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En marzo, el Gobierno dictó algunas medidas con el fin de aliviar la economía de los peruanos, dado el incremento de los precios de los combustibles a escala internacional, lo que terminó impactando también el escenario local. Es así que desde abril se incluyeron en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) a la gasolina de 84 y 90 octanos, al gasohol de 90, al diésel de uso vehicular y el gas licuado de petróleo (GLP) a granel. Además, elevó de S/20 a S/25 el vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), dirigido a aproximadamente 800.000 personas.
Estas dos disposiciones fueron ampliadas hasta diciembre, como lo establecen los decretos supremos emitidos por el Gobierno y publicados el último domingo. En el caso de la inclusión de combustibles al FEPC, es la segunda ocasión que se prorroga la medida: la primera extensión se dio en junio y se extendió hasta setiembre. Además, ambas medidas de ampliación están contempladas dentro del plan Impulso Perú del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), las transferencias económicas al FEPC entre enero y agosto alcanzaron los S/3.016 millones. Desde abril hasta agosto –meses en los que tuvo efecto la medida–, se destinaron S/2.606 millones.
Asimismo, en mayo, el entonces ministro de Economía, Óscar Graham, indicó que el costo de elevar el monto del vale FISE a S/25 era de S/30 millones (de abril a setiembre).
Además, según el plan Impulso Perú del MEF, la ampliación de estas dos medidas hasta diciembre implicarán un costo fiscal de S/1.518 millones (S/1.500 millones corresponden a la inclusión de gasolinas de bajo octanaje en el FEPC y S/18 millones para el alza del monto del vale FISE).
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Así, el gasto fiscal que realizará el Gobierno en ambas medidas superaría los S/4.154 millones durante el 2022.
Preocupaciones
Diego Rosales, economista de Macroconsult, consideró que no es pertinente mantener a las gasolinas y gasoholes de bajo octanaje en el FEPC, dado que los precios de los combustibles han estado disminuyendo. En el caso del GLP a granel (para industrias y vehículos), explicó que su presencia en el fondo de estabilización también responde a eliminar las diferencias de precios que podrían generarse con el GLP envasado (para hogares).
“El GLP envasado está en el fondo hace un buen tiempo, y una de las razones para incluir el GLP a granel era desaparecer esas diferencias que existían entre los precios del GLP en dos categorías diferentes, por más que el producto es el mismo”, acotó.
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Por su parte, el exministro de Economía Luis Miguel Castilla apuntó a que esta medida, cuando se aplicó, no necesariamente terminó de trasladar el beneficio al precio final para el consumidor.
En línea con ello, Víctor Fuentes, economista jefe del IPE, sostuvo que esta extensión no necesariamente terminará beneficiando a los hogares más vulnerables.
Respecto al aumento del vale FISE, Castilla consideró que, si bien es buena su prórroga, se debe hacer una mejor identificación de los beneficiarios.
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“Estos vales, si bien están focalizados, no están individualizados por DNI y lo que implica esto es que se puede producir un mercado negro, porque se le otorga el vale a los que viven en cierta jurisdicción”, expresó.
También existe otra preocupación, señala Fuentes: que estas medidas de corte temporal se vuelvan permanentes. “Muchas veces tienes un alto riesgo de que se queden como [medidas] permanentes, lo cual sienta un pésimo precedente para el resto de sectores”, apuntó.
Al respecto, Castilla sostuvo que si ambas medidas se convierten en permanentes, se generará una rigidez en el presupuesto público.
En la edición impresa del martes 20 de septiembre, se indicó que el costo fiscal de dos medidas para mitigar los precios de los combustibles superaría los S/4.100 millones. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), de enero a agosto se destinaron S/3.016 millones al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó a este Diario que el costo fiscal en ese período se acercó a los S/2.000 millones y aclaró que los S/1.500 millones del plan Impulso Perú son “para pagar estas obligaciones generadas”, y no un costo adicional. Añadió que por Decreto Supremo 190-2022-EF, publicado en agosto, se había dispuesto transferir recursos para pagar S/493 millones de las obligaciones generadas con el fondo. El MEF dijo también a El Comercio que no se esperan costos fiscales significativos en los siguientes meses. En ese sentido, el IPE se ha reafirmado en sus cifras brindadas a El Comercio, explicando que su análisis solo considera las medidas aplicadas a las gasolinas, los gasoholes, el diésel y el GLP. “Según información pública disponible en el Banco Central de reserva del Perú, el FEPC acumula un costo fiscal de casi S/2.000 millones durante la primera mitad del año. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, el subsidio al diésel (combustible que explica el 95% del costo de esta medida) ascendió en promedio a S/1,98 por galón en dicho período, y subió a S/3,14 entre julio y agosto, casi 60% más. Tomando en cuenta esos datos, el IPE estima que el costo total del FEPC hacia fines de agosto sumaría casi S/3.000 millones”, indicó la institución a este Diario. El Comercio solicitó el lunes al MEF información sobre este tema, pero no se tuvo respuesta al cierre de dicha edición.
