Los hidrocarburos vuelven a estar en el centro del debate nacional debido al afán gobiernista por nacionalizar los recursos de petróleo y gas, lo que en el mejor de los casos implica “ponerlos al servicio de los peruanos” y no estatizarlos, según ha aclarado el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.
En esa línea, el Ejecutivo se ha propuesto reorganizar a Petro-Perú con el objetivo de que participe en todos los eslabones de la cadena del petróleo y el gas, además del transporte, refinación y distribución, donde ya desarrolla actividad.
¿Qué falta para concretar esta aspiración?
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De vuelta al upstream
Gustavo Navarro, exdirector general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), explica que para cumplir esta meta la estatal debe ingresar a los dos cabos de la cadena, donde hoy está ausente: la operación directa de grifos, pues “todos los que llevan el logotipo de Petro-Perú no son de su propiedad”, y la exploración y producción de hidrocarburos.
La petrolera estatal lo tiene bastante claro.
“La integración vertical de Petro-Perú se entiende como su reincorporación a las actividades de exploración y producción (‘upstream’)” mediante la suscripción de contratos de licencia “que evalúen las mejores alternativas económicas para reducir la exposición a riesgos”, explicó a Día1.
En esto, la estatal sigue las recomendaciones de un estudio presentado por Wood Mackenzie en el 2015, el cual evaluó diversas alternativas para fortalecer las finanzas de la empresa y “manejar de la mejor manera la nueva refinería de Talara”, recuerda Navarro.
El resultado de dicho estudio fue que Petro-Perú debía regresar al ‘upstream’, procurando su ingreso a los lotes I, III, IV y VI-VII, localizados en Talara y, especialmente, a los lotes 64 y 192, de la selva norte, los cuales aportarían el “flujo de caja más importante”.
Seis años después, la petrolera parece próxima a concretar este anhelo, a través de su inminente acceso a dos de dichos lotes.
Talara y la selva norte
Uno de ellos es el lote I (Graña y Montero), cuyo contrato expira el 26 de diciembre y donde Petro-Perú entrará como operador al día siguiente por un periodo de 22 meses.
De acuerdo con Perú-Petro, esto permitirá que la estatal abastezca a la refinería de Talara con petróleo de su propiedad, lo que representa “un hito importante en el proceso de integración vertical de la empresa”, según un comunicado de la entidad.
Para Carlos Gonzáles, especialista en hidrocarburos, se trata, sin embargo, de un evento sin la mayor relevancia porque los 500 barriles de producción diaria de petróleo del lote I “no representarán nada” frente a los 100 mil barriles diarios que necesitará la nueva refinería de Talara”.
“El mismo equipo de exploración y producción [de Petro-Perú] no quiere ese lote porque tiene baja rentabilidad, poca producción y problemas comunitarios”, advierte.
En efecto. El blanco, a ojos de la estatal, está en otros lotes de Piura: los numerados como VI-VII (Sapet), X (CNPC) y Z-2B (Savia), cuyos contratos expiran en el 2023 y el 2024.
Y, sobre todo, en el lote 192 (Loreto), cuya cesión a Petro-Perú en asociación con Altamesa Energy Canadá, depende de diversos factores: uno, la demora en la rúbrica del decreto supremo que autoriza la suscripción del contrato de licencia; y dos, la evaluación iniciada por el remozado directorio de Petro-Perú al proceso de selección de la petrolera canadiense, realizado por la anterior gestión.
El objetivo de la petrolera es iniciar actividades de explotación en este lote en el 2022. Y en los lotes de Talara más apetitosos a partir del 2023 y 2024. Sin embargo, esta aspiración tiene sus bemoles.
¿Y el know-how en explotación?
Uno es la recurrente inoperatividad del Oleoducto Norperuano, debido a atentados, desperfectos y asonadas populares, como la reciente captura de la Estación 5 por activistas indígenas que amenazan con incendiar la infraestructura.
Freddy Morales, presidente del Instituto de Gas y Petróleo (IGP), advierte que si el nuevo directorio de Petro-Perú no resuelve esta problemática será imposible evacuar el crudo del lote 192, con lo que Petro-Perú “podría desaparecer de la selva”.
“Esto significa que el oleoducto no podría abastecer de crudo pesado a la refinería de Talara [que arranca en abril del 2022], con lo que su inversión de aproximadamente US$6 mil millones, dedicada principalmente a procesar ese tipo de petróleo, no serviría para nada”, señala.
Otro desafío es si Petro-Perú tiene la capacidad técnica para operar y/o desarrollar dichos lotes, tras un cuarto de siglo alejada del ‘upstream’. El caso del lote I es particular, pues implica su ingreso como operador, según ha indicado Perú-Petro (encargado de suscribir los contratos de licencia a nombre del Estado).
Al respecto, Anthony Laub, socio de Laub & Quijandría, tiene claro que Petro-Perú no está preparado para desempeñar este encargo debido a que ha perdido el conocimiento de cómo operar campos petroleros y realizar la gestión comercial de los mismos.
“La pregunta es: ¿Vamos a dejar que una empresa sin ese ‘know-ho’w, maneje lotes? Si ya tiene problemas para operar el oleoducto y sacar adelante la refinería de Talara, ¿qué nos hace pensar que podrá reaccionar correctamente ante este nuevo proyecto?”, inquiere.
Navarro anota, sin embargo, que no sería necesario que Petro-Perú despliegue un equipo afiatado de exploración y producción, pues podría simplemente absorber al personal que ya trabaja en el lote I, a cargo de Unna Energía (otrora Graña y Montero).
De hecho, Víctor Sanz, exgerente de exploraciones de Petro-Perú, recuerda que esta empresa se formó de esa misma manera en 1969: absorbiendo a los geólogos e ingenieros de la International Petroleum Company (IPC) y la Empresa Petrolera Fiscal.
“Por eso, Petro-Perú no tuvo problemas para explorar y producir petróleo porque tenía gente y organización, que es lo que le falta ahora”, señala.
De acuerdo a Carlos Gonzáles, hay 3.000 trabajadores en los lotes con contratos próximos a vencer en Talara. ¿Su destino será ser recontratados por Petro-Perú o liquidados? “Ese es - señala - un problema que el Gobierno deberá resolver”.
Otros proyectos de Petro-Perú
El reingreso de Petro-Peru al upstream de hidrocarburos es la aventura más desafiante de la estatal, junto con la construcción de la nueva refinería de Talara. Pero no es la única.
En línea con su estrategia de evolucionar hacia una empresa de energía, también contempla el desarrollo de energías renovables no convencionales (RER). A ese fin, la empresa “viene diseñando un plan de cinco años para implementar energía fotovoltaica y eólica en algunas de sus operaciones”, señaló Mario Contreras, presidente de Petro-Perú en el congreso Perú Energía Bicentenario.
Adicionalmente, la estatal aguarda el encargo del Minem para masificar el gas natural en la sierra central, en el área que en su momento constituyó el proyecto Siete Regiones.
Anthony Laub considera todo esto difícil de realizar de manera conveniente, sobre todo, el manejo de centrales solares y eólicos, que son un “negocio más complejo que la operación de campos petroleros”, pues necesitan un “know-how que no existe en Petro-Perú”.
“Mi posición es clara: Petro-Perú no sólo adolece de capacidad técnica y económica, sino también de gobierno corporativo, que la haga responsable de sus actos frente al público en general”, señala.
Álvaro Ríos, ex ministro de hidrocarburos de Bolivia, advierte que esto se resolvería blindando a Petro-Perú del poder político de turno a través de la conformación de un directorio mixto, seleccionado a través de una búsqueda intensiva en el sector empresarial.
“Si Petro-Perú toma ese camino, bienvenidos los nuevos proyectos en el upstream y el downstream. Pero si se convierte en una agencia de subsidios, se permite el ingreso de personal no calificado y se convierte en una empresa política, que en paz descanse”, anota.
Precisamente, para fortalecer a Petro-Perú frente a estos retos, el Gobierno inició semanas atrás la reorganización de la empresa con la remoción de todo su directorio y 19 gerentes de línea. ¿Cumplen estos los criterios recomendados por los especialistas?
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