Telecomunicaciones en el Perú: ¿Cómo generar un impacto que alcance los US$15 mil millones?

La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la significativa importancia que tiene la conectividad, el acceso a Internet y las comunicaciones en general, para dar continuidad a las actividades productivas y recreativas.

Clases y educación virtual, informarse del estado de las cosas, chequeos de salud, aprendizaje y desarrollo de nuevas habilidades, comercio electrónico, comunicación con los seres queridos, son solo algunos ejemplos de las cuestiones que recobraron importancia en el aislamiento y que dejaron descubierto qué tan bien se están haciendo los deberes desde los poderes del Estado y los privados para brindar conectividad.

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Como experto internacional vengo siguiendo con mucha atención las políticas de promoción al despliegue de infraestructura en todo América Latina. Del Perú siempre me llamó la atención el quiebre que tuvo en el crecimiento de servicios móviles, que trajeron acceso a Internet a principios de la década pasada.

A finales del 2012, el país tenía alrededor de 5.000 estaciones de base. Eso era muy poco para soportar las demandas de tráfico y la necesidad de expandir la cobertura a zonas remotas de aquél entonces. Desde allí, todos, desde el Ejecutivo, el regulador y el sector privado, comenzaron a hablar abiertamente del déficit de antenas que tenía el país.

Yo no conocía otro país que presentara el desafío de la misma manera. Desde entonces se sucedieron campañas de educación sobre antenas, leyes y reglamentaciones que promovieron el silencio positivo y la aprobación automática de permisos, ránkings de municipios. Todo esto llevó, con mucho esfuerzo, y con marchas y contramarchas (y también disputas para aplicar las leyes), a tener importantes avances que permitieron multiplicar mas de 3 veces el parque de antenas. A finales del 2019 se contaban 22.766 antenas. Ningún otro país de la región creció tanto en tan poco tiempo. Sin embargo, todo eso todavía sigue sin ser suficiente ni para las necesidades del presente ni para el futuro.

EL VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES

La quema de antenas y el secuestro ocurrido a principios de junio de personal técnico ha alertado a las autoridades y el sector privado acerca de la importancia de seguir trabajando en la educación y la comunicación sobre el valor que tienen para el desarrollo económico y lo infundados que son los temores sobre sus efectos sobre la salud. No es posible relajarse al respecto, menos ahora donde acucian las necesidades de estar conectado para dar adaptar y dar continuidad a las actividades de la población.

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) se ha mostrado muy activo durante la crisis del COVID-19 con todo tipo de medidas: articulando con las autoridades locales para evitar conflictos, realizando y publicando mediciones de las radiaciones, asignando temporalmente frecuencias a las empresas móviles. Sin embargo, su accionar ha sido confuso respecto de los proveedores de infraestructura pasiva (PIP), que hoy son un jugador cada vez mas importante dentro del mundo móvil, realizando inversiones y que poseen más del 50% del parque de antenas de América Latina.

MEDIDAS CONTRADICTORIAS

En primer lugar, las PIP quedaron excluidas entre las actividades habilitadas para reanudar su actividad económica, según el Decreto Legislativo 1477 del 8 de mayo (que tenía el objetivo de establecer un régimen temporal para la facilitación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, frente a la emergencia sanitaria). Estas empresas recién pudieron reanudar su actividad el 4 de junio, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que dio inicio a la Fase 2 de la reactivación económica.

En segundo lugar, otro Decreto Legislativo, el 1478, le dio la atribución al MTC de normar y regular el acceso y/o uso compartido de la infraestructura activa de telecomunicaciones, con la finalidad de garantizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones durante la emergencia sanitaria. Esto en la práctica representa dotar de nuevas competencias al MTC y agregar una capa regulatoria con efecto permanente que llega hasta “aprobar contratos y emitir mandatos de uso compartido de infraestructura activa” a empresas que, en la práctica, no brindan servicios de telecomunicaciones, sino que proveen los espacios físicos y técnicos para que estos se desarrollen.

Ambas medidas han sido contradictorias para el sector de empresas PIP y también frente a todos los otros esfuerzos que viene haciendo el MTC y el Gobierno en general para promover inversiones tan vitales en infraestructura de conectividad, que necesitan urgentemente todos los peruanos en esta crisis.

IMPACTO ECONÓMICO

En un estudio que realicé en a finales de 2019 junto con el Profesor Raúl Katz, estimaba que el Perú iba a necesitar 56.000 estaciones de base para el 2025 y 77.000 para el 2030, lo cual significaba multiplicar por 3,7 veces el parque de instalaciones de finales del 2018.

Para que 5G pueda desplegarse y desarrollar los beneficios sobre toda la actividad económica que vienen consigo, será crítico el despliegue de celdas pequeñas para la nueva digitalización de la producción. Así, con soluciones de automatización industrial y aplicaciones de baja latencia, junto con el Internet de las cosas, se puede provocar un impacto económico de entre US$10.000 y US$15.000 millones hasta el 2030.

Solo con ver la dinámica del 5G en los países desarrollados, que han comenzado su despliegue, notaremos que el rol de los PIP va a ser cada vez mas importante y sin dudas el más dinámico para proveer los desafiantes servicios de conectividad y cobertura que se requieren a futuro.

[Sebastián Cabello es CEO de SmC + Digital Public Affairs].

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