La Comisión de Economía del Congreso aprobó el pasado miércoles el proyecto de ley denominado “Canon para el pueblo”, que busca distribuir directamente el 40% del canon minero y/o gasífero a la población que se encuentre en situación de pobreza o pobreza extrema de las zonas de influencia de las operaciones.
En el proyecto se considera que el importe correspondiente a cada gobierno regional se distribuiría en partes iguales entre todos los gobiernos locales del departamento donde se extrae el recurso natural para, a su vez, realizar las asignaciones.
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Según la medida aprobada, para ser beneficiario de una asignación monetaria se debe ser peruano de nacimiento, contar con cinco años de residencia en la localidad donde se ubica la explotación minera y/o gasífera y encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema.
Rómulo Mucho, exviceministro de Energía y Minas, calificó la medida de populista y anotó que el principal problema es la ineficiencia en la capacidad de gasto de los recursos del canon y la falta de planes de desarrollo de las autoridades locales, regionales y nacionales.
“Lo propuesto ayudará a las comunidades en el corto plazo, pero se tiene que planificar a largo plazo, en la generación de trabajo a través de proyectos públicos y privados y en cómo apoyar a los gobiernos subnacionales a ser más eficientes en el gasto”
Rómulo Mucho, exviceministro de Energía y Minas.
Carlos Casas, profesor principal de Economía de la Universidad del Pacífico, anotó que la iniciativa aprobada es una especie de paliativo a la mala calidad de las administraciones municipales que no pueden transformar el dinero en obras de infraestructura y, en muchos casos, hay corrupción.
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Impactos mixtos
Para Casas, la medida tiene pros y contras. Lo primero es que los recursos llegarían más rápido a la población, ya que actualmente la gente no siente los beneficios de la minería debido a que las municipalidades -en muchos casos- perciben ingresos por la actividad, pero no ejecutan obras, por lo que ocurren los conflictos.
Por otro lado, explicó que las transferencias ligadas a recursos naturales compensan la pérdida de riqueza que tiene el territorio cuando se extrae el recurso y, quizá más importante, asegurar la sostenibilidad del territorio cuando se haya ido la minería.
“Los recursos son muy volátiles y las personas necesitan recibir dinero de manera estable, algo que no podría darse con esta ley. Es como trasladar el problema para más adelante y eso puede generar mayor conflictividad"
Carlos Casas, profesor principal de Economía de la Universidad del Pacífico
Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que es importante entender la naturaleza del canon, que son ingresos extraordinarios producto de la explotación de los minerales y de otros recursos que le pertenecen a todo el país. Estos son ingresos públicos volátiles, porque dependen del precio internacional y del desempeño de nuestras exportaciones.
En ese sentido, se debe tener cuidado con utilizar ingresos extraordinarios para gastos corrientes; cuando deberían utilizarse, en principio, para cerrar brechas económicas y sociales que son responsabilidad del Estado, explicó Fuentes.
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Expectativas
Casas explicó que si se le da a la gente recursos líquidos es probable que lo gasten en sus necesidades básicas; sin embargo, hay que tener cuidado porque, como sucedió en Las Bambas, las personas que recibieron dinero por sus tierras y por trasladarse a otras zonas no lo gastaron adecuadamente.
“Es una solución de corto plazo que beneficia a la población, pero a la minería hay que mirarla desde una perspectiva de largo plazo y lo que podríamos estar haciendo es dilatar o trasladar problemas para el futuro”, dijo.
Por su parte, Fuentes anotó que en unos años se podría recibir una cifra muy alta y al año siguiente una muy baja, por lo tanto, podría generarse expectativas equivocadas en la población. Además, el proyecto desvía la atención del verdadero problema de fondo: la poca capacidad de los gobiernos subnacionales para ejecutar oportuna y adecuadamente sus recursos.
“Al menos el 70% de los recursos que han recibido los gobiernos subnacionales no han sido ejecutados y los que sí, una buena parte ha terminado en proyectos que no han beneficiado a la población”, anotó.
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Reducción de la pobreza
La congresista Rosangella Barbarán destacó la importancia de la propuesta porque sacará de la pobreza y pobreza extrema a miles de peruanos y se actuará con mayor eficiencia sin generar un subsidio permanente, y planteó que el beneficio caduque cuando la persona mejore su nivel de vida.
En tanto, el congresista Alex Paredes recomendó tener una mirada unitaria y ver la manera de redistribuir los recursos del canon entre los que lo tienen y los que no, para buscar mayor equidad.
Para Fuentes, la reducción de la pobreza sostenida en el tiempo solo se logra a través del crecimiento económico y estas transferencias públicas o privadas son extraordinarias por lo que recibir S/ 500 en un momento y S/ 200 en otro difícilmente terminará resolviendo los temas de pobreza.
Mucho anotó que en el 2021 se pagó por canon minero S/ 6.600 millones y según consigna el proyecto legislativo, los ingresos por el canon para el 2022 se estiman en S/ 2.871 millones para el minero y S/ 1.391 millones por el gasífero.
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