Otra del Congreso: pone en riesgo el proyecto Siete Regiones y la inversión en petróleo

Y otro tanto ocurrió con las empresas de petróleo y gas, que quedaron en vilo tras la decisión adoptada por los integrantes de la Comisión de Fiscalización, de desconocer los contratos de tres proyectos de hidrocarburos firmados en los últimos treinta días.

Nos referimos al contrato de ampliación del lote 31-C (Ucayali), pieza fundamental en el proyecto de masificación del gas natural Siete Regiones, manejado por ProInversión.

Y a los contratos de los lotes Z-67 y Z-68 (mar de Ancash), adjudicados a Tullow Oil tras un largo proceso de socialización iniciado en el 2019.

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Todos ellos fueron suscritos entre el 6 de junio y el 3 de julio, es decir, en pleno periodo de cuarentena, motivo suficiente para que los congresistas exigieran su derogatoria.

“No estamos de acuerdo con lo que (Perú-Petro y el Minem) vienen realizando, porque han emitido dos decretos supremos entre gallos y medianoche, sorprendiéndonos a todos los ancashinos en medio de la pandemia”, señaló el congresista por Áncash, Jhosept Pérez Mimbela (Alianza para el Progreso), refiriéndose a los contratos otorgados a Tullow.

Por su lado, el congresista por Ucayali, César Gonzalés Huamán (Somos Perú), exigió que se retire a este departamento del proyecto Siete Regiones o “ocurrirá una lucha social”.

“No me pesará la mano para denunciar penal y constitucionalmente a la ministra de Energía y Minas (Susana Vilca), al presidente de Perú-Petro (Seferino Yesquén) y al presidente de la República, Martín Vizcarra”, dijo.

¿A qué se debe esta oposición? ¿Y por qué puede ser dañina para el país?

EL CONTRATO DEL LOTE 31-C

Los congresistas César Gonzales y Nelly Huamaní (Frepap), vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, exigieron la derogatoria del contrato de ampliación del lote 31-C por considerar que hubo apresuramiento en su suscripción e irregularidades en su otorgamiento.

Por el contrario, para Perú-Petro y el Minem está claro que no hubo apresuramiento, porque el proceso demoró más de dos años, hasta su socialización por la poblacion pucallpina.

Señalan, también, que no hubo irregularidades, por cuanto se siguió con lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Dicha norma faculta al operador, en este caso, Aguaytía Energy (Kallpa Generación), a seguir operando el lote por diez años adicionales, hasta completar los 40, según corresponde a los contratos de gas natural.

A cambio, la empresa se comprometió a realizar inversiones en horizontes profundos, que “son las únicas zonas con posibilidades de encontrar más gas”, explica Seferino Yesquén, presidente de Perú-Petro.

Además, el contrato incluye una cláusula anticorrupción y la obligación de suministrar 2 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas para la masificación de este hidrocarburo en Ucayali.

Francisco Antonio Pezo, gobernador regional de Ucayali, refiere que este fue uno de los beneficios obtenidos en la mesa técnica multisectorial de lote 31-C, que congregó durante varios meses a todos los stakeholders del proyecto, incluyendo el Frente de Defensa de Ucayali.

“Allí conseguimos que Aguaytía nos diera 2 mmpcd, en vez de 1 mmpcd de gas. Y podemos obtener más, porque también necesitamos este recurso para la industria y el transporte”, refiere el gobernante.

De hecho, Yesquén señala que la empresa se ha comprometido a explorar y perforar un pozo exploratorio, el cual, de ser exitoso, aumentaría las reservas de gas natural en la región.

Para Ucayali, la posibilidad de obtener gas natural barato es una prioridad, porque actualmente solo puede acceder al gas licuado, que “cuesta más caro que en Lima”, refiere Pezo.

EL PROYECTO SIETE REGIONES

Cabe recordar que el lote 31-C es la única fuente de gas natural de Ucayali y la segunda en todo el centro y sur después de Camisea (Cusco).

Su desarrollo está ligado al proyecto Siete Regiones, que el Gobierno relanzó la semana pasada y que estima adjudicar en octubre con una inversión de US$200 millones.

Para la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, está fuera de cuestión que el proyecto se cancele, así lo deseen los congresistas por Ucayali.

“El proyecto ya está encaminado. Si Ucayali no lo quiere, el resto de las regiones sí. Lo piden porque necesitan el gas natural”, señala.

De acuerdo a Pezo, el pueblo ucayalino sí quiere el proyecto, contrariamente a los deseos de unos cuantos congresistas con “aspiraciones políticas”.

Prueba de ello es que fue el pueblo de Ucayali el que, en su momento, exigió su incorporación al proyecto Siete Regiones cuando este solamente abarcaba seis departamentos.

“Se viene una terrible crisis económica, y en esta coyuntura el gas y el petróleo de la amazonia son los únicos recursos que pueden ayudarnos. Si tenemos esta riqueza, debemos ponerla en valor porque no nos sirve en el subsuelo”, anota Pezo.

LOS LOTES DE TULLOW OIL

Del mismo modo, los congresistas por Áncash anunciaron el miércoles que pedirán la derogatoria de los contratos de los lotes Z-67 y Z-68, que el Gobierno otorgó a la petrolera Tullow Oil por segunda vez.

Cabe recordar que ambos contratos fueron adjudicados por vez primera en las postrimerías del gobierno de PPK (marzo de 2018), con tan mala fortuna que fueron cancelados dos meses después.

Como entonces, los pescadores norteños y el Congreso vuelven a exigir su derogatoria.

Las razones, según los congresistas Joseph Pérez Mimbela y Maria Isabel Bartolo, es que ambos fueron adjudicados entre gallos y medianoche, burlando a los ancashinos y saltando la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

“Perú-Petro dice que llevó a cabo procesos de participación ciudadana y ha emitido un documento donde sorprende a todos porque está asumiendo que las charlas informativas son una aprobación y eso es falso”, señala Pérez Mimbela.

Agrega que Perú-Petro solo pudo reunir a una pequeña población de Casma, Santa y Huarmey, incurriendo en una simulación del proceso del requisito de participación ciudadana, que “aparejaría la derogatoria de los decretos supremos que aprueban los contratos”.

Por el contrario, Perú-Petro sostiene que mantuvo reuniones informativas durante cinco meses con todos los grupos de interés de la franja costera, registrando la participación de más de 1,000 pobladores.

“Hubo eventos presenciales de participación ciudadana en las localidades de: Huarmey, Culebras, Casma, Comandante Noel, Samanco, Nuevo Chimbote, Chimbote, Coishco y Santa”, señaló en nota de prensa.

Para Pérez Mimbela, sin embargo, está demostrado que el Perú no tiene una estrategia para controlar derrames de petróleo, por lo que pedirá la derogatoria de los contratos antes de reunirse con el premier, Vicente Zeballos, y el presidente Martín Vizcarra.

Agregó que cuenta con el apoyo del alcalde provincial de Santa, Roberto Briceño, y otras autoridades locales.

El sector hidrocarburos tiene bastante claro que si los contratos otorgados a Tullow en Áncash se anulan, ninguna otra empresa internacional vendrá a invertir en el país, al menos, hasta que la institucionalidad vuelva a su cauce.