El sistema de promoción de la inversión privada en el Perú es un paciente que ingresó a cuidados intensivos desde el 2015. Desde entonces le han cambiado el diagnóstico y el tratamiento en múltiples ocasiones, pero sin éxito.
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Para muestra, un breve recuento. Entre el 2011 y el 2017 se adjudicaron proyectos de asociación público privada (APP) por un total de US$20.600 millones de inversión estimada (excluyendo proyectos en activos), de los cuales el 58% se encontraba en operación parcial, con problemas o cancelados para finales del 2019.
Por cierto, ya en el 2014 se adjudicaron más de US$9.900 millones en proyectos. Sin embargo, casi US$9.600 millones no cumplieron su objetivo (por ejemplo, la Línea 2 del Metro de Lima, el Aeropuerto de Chinchero, el Gasoducto Sur Peruano y la Línea de Transmisión Moyobamba – Iquitos).
Estos son los motivos que llevaron al paciente a cuidados intensivos. Como decíamos, el tratamiento ha sido parcial e inconstante. Lo que el sistema requiere, entonces, es una verdadera reforma en todos sus niveles.
CAMBIOS ESTRUCTURALES
¿Por dónde comenzar esa reforma? Primero, a nivel institucional. Hay que empoderar realmente a ProInversión para que pueda realizar su función. La labor de esta entidad es transversal a todos los sectores de la economía y en muchos casos requiere “empujar” a autoridades en diversos niveles para que las cosas pasen. Al igual que la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), su labor involucra la interacción con diversos ministerios y gobiernos subnacionales, entonces lo lógico es que, como ocurre con la ARCC, ProInversión dependa directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y pueda participar de los consejos de ministros, a fin de coordinar efectivamente la responsabilidad de los sectores.
Luego, a nivel normativo. Son varias las tareas en este ítem. [1] En un plazo de un año solo permitir que aquellos ministerios que cuenten con un PMO puedan encargar proyectos a ProInversión (para asegurar calidad y eficacia). [2] Excluir las APP Cofinanciadas de la directiva del Invierte.Pe (esto ya está previsto en la ley). Y [3] Exigir el cumplimiento de los cronogramas de las Iniciativas Privadas Cofinanciadas a los proponentes privados.
Además, es necesario: [4] Restringir de manera más clara y taxativa el alcance de las opiniones que dan los diversos participantes de los procesos de APP (ministerios, reguladores y Contraloría). El MEF debería opinar solo sobre capacidad presupuestal. [5] Crear un instrumento de control que permita a la Contraloría revisar y cerrar etapas durante el proceso de formulación y estructuración de los proyectos. Y [6] Restringir los cambios que los ministerios pueden hacer a los proyectos una vez encargados. En caso de modificaciones que generen un impacto en plazo o monto, estos deberían ser aprobados por el Consejo Directivo de ProInversión, de modo que haya ‘ownership’ de los ministerios con los cambios solicitados.
En paralelo: [7] Regular los plazos de los ministerios para aprobar Estudios Definitivos de Ingeniería (EDI), que son el paso previo al inicio de construcción. Sorprendentemente, la mayor demora entre la firma del contrato y el inicio de obra suele ser la aprobación de los EDI. [8] Generar un plan de incentivos fiscales para las municipalidades en la atención oportuna y transparente de las solicitudes de licencias y autorizaciones. Y [9] Crear una ventanilla única que se encargue de todos estos trámites y facilite el proceso para el concesionario.
UN MODELO MATRICIAL PARA PROINVERSIÓN
Finalmente, a nivel operativo. Sin duda, terminar la reforma de ProInversión que se inició en el 2017 es necesario. Una estructura matricial parecida a la de los bancos de inversión genera mayores eficiencias y enfoque. Sin embargo, la labor que realiza ProInversión apoyando a los gobiernos subnacionales, sobre todo en la promoción de Obras por Impuestos, es vital, difícilmente transferible y no desenfoca a ProInversión, pues cuenta para ello con un equipo especializado.
Estas propuestas, que fueron hechas en su momento, requieren que las autoridades que hoy ejercen algún tipo de poder sobre ProInversión renuncien al mismo y acepten un mayor control y seguimiento sobre sus propias gestiones.
(Alberto Ñecco ha sido director ejecutivo de ProInversión).
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