El plan que el gobierno de Pedro Castillo acarició, pero no se atrevió a ejecutar: la reversión de los campos petroleros de Talara a la estatal Petro-Perú, se hará realidad en el gobierno de su sucesora, Dina Boluarte, ante el pasmo de los gremios hidrocarburíferos.
Nos referimos a la decisión gubernamental de ceder a la petrolera estatal los lotes I, Z-6 (otrora Z-2B), VI y X, cuyos contratos con sus actuales operadores (privados) expiran este y el próximo año.
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Se trata de un designio que dará a Petro-Perú el control del 50% del crudo que se produce en el país, y que ha desatado la alerta del sector petróleo y gas.
“En este momento el objetivo de Petro-Perú debería ser no ocasionar más daño, y eso supone [que no se haga cargo] de la producción de petróleo que está terminando su vida contractual’”, manifestó Gonzalo Tamayo, ex ministro de Energía y Minas, en el foro ‘Visión del potencial de gas y petróleo peruano, y causas del fracaso en la exploración’, organizado por el Instituto Peruano de Ingenieros de Gas y Petróleo (IPIGP).
El exfuncionario advirtió el impactó negativo que esta pretensión acarreará para el país, pues la explotación de petróleo por parte de la estatal “va a requerir personal, dinero, y no poco dinero’”.
Es decir, algo de lo que Petro-Perú carece en la actualidad.
Tamayo puso como ejemplo lo acontecido en octubre pasado, cuando once buques repletos de combustibles estuvieron largos días acoderados en el puerto del Callao sin poder descargar su precioso cargamento porque la estatal no tenía dinero para pagarles.
Esto, debido a su critica situación financiera derivada de los turbios manejos de Hugo Chávez, ex gerente general (hoy encausado por la justicia), lo que llevó a que “el MEF salga a poner el pecho para que la empresa no quiebre’”, añadió Tamayo.
OTRAS APRECIACIONES
En igual sentido se manifestó el empresario Roque Benavides, decano del Consejo Departamental de Lima (CD Lima) del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).
“Lo distorsionante de la industria petrolera es Petro-Perú. Yo no soy de los recalcitrantes privatizadores, pero la construcción de una refinería, como la de Talara, que va a costar U$7.000 millones, ha demostrado ser un despropósito, porque primero hay que explorar [para encontrar petróleo] y luego construir una nueva refinería si hay suficientes reservas’”, exclamó.
En su opinión, el “hecho de tener una empresa estatal de petróleo’” incursionando en el ‘upstream’ de hidrocarburos impactará negativamente sobre las exploraciones y la atracción de nuevas tecnologías.
Por esta razón, Benavides propuso, como alternativa a la cesión de los lotes petroleros a Petro-Perú, realizar “algún tipo de contrato con las súper empresas internacionales de petróleo” para que puedan venir a explorar y hallar petróleo rápidamente.
Jorge Pérez Taiman, consejero del Estudio Rodrigo Elías & Medrano, lo tiene bastante claro. En su opinión, lo que debemos hacer con Petro-Perú es desencantarnos porque “no es la empresa adecuada para tomar lotes petroleros’”.
“Yo quiero aclarar que no tengo una oposición contra las empresas estatales. Lo que pasa es que nuestra empresa estatal ya estaría quebrada si fuera una empresa privada, porque el Estado le ha dado U$700 millones, y luego U$1.200 millones más para que sobreviva cuando los buques estaban parados frente al Callao y no descargaban por las deudas que tenía.”, refirió.
A su entender, ese “no es el tipo de empresa petrolera que uno quiere”.
Inquirido por estas declaraciones, Petro-Perú aseguró que sí se encuentra en la capacidad de asumir la operación de los lotes de Talara, pues se trata de campos “en producción y de larga data de explotación”, por lo que “no representan riesgo; es decir, que generarán ingresos para la empresa de manera inmediata”.
Precisó que diversas evaluaciones técnicas y económicas realizadas sobre el particular arrojan que la participación de Petro-Perú es rentable y “con flujos de caja que autofinancian las inversiones requeridas”, por lo que “no significaría mayor deuda”.
“No encontramos explicación técnica ni económica para que 84 millones de reservas probadas de petróleo, cuya operación de producción no representa mayor riesgo, sean entregadas a otras empresas”, aseveró la estatal.