Contraloría pide información a Petro-Perú sobre póliza para la refinería de Talara

La Contraloría de la República ha cursado un oficio a Petro-Perú pidiendo información sobre una póliza emitida por Mapfre, bajo los auspicios del corredor de seguros Marsh, para asegurar el proyecto de modernización de la refinería de Talara.

Se trata de la póliza de seguros CAR/ALOP N° 2301810100089, contratada en 2017 para indemnizar a la petrolera estatal por retrasos en las obras auxiliares y trabajos complementarios, incluyendo los ocasionados por enfermedades infecciosas, como el COVID-19.

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El documento ha cobrado relevancia debido al ‘descubrimiento’, por parte de Petro-Perú, de una supuesta irregularidad que le impide ser indemnizada.

Según versión de la estatal, el exgerente de administración y finanzas, Eduardo Vásquez, descubrió “revisando en los archivos” que el reaseguro del riesgo pandemia no había sido contratado por Marsh, “lo cual explicaría la renuencia de Mapfre” a reconocer el siniestro ocasionado por el COVID-19.

Petro-Perú estima que el pago en favor suyo podría sumar US$480 millones, por daños de US$600 millones a US$800 millones, según estimación hecha por peritos especializados contratados a ese efecto.

El caso, cabe recordar, fue hecho público por el diario Correo semanas atrás, casi al mismo tiempo que el despido de Eduardo Vásquez, lo cual hizo sospechar una represalia de la administración de Petro-Perú en su contra.

Petro-Perú ha explicado, sin embargo, que el despido de Vásquez no guarda relación alguna con el ‘affaire’ de los seguros, sino con “sus múltiples y constantes inasistencias al centro de trabajo”.

Oficio de la Contraloría

El asunto ha despertado la atención de la Contraloría, que el pasado 25 de enero cursó el oficio 000041-2022-CG/MPROY al presidente de Petro-Perú, Mario Contreras, requiriendo información sobre la póliza CAR-ALOP.

Esto, en el marco del control concurrente que el organismo ejerce sobre el proyecto de modernización de la refinería de Talara, valorizado en más de US$6.000 millones.

“Al respecto, para el desarrollo del referido servicio de control, se solicita remitir la información, de acuerdo al detalle del anexo adjunto; debiendo ser remitida a esta entidad fiscalizadora superior (…) dentro del plazo de tres días hábiles de recibido el presente [es decir, hasta el 28 de enero]”, reza el oficio de la Contraloría.

Petro-Perú remarcó a este Diario que la póliza CAR-ALOP fue contratada en diciembre de 2017 por un periodo de tres años, lapso en el cual se produjo la pandemia COVID-19, generando retrasos en la construcción y otros sobrecostos (riesgo CAR).

Esto, en adición al lucro cesante asociado al retraso en el arranque de las unidades auxiliares (riesgo ALOP).

Añade que la irregularidad en la documentación no habría sido detectada por los auditores externos de Petro-Perú, designados por la Contraloría General de la República, para la revisión de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020.

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