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Los vientos de guerra provenientes de Ucrania comienzan a azotar nuestra atribulada economía, impactada previamente por la pandemia de COVID-19 y por la crisis energética mundial del 2021. El pasado 7 de marzo, mientras los misiles rusos caían sobre Kiev – capital de Ucrania – el precio del barril de petróleo en Europa (Brent) rompía la barrera de US$120 por vez primera en los últimos catorce años, colocándose por varias horas en US$123,21.
Tres días después, Petro-Perú anunciaba que, “como consecuencia del conflicto armado”, se veía precisada a incrementar hasta en un 13% los precios de todos los combustibles líquidos, con excepción del GLP envasado y el diésel, productos que gozan de la protección del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
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Se trataría, sin embargo, de una actualización que no recoge los últimos incrementos en la cotización internacional del petróleo, razón por la cual cabría esperar “un alza adicional durante los próximos días”, apunta el experto en energía César Gutiérrez.
Y esta misma situación se volvería a repetir en las semanas siguientes, mientras se prolonga la guerra en Eurasia.
INCREMENTO BRUTAL
Esto significa un nuevo dolor de cabeza para los consumidores de combustibles líquidos, quienes ya han tenido que pagar 20% más por las gasolinas entre febrero del 2020 y febrero del 2021, esto es, “antes de que se produjera el efecto de Ucrania”, precisa Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores y exministro de Economía y Finanzas.
El panorama para el 2022 se mira más desolador.
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La crisis energética ocasionada por la guerra en Europa puede convertirse en un gran problema para el Gobierno, más grande que los intentos de vacancia de la oposición.
“En el peor de los escenarios, los analistas y los bancos de inversión proyectan que el precio del barril de petróleo llegaría a US$200. Esto, comparado con el precio promedio del 2021, que fue de US$70, representa un incremento brutal”, anota el economista.
Aún con un precio del crudo a US$100 o US$110, sin embargo, el Perú no lo pasaría nada bien.
“La primera reflexión que hice cuando el precio del petróleo empezó a subir fue que los países exportadores de petróleo estarán felices pero los importadores van a llorar”, comenta Carlos Gonzales, especialista en gas y petróleo.
Tal es el caso del Perú. Gustavo Navarro, exdirector general de hidrocarburos, refiere que nuestro país gasta cada vez más dinero en importar hidrocarburos líquidos para atender la demanda interna de combustibles líquidos, la cual crece continuamente mientras que la oferta local se contrae (Ver Gráfico).
Es así que, al día de hoy, el Gobierno destina diariamente cerca de US$16 millones para importar los 160 mil barriles/día que se necesitan para cubrir la demanda local, ascendente a 250 mil barriles. Hablamos de la friolera de US$5.840 millones al año (al precio de US$100 el barril).
“Entonces, el efecto sobre la balanza comercial es bastante fuerte”, señala Navarro. Pero eso no es lo más grave.
SHOCK EXTERNO
Miguel Castilla indica que el principal impacto de la guerra en Ucrania sobre la economía nacional será el empeoramiento del costo de vida.
“Acordémonos de que cerca del 50% de la canasta básica está conformada por combustibles y alimentos, y que el precio de los alimentos está bastante correlacionado con el de los combustibles”, señala.
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Mientras el precio del crudo sube en el mundo, la producción de petróleo se reduce y colapsa en Perú.
Esta es la razón, explica, por la que el Banco Central de Reserva (BCRP) ha modificado sus proyecciones de inflación para el 2022, desde 3,7% hasta un promedio de 4%, “con tendencia al alza”.
De hecho, el presidente del ente monetario, Julio Velarde, comentó días atrás a El Comercio que la prolongación del conflicto en Ucrania haría difícil para el país llegar al rango meta de inflación de entre 1% y 3%.
Especial atención merece, en ese sentido, el aumento de los precios de los cereales (Rusia es uno de los graneros del mundo) y de la urea, fertilizante cuya cotización ya se había triplicado en el 2021 y que ahora está anotando “un aumento adicional de 46%”, apunta Gutiérrez.
A su entender, esto impactará fuertemente en la economía del pequeño agricultor peruano y, por extensión, también en la canasta familiar de los hogares más pobres.
“Como resultado, se renovarán las protestas de los trabajadores agroindustriales, donde el salario es cercano al mínimo. Mientras que en el sector público los trabajadores van a pedir aumentos. Se vienen muchas negociaciones colectivas”, sostiene.
Por si fuera poco, Castilla advierte un impacto adicional: el incremento desmesurado de los aportes del fisco al FEPC para mantener bajos los precios del diésel y el balón de gas.
Según sus cálculos, el vertiginoso aumento del precio de los combustibles creará un forado enorme de S/.2.000 millones a S/2.500 millones, solamente en el 2022, una cifra que “no estaba prevista” en el presupuesto nacional.
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El MEF estima que por cada US$1 de aumento en el precio del crudo, la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) se incrementa en US$18 millones. (Foto: Difusión)
“Esto quiere decir que podríamos estar entrando en una situación de shock externo muy fuerte que, si bien puede ser compensada con el alza en el precio del oro y otros ‘commodities’ [como el cobre], tendrá de todas formas un impacto inflacionario y fiscal directo”, anota.
¿Qué puede hacer el Gobierno frente a esto?
MEDIDAS DE CONTENCIÓN
Gustavo Navarro ve posible aliviar el alza en los precios de los combustibles devolviendo al público parte de la recaudación que el fisco obtiene en exceso por la comercialización de combustibles en el territorio nacional.
En el caso de las gasolinas, esto significa hasta el 26% de lo que paga el consumidor: 8% por concepto de impuesto al rodaje y 18% por Impuesto General a las Ventas (IGV).
“Esto lo puede hacer el Ministerio de Economía y Finanzas con un decreto supremo, sin perder ingresos fiscales”, señala el especialista.
En paralelo, Castilla aconseja vigorizar la fiscalización que habitualmente realiza Osinergmin, a fin de evitar el acaparamiento y la especulación de combustibles. Y, al mismo tiempo, focalizar el FEPC lo mas posible para evitar un mayor despilfarro de los recursos del Estado.
Queda en el tintero, sin embargo, la estrategia que podría redituar más resultados: la masificación del gas natural de Camisea (lote 88), el único combustible que no sube de precio, y que hoy atenúa el impacto del encarecimiento de los demás hidrocarburos líquidos, gracias a su empleo en el transporte público (taxis y buses), el sector residencial y la industria eléctrica.
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El incremento de los precios de los combustibles, los alimentos y los fertilizantes podría reavivar demandas sociales, especialmente, en el agro.
“La crisis energética ha hecho recuperar el protagonismo del gas natural, y eso debería ser capitalizado para relanzar el gasoducto surperuano y potencial el desarrollo del lote 58″, señala Augusto Astorga, socio de Oil & Gas del estudio CMS Grau.
Lamentablemente para el país, el Gobierno ha hecho muy poco por la masificación del gas natural en los últimos ocho meses, pese a que este hidrocarburo ha sido perennemente mencionado por el mandatario en la mayoría de sus discursos y arengas a la población.
Ahora, con la crisis de Ucrania golpeando nuestra puerta, la ausencia de este combustible en el centro y sur del país se hará notar con más fuerza.
Para muchos especialistas, esta será la gran prueba de fuego del Gobierno. “El incremento de los precios de los combustibles será más problemático que las acusaciones de corrupción o la vacancia presidencial, porque generará un descontento ciudadano mayúsculo, que el Ejecutivo no está viendo”, apunta Gutiérrez. ¿Será así?
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