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El tiempo se agota para Petro-Perú en su cometido de recabar del Gobierno un nuevo salvataje financiero con el objetivo de cancelar lo que adeuda a sus proveedores de crudo y combustibles (cerca de US$1.600 millones) y adquirir más remesas de dichos productos a partir de febrero.
Todo ello en un contexto adverso debido a la restricción de sus líneas de crédito porque “no hemos recuperado todavía la confianza del mercado, ni nuestra calificación crediticia”, apunta Pedro Chira, presidente de la petrolera estatal.
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De allí su insistente solicitud de soporte financiero a fin de evitar una situación “muy compleja” y “muy difícil” para la empresa.
Se trata de un pedido que viene siendo evaluado por un grupo de trabajo de alto nivel, el cual tendría muy pocos días para tomar una determinación. ¿Qué podría decidir esta comisión? Todo apunta a que sus integrantes optarán por rescatar a Petro-Perú, dado el trance que atraviesa la empresa.
Pero, ¿Debería este soporte darse sin condiciones? ¿Será el último? ¿Qué se necesita para que no se repita?
CONDICIONES PARA EL RESCATE
Pedro Chira ha dejado bien en claro que la ayuda del gobierno es necesaria por la “pesada mochila” (US$1.600 millones) que Petro-Perú tiene que cargar.
Petro-Perú ha perdido mucho mercado en el sector de distribución de combustibles.
Por el contrario, los economistas y especialistas en hidrocarburos recomiendan la venta, concesión o liquidación de la empresa, como medidas menos cruentas para el país que un nuevo salvataje.
En esa línea, Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se decanta por restructurar a la estatal en un proceso concursal ante Indecopi.
Sin embargo, considera que esta medida será muy difícil de ejecutar debido “al contexto actual, donde el Estado es accionista”. Por ello, propone un salvataje, pero “con condiciones” para no dañar la calificación crediticia del país.
En tal sentido, urge publicar y ejecutar el plan de restructuración de Petro-Perú, elaborado por Arthur D. Little (ADL), lo cual implica la salida de los funcionarios que han conducido a Petro-Perú a su actual condición, pues “son los menos indicados para gestionar el rescate del Gobierno”.
Esto incluye a los directores de la empresa y al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, quien es juez y parte, pues continúa siendo trabajador de Petro-Perú (con permiso de licencia).
Es más, el economista Alejando Indacochea hace notar que Vera fue director de la estatal en la época en la cual se desató la crisis de calificación crediticia que la condujo a su actual postración.
El ministro Óscar Vera fue miembro del directorio de Petro-Perú en el momento en el cual la empresa comenzó a perder su calificación crediticia, en el 2022. (Foto: Jesús Saucedo)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO“Es la primera vez que yo me encuentro con un plan de restructuración que va a ser ejecutado por las mismas personas que generaron el problema, es decir, por quienes quebraron a la empresa”, anota Indacochea.
¿EL ÚLTIMO SALVATAJE?
Por estas consideraciones el experto en hidrocarburos Carlos Gonzales propone buscar fórmulas imaginativas para no entregar el salvataje directamente a Petro-Perú.
“Por ejemplo, se puede formar un comité de proveedores para pagarles lo que se les adeuda. Pero a continuación se debe ver la forma de que no vuelvan a suceder los problemas (pedidos de rescates) que han sucedido en los últimos meses”, señala.
Esto significa vender, concesionar o liquidar a la empresa. O, en última instancia, reorganizarla con lo que se tiene más a la mano: el plan de Arthur D. Little, que nadie (salvo la misma Petro-Perú) conoce hasta la fecha.
“Garantizar si va a ser el último rescate o no, pasa por el fortalecimiento que estamos haciendo en la compañía y el cambio en la gobernanza”, indicó Pedro Chira el pasado jueves.
¿Si este plan es tan importante, por qué Petro-Perú se niega a publicarlo?
La semana pasada la petrolera indicó que viene informando en su portal web los avances del plan de restructuración, pero no al extremo de publicarlo por completo para no poner sobre aviso a sus competidores comerciales.
El directorio de Petro-Perú aprobó en julio pasado el plan de restructuración elaborado por la consultora Arthur D. Little. La empresa refiere que no lo socializa para no develar su estrategia comercial a la competencia.
“¿Alguien en su sano juicio revelaría las estrategias para recuperarse en los próximos 3 a 4 años? Y qué casualidad que quienes lo piden son nuestros competidores a través de ciertas sociedades (la SNMPE)”, se pregunta Chira.
Una sana medida para sortear esta traba, a entender de Indacochea, consiste en publicar el documento, pero con excepción de los capítulos correspondientes a la estrategia comercial.
Todo lo demás, concuerda Erick García, ex director general de hidrocarburos del Minem, debe ser publicado, especialmente lo relacionado con la recomposición del directorio (con más directores independientes), la división de la empresa por líneas de negocio y los planes de reducción de personal e incentivos (por jubilación anticipada). ¿Esto evitará nuevos rescates, como lo asegura Petro-Perú?
¿PETRO-PERÚ AUTOSOSTENIBLE?
En su presentación del pasado jueves (ante la prensa nacional) Chira fue tajante en asegurar que Petro-Perú volverá a ser autosostenible a partir del 2025, gracias a la puesta en funcionamiento al 100% de la nueva refinería de Talara.
Así, la empresa apunta a anotar un Ebitda (utilidad operativa) de US$572 millones en el 2024 y de US$783 millones en el 2025.
Con ello, asegura Chira, Petro-Perú estará en condiciones de pagar al Estado todos los salvatajes que este ha procurado (incluyendo, eventualmente, el tercero).
Petro-Perú apuesta todas sus fichas a la nueva refinería de Talara para generar flujos de caja positivos y salir de su mala situación financiera.
Consultado al respecto, un ex alto funcionario de la estatal consideró que la nueva refinería de Talara sí estaría en condiciones de generar el mencionado Ebitda, pero “solo en el caso de que consiga operar al 100% de su capacidad”.
Esto significa, explica César Gutiérrez, ex presidente de Petro-Perú, que la refinería tendría que procesar 95 mil barriles por día (bpd) de crudo en el mix ideal para el cual ha sido diseñada: 34 mil bpd de crudo ligero y 61 mil bpd de crudo pesado.
El problema con esto, apunta el especialista, es que los lotes de crudo ligero de Talara sólo están en capacidad de producir 24 mil bpd en conjunto, lo cual obliga a adoptar dos alternativas: bajar la capacidad de carga o importar los 10 mil bpd faltantes, “con lo cual el margen neto de refinación se reduciría en US$2″.
Pero hay otro inconveniente, y es que muchos de esos lotes están siendo otorgados’ a dedo’ a la petrolera estatal en condiciones tales que esta no puede invertir ni, tampoco, incrementar su producción. ¿Cómo, entonces, espera Petro-Perú obtener crudo más accesible para su nueva refinería?
TALARA: ORDEÑANDO LA VACA
La decisión del Minem de que Petro-Perú opere lotes petroleros en Talara para incrementar su flujo de caja, es un arma de doble filo.
Y es que, por un lado, parece quedar claro que la petrolera incrementará su Ebitda con la posesión de los lotes I, VI, Z-69 y, sobre todo, del X, al cual aspira a ingresar desde mayo próximo.
De hecho, en una presentación ante el Consejo de Ministros, la estatal señaló que su Ebitda se incrementará en US$132 millones, solo en el 2024, si consigue ingresar a este campo petrolero.
Pero esto ocurriría a costa de la productividad del lote, porque los términos de su ingreso (a través de un contrato transitorio de dos años) le impiden ejecutar inversiones y, por ende, incrementar la producción.
“Esto significa que Petro-Perú ordeñará a la pobre vaca hasta que esta se ponga escuálida y no produzca más”, advierte Arturo Vásquez, ex viceministro de Energía.
A su entender, esto ameritaría una responsabilidad penal, administrativa y civil, porque “lo que están haciendo los burócratas de Petro-Perú es mejorar su economía”, pero “el país perderá al no poder realizarse inversiones en dichos lotes”.
¿Quién lo resentirá? El erario público, por regalías dejadas de percibir, y también las regiones Tumbes y Piura, que “obtendrán menos recursos por concepto de canon y sobre canon petrolero”, explica Vásquez.
No por nada la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Talara (CCITT), envió la semana pasada una misiva a Perú-Petro (encargado de suscribir los contratos petroleros) expresando su preocupación porque “Petro-Perú no va a realizar ninguna inversión en los lotes”.
“Esto significa que Petro-Perú ordeñará a la pobre vaca hasta que esta se ponga escuálida y no produzca más”
Arturo Vásquez, ex viceministro de Energía
Esta es, apunta el gremio, una situación que perjudicará aún más a las empresas talareñas, que “hoy sufren la pérdida de 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos” por la crisis del sector hidrocarburos.
Por tal motivo, la CCITT instó a la presidenta de Perú-Petro, Isabel Tafur, a entregar el lote X “bajo un contrato de licencia por 30 años, previo proceso de licitación que ya debería estar siendo convocado”.
Se trataría, sin embargo, de un pedido que encontrará oídos sordos pues el Gobierno ya ha decidido entregar el campo petrolero a Petro-Perú, por “decisión política”, según declaraciones vertidas por el viceministro de hidrocarburos, Walter Poquioma, a la SNMPE y transmitidas a El Comercio.
