Pruebas de COVID-19: ¿Vale regular el precio? ¿Quién debe asumir el costo, el Estado o los privados?

Un examen que está en el corazón de la estrategia de contención de la pandemia, en el Perú y en el mundo. Y lo seguirá estando, en tanto la enfermedad no encuentre ni cura ni vacuna, soluciones que la ciencia promete desarrollar antes de fin de año, o en dos o diez años, según los pronósticos más y menos optimistas.

Dicho tamizaje no solo resulta clave para determinar el factor R de transmisión de contagio, explica Flor de María Philips, directora del MBA Salud de la UPC; también permite rastrear y reducir oportunamente las potenciales olas de contagio, según concluye la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un análisis de las políticas implementadas para enfrentar el coronavirus y el levantamiento de la cuarentena a nivel global.

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Pero, de ser un asunto público, gestionado casi de manera exclusiva por el Estado, con la reactivación económica y la necesidad de que las empresas implementen protocolos sanitarios para ello, la provisión de los ‘test’ se ha extendido a la cancha del sector privado.

Así, Digemid comenzó el pasado 23 de abril a autorizar la importación de dicha tecnología a droguerías con la finalidad de que abastezcan a instituciones prestadoras de servicios de salud (Ipress), laboratorios y, recientemente, a empresas de manera directa.

La medida fue implementada en medio de la escasez de pruebas en el país –reflejo de las restricciones de abastecimiento mundial–, una situación que generó (y estaría generando), en un contexto de creciente demanda, especulación de precios, según advierten fuentes consultadas para este artículo.

Día1 sondeó los precios de los ‘test’ en diversas clínicas de Lima y observó que el costo de la prueba rápida o serológica (que detecta los anticuerpos que se generan a partir del quinto o sexto día de contagio) para un paciente particular parte de los S/100, mientras que la molecular (que detecta el virus en el cuerpo) desde S/450. Este rango no considera el servicio de toma de la prueba, cuyos implementos (como guantes y mascarillas) también escasean a nivel global.

En las compañías aseguradoras –que en general cubren la detección en pacientes sintomáticos en la mayoría de sus planes–, el precio lo definen las clínicas en las que se atienden sus afiliados, refieren Rímac, Pacífico y La Positiva. Al respecto, esta última puntualiza que cuestan S/100, S/150 y S/350, a los que se aplica un copago.

En laboratorios autorizados, las rápidas cuestan desde S/158,5 y las moleculares S/400, según el portal especializado saludconlupa.com.

Como se observa en la infografía, estos precios son mayores a los adquiridos por el Estado en grandes lotes.

¿REGULAR EL PRECIO?

En general, entre las fuentes públicas (Minsa y Susalud) y privadas consultadas existe consenso. Regular los precios de las pruebas no solo no es viable constitucionalmente, considerando que el Perú se rige por una economía de libre mercado, sino que hacerlo sería contraproducente, pues daría pie al mercado negro y alejaría los productos de calidad.

Pero el debate no se agota ahí. En efecto, según explica Maritza Reátegui, líder de LifeScience del estudio Rodrigo, Elías & Medrano, tras la publicación del DU 059-2020 el pasado 21 de mayo, los establecimientos farmacéuticos (entre ellos, las droguerías) deberán reportar al Minsa los stocks y precios no solo de medicamentos, sino también de pruebas rápidas y moleculares. Así lo define en una lista la RM 314-2020.

Esta medida permitirá conocer cuántas pruebas se colocan en el mercado, un dato que el Minsa conocía hasta ahora a través de los resultados que los laboratorios envían a los sistemas Siscovid (rápidas) y Ntelab (moleculares), aunque la entidad estatal no precisó si todos los laboratorios los reportan.

Para Gonzalo Van Oordt, gerente general de Synlab, los laboratorios no buscan esconder sus precios. “La gente puede llamar y tomar una decisión”, afirma.

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Sin embargo, el médico y profesor principal de la Universidad Cayetano Heredia, Ernesto Gozzer, no descarta la posibilidad de regular los precios en un contexto de pandemia. A priori subraya que el Estado debería garantizar que las pruebas provengan de países de alta vigilancia sanitaria, como los europeos, EE.UU., Japón y Corea para asegurar su calidad. Al respecto, vale destacar la poca credibilidad que generan las pruebas rápidas, sobre todo en la comunidad médica.

Para Víctor Alfaro, gerente general de Sistemas Analíticos, regular el precio no es una posibilidad, pero sí debería diferenciar la calidad, lo que ayudaría a reducir la especulación. En tanto, Giancarlo Sanguinetti, CEO de Unilabs, afirma que lo que está en cuestión es la ética empresarial.

¿QUIÉN ASUME LAS PRUEBAS?

Aunado a ello, existen cuestionamientos sobre si es el Estado o la empresa quien debe asumir el costo de los ‘test’ de cara a la reactivación.

Para el doctor en salud pública Omar Neyra, Essalud debería asumir ambas cargas, considerando el aporte obligatorio que realizan las empresas. En ese sentido, pone en duda el impacto de contención que pueda tener la medida, pues solo alcanza a empleados en relación de dependencia.

De su lado, Fernando Camell, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP), advierte limitaciones en el modo de funcionamiento del Estado para que asuma el costo de las pruebas de los privados. No obstante, propone que el sector público las compre a precios competitivos y las revenda a los microempresarios. Como Neyra, considera que el acceso a los dispositivos desalienta el reinicio de actividades en las mipymes.

En tanto, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, sostiene que no han evaluado dicha arista. “Lo urgente era rápidamente y sobre la marcha establecer los protocolos y prácticas que nos permitan salvaguardar la integridad física de los trabajadores y las comunidades”, afirma.

Día1 consultó a Essalud su punto de vista pero no obtuvimos respuesta. Una fuente de la entidad se limitó a explicar que las pruebas las reciben del Minsa y que están a cargo del empleador, según los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores dcon riesgo de exposición a COVID-19.

El debate podría recién estar comenzando, luego de que el lunes pasado (ver infografía) el Gobierno comprara más de 3,4 millones de pruebas, lo que duplicará la oferta en el sistema público. ¿Y en el privado?

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

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