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El Gobierno debe decidir en los próximos días si otorga o no a Petro-Perú un nuevo salvataje financiero – el tercero consecutivo desde 2022 – para cubrir el forado en sus finanzas y cancelar las deudas que ha contraído con sus proveedores de petróleo y derivados.
Y es que la petrolera estatal no contaría con los medios suficientes para seguir importando estos productos.
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Esto, a pesar de haber recibido en el último año y medio una transfusión financiera por US$2.350 millones en dos sucesivos salvatajes, cuyo destino no parece muy claro.
Prueba de ello es que la empresa estatal sigue anotando grandes pérdidas (US$530,2 millones al tercer trimestre del 2023) y, lo que es peor, continúa ahondando su déficit de capital de trabajo.
Hablamos, en este último caso, de US$1.531 millones que la empresa estatal necesita con urgencia para honrar sus obligaciones en el mercado de combustibles y mantener operativa su nueva refinería de Talara, pues, de lo contrario, “tendría que apagar la luz”, indica Fernando De la Torre, ex gerente corporativo de finanzas de Petro-Perú.
“Si los proveedores cortan las líneas de sobre-giro y los bancos hacen lo mismo con las líneas de crédito para el despacho de productos, la empresa no podrá operar”, explica el economista.
La participación de mercado de Petro-Perú en el mercado de combustibles cayó de 50% a 26% en los últimos siete años. Por lo demás, debe una cifra multimillonaria a sus proveedores, por lo que solicita un nuevo rescate al Gobierno. (Foto: Petro-Perú).
CONFLICTO DE INTERÉS
Petro-Perú corre contra el reloj, pues, de acuerdo a su propia confesión, sus importaciones de combustibles “cubren el abastecimiento (solo) hasta febrero del 2024″.
Y esto, con el agravante de que el desembolso (rescate) que necesita para pagar sus obligaciones depende de trámites administrativos que “demoran quince días aproximadamente”, advierte César Gutiérrez, ex presidente de Petro-Perú.
De allí que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) considere que el rescate financiero es ‘ineludible’, pero con ciertas condiciones, pues “otro rescate sin llaves bien puestas pone en riesgo el grado de inversión del país”, refiere Víctor Gobitz, presidente del gremio empresarial.
“El rescate no puede ser más de lo mismo. Tiene que ser bien diseñado para que minimice el impacto en las cuentas nacionales y la calificación de riesgo del Perú, apunta el líder gremial.
En ese sentido, Gobitz solicita que Petro-Perú haga público el plan de restructuración elaborado por la consultora Arthur D. Little, y que lo ponga en práctica para “cambiar la gestión de la empresa”.
Y también que el Gobierno proceda a remover a todos los funcionarios del sector hidrocarburos que han llevado a la petrolera pública a tan crítica situación por sus “decisiones desacertadas” y por no haber “seguido los procedimientos adecuados”.
La SNMPE propone la salida de todos los funcionarios de Petro-Perú y el Minem que han llevado a la empresa estatal a su actual condición. Es el caso del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, quien es juez y parte pues continúa siendo trabajador de la petrolera estatal. (Foto: Minem)
Es decir, a los directores de Petro-Perú, a su presidente, y también a los funcionarios públicos que vienen incurriendo en serios conflictos de interés, como el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, quien diseña normas a favor de la empresa del Estado, siendo todavía un funcionario suyo.
Es más, Erick García ex director general de hidrocarburos, hace notar que todas las decisiones que viene adoptando el directorio de Petro-Perú son digitadas netamente por “la actual gestión del Minem”.
Esto, ante la renuncia (remoción) de los dos directores del MEF en noviembre pasado, lo que ha dejado a la empresa estatal con solo tres directores, entre ellos a dos “nombrados por el actual ministro (Vera) y el ex viceministro de hidrocarburos (Enrique Bisetti)”, anota García.
BARRIL SIN FONDO
Todo esto demuestra que Petro-Perú ha capturado al Minem y que ahora es la empresa petrolera la que dicta la política de hidrocarburos, “teniendo como rehén al Tesoro Público”, apunta un especialista en hidrocarburos quien no quiso ser identificado,
En efecto. Nada asegura que Petro-Perú no volverá a pedir un nuevo rescate tras recabar los US$2.550 millones que hoy persiste en solicitar.
Por el contrario, la experiencia demuestra que la petrolera estatal es “un barril sin fondo”, remarca De la Torre.
Petro-Perú busca hacer caja con la explotación del lote X (Talara) al cual aspira a ingresar este año. Con esto alivia sus apuros financieros en el corto plazo, pero no resuelve sus problemas de fondo, señala Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE. (Foto: Andina).
En efecto, el economista ha contabilizado que la estatal ha recibido en los últimos cinco años ingresos por $7,112 millones en aportes de capital, préstamos y facilidades, mientras que, por otro lado, ha reportado egresos de $6,530 millones correspondientes al costo de la refinería (incluyendo intereses pre operativos).
“Eso quiere decir – señala - que Petro-Perú debería tener la diferencia de esos ingresos y egresos, US$582 millones, en caja”.
Sin embargo, De la Torre hace notar que la petrolera no solo no tiene ese dinero, sino que, además, ha reportado US$1.530 millones como déficit de capital de trabajo.
“Si el Gobierno le otorgase US$100 mil millones a Petro-Perú el día de hoy, en cien años más seguiría en la misma situación: quebrada”, añade otro especialista que quiso mantener el anonimato.
¿Qué hacer, entonces, con Petro-Perú?
SI NO HAY SALVATAJE, ¿QUÉ QUEDA?
Una propuesta esbozada por César Gutiérrez y Victor Gobitz consiste en llevar a Petro-Perú a un proceso de reestructuración ante Indecopi, como ocurriría con cualquier empresa privada en quiebra.
El economista Alejandro Indacochea propone que Petro-Perú ingrese a un proceso de restructuración en Indecopi pues se trata de una empresa quebrada. Los bonistas de la refinería, señala, deben liderar este movimiento.
Esto, debido a que la petrolera estatal se encuentra, efectivamente, quebrada, pues su deuda cuadriplica su patrimonio, lo cual significa que el Estado ya no es su dueño, refiere el economista Alejandro Indacochea.
Puestas así las cosas, los dueños de Petro-Perú son, ahora, “los trabajadores y los acreedores, vale decir, los poseedores de los bonos de Petroperú, entre los cuales se encuentran las AFPs”, apunta Indacochea.
En esa línea, el economista propone que sean los bonistas quienes asuman la tarea de conducir a la empresa hacia un proceso de reestructuración privada, pues son ellos “los verdaderos dueños de Petro-Perú, al haber perdido esta su capital”.
“Entonces, los bonistas verán si lo más adecuado es escindir la refinería de Talara y trabajarla por separado o venderla”, agrega.
Por el contrario, Fernando de La Torre sugiere una medida singular, cual es utilizar los US$2.550 millones que solicita Petro-Perú no en un nuevo rescate sino en recomprar su deuda con los bonistas, y en cancelar el préstamo de Cesce.
Esto, aprovechando la circunstancia de que los bonos emitidos por la empresa se han ido depreciando en los últimos años hasta convertirse prácticamente en ‘bonos basura’.
La mayoría de especialistas consultados por El Comercio plantea la venta o concesión de la nueva refinería de Talara, pues queda claro que el Estado no ha sabido gestionar este megaproyecto.
¿Y qué haría el Estado luego? De la Torre propone recapitalizar ese dinero ‘como acciones tipo ‘B’ y sacarlas luego a la venta, generando con esto “un modelo similar al de Ecopetrol o Petrobras”.
O, en última instancia, señala, el Estado puede disponer la venta de la empresa a un tercero, pero esta vez sin deudas, de manera tal que “los ciudadanos ya no pondremos un sol más en ese hueco sin fondo”.
La venta de Petro-Perú no sería, sin embargo, un negocio tan sencillo, debido a lo difícil que sería valorizar adecuadamente la empresa, sobre todo, en un contexto de interferencia política como la actual, anota un ex alto funcionario de la petrolera estatal.
Por este motivo, el experto se decanta por concesionar Petro-Perú, en línea con lo propuesto meses atrás por Anthony Laub, socio principal de LQG Energy & Mining Consulting.
Esto se lograría convocando a un operador especializado en gestión de refinerías, el cual se encargaría de “incrementar la eficiencia de la refinería de Talara a cambio de un feed de concesión y el compromiso de cancelar todas las deudas de la petrolera estatal”, detalla el experto..
Otra solución, la más práctica para Petro-Perú, es que aplique sin demora el plan de reestructuración elaborado por la consultora Arthur D. Little, el cual sigue sin ser conocido por la opinión pública a pesar de que fue aprobado por el directorio de la estatal en julio pasado.
¿Qué espera Petro-Perú para publicarlo?
