Sunat: "Con mis exoneraciones no te metas", por Gonzalo Carranza

Existe un amplio consenso en que se deben eliminar -o “racionalizar”, un término menos doloroso- las exoneraciones tributarias que restan cada año más de un punto del PBI a la recaudación del Estado. Consenso que, por supuesto, se acaba cuando uno le pregunta a un sector beneficiado si su exoneración debería estar entre las eliminadas. Allí -como mostramos ayer en el artículo principal de la sección Economía de El Comercio- comienza a aflorar todo tipo de argumentos para sustentar el carácter excepcional de la actividad o región favorecida.

Si de verdad el Ejecutivo quiere comenzar a evaluar una reforma del marco tributario, debe ser muy consciente de que le tocará pasar del aparente consenso general al intenso debate particular. Nada más poderoso que el derecho adquirido para dar una durísima pelea y movilizar presión social o política a la primera amenaza. 

Por ello, en esta luna de miel, bien haría el gobierno de Martín Vizcarra en lanzar un nuevo pacto fiscal, en lugar de medidas aisladas.

Las exoneraciones deberían ser un punto central de esa reforma, caiga quien caiga. Pero se pueden incluir más objetivos. Por ejemplo, aumentar la competitividad de las tasas de renta corporativa, un ámbito donde no se puede descartar que los cambios tributarios impulsados en EE.UU. por Donald Trump lleven eventualmente a una guerra de tasas internacional que nos dejaría en claro offside. Asimismo, se puede evaluar incluir más personas a la base del impuesto a la renta, al que una amplia porción de la clase media está inafecta por el alto nivel relativo de la deducción inicial. Y, en el ánimo simplificador, solo los impuestos selectivos deberían utilizarse como incentivos para determinadas conductas, en lugar de utilizar el arsenal tributario para ejercicios de ingeniería social.

La reforma fiscal también debe incluir al gasto. Al “gasto superfluo”, del que habla este gobierno con insistencia, pero también al gasto sobre el que suele decidirse en piloto automático y sobre el que rondan cúpulas e intereses creados. En lugar de ahondar la falsa dicotomía entre gasto corriente y gasto de capital, conviene crear conciencia de que el mejor gasto es el que se desarrolla con herramientas modernas de presupuesto y ejecución, y con mediciones de calidad e impacto. 

Una reforma así provocará decenas de reclamos. Por ello, aunque su diseño recaiga en los técnicos del MEF, su soporte debe ser político, con un compromiso serio del fujimorismo. Si su legítima ambición es recibir la banda presidencial en el 2021, a dicho sector le conviene más que a nadie comenzar a enderezar las cuentas del fisco.