en el cual se estimaba que la refinería arrancaría en julio y no en septiembre, como terminó ocurriendo.