El primer año de Pedro Castillo: Gobierno gastó más de S/6.300 millones para la entrega de bonos

En el primer año de gestión de Pedro Castillo, el gasto social mantuvo un aumento sostenido respecto a meses y años anteriores. En este período, el Ejecutivo ha autorizado la transferencia de S/6.315 millones para la entrega de bonos, cifra que actualmente supera al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) individual de al menos12 ministerios.

Los recursos –que fueron aprobados vía decretos supremos o de urgencia– han tenido como objetivo reducir el impacto de la pandemia y la crisis económica en los sectores más vulnerables. El 85% del monto total (S/5.396 millones) ha sido administrado directamente por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), mientras que el 15% restante (S/918 millones) fue manejado por el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri), así como por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo [ver infografía].

Los meses en que se destinaron mayores montos para bonos o subsidios fueron agosto y diciembre del 2021, fechas que coincidieron con la implementación de los programas Yanapay y del bono Agrario, otorgado como subvención para las compras de los fertilizantes. El punto más alto del 2022 se alcanzó en el mes de abril, cuando se transfirió más de S/300 millones para la entrega de una subvención monetaria extraordinaria a los usuarios de los distintos programas sociales.

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Los mayores niveles de gasto corriente que autorizaba el Ejecutivo conforme transcurrían los meses no estuvieron exentos de críticas. Al igual que durante el primer año de la pandemia, casi toda la inversión realizada por el Gobierno en este rubro fue financiada con cargo a la reserva de contingencia. Dicha cuenta solo puede ser usada para gastos imprevistos y aquellos que no contemplados en los presupuestos de los sectores u organismos públicos.

En la segunda mitad del 2021, el Gobierno incrementó esta partida en dos ocasiones a través de créditos suplementarios por un monto total de S/5.800 millones con cargo a futuros ingresos de una mayor recaudación tributaria. Ambos hechos, que aumentaron el presupuesto público, fueron aprobados sin una ley expresa del Congreso de la República y ocasionaron dos pronunciamientos del Consejo Fiscal [ver infografía]. En el primero, dicha institución expresó su “preocupación” por la autorización de mayores niveles de gasto público vía este mecanismo. Si bien no cuestionaba su legalidad, señaló que no concordaba “con institucionalidad fiscal vigente y restaba transparencia al manejo de la política fiscal”.

Juan de la Cruz, docente e investigador de la Facultad de Economía de la UPC, explica que en la pandemia se abandonaron la reglas fiscales que fijaban topes al gasto público debido a la emergencia; sin embargo, éstas debieron ser retomadas apenas pasó el episodio de mayor desembolso. “Esto no se hizo recién hasta este año, donde el MEF volvió a fijar los topes presupuestales por un horizonte de 10 años. El reclamo del Consejo Fiscal vino de haber aprobado un gasto adicional, pero estando respaldado solo en recaudación temporal”, explica.

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El especialista añade que la política basada en otorgar más bonos y subsidios individuales debió ser fortalecida o complementada con medidas que fomenten el crecimiento económico y el empleo formal. En suma, las transferencias han sido cuantiosas, pero olvidaron abordar el problema de fondo: un mayor crecimiento de la inversión tanto pública como privada.

“Estas grandes transferencias tienen un costo fiscal grande y no pueden darse de forma permanente. Es necesario que el Gobierno dé señales claras que ayude a que las inversiones otra vez regresen nuevamente”, puntualiza.