En cuatro meses surgieron 19 nuevos conflictos sociales en el país

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Detalle

De los 19 conflictos reportados, 15 son de tipo socioambiental. Entre estos conflictos se encuentran los de Quellaveco por el uso de agua y dos de la empresa minera Ares. En tanto, dos de los conflictos corresponden a residuo y saneamiento, mientras que los otros dos se relacionan al derrame de 2.500 barriles de petróleo del oleoducto de Petro-Perú. Esta situación, declarada emergencia ambiental, implicó la contaminación del río Marañón y afectó las fuentes de abastecimiento de agua y provisión de alimentos de las comunidades nativas.

Cabe precisar que en octubre, respecto al mismo mes del 2021, se registra un incremento de 20 conflictos. Este total, según la Defensoría del Pueblo, no se daba desde el 2013.

Para David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, estas cifras evidencian que no hay una estrategia para atender los conflictos. “Dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros hay un área que se encargaba de atender directamente estos problemas sociales y en todo el aparato estatal se ha venido prescindiendo de profesionales”, dijo.

Agregó que otro dato relevante para el incremento de la conflictividad es que, de los conflictos solucionados, el 60% no tiene un calendario para atenderse. “No se dice para cuándo se cumplirá con los acuerdos. Además, casi un 80% no tiene asignado un responsable. Todo esto genera una disconformidad mayor”, aseveró.

Como se recuerda, la titular de la defensoría en CADE Ejecutivos 2022 argumentó que no existe una política para el manejo de la conflictividad, una estrategia o un sistema de articulación. “Esto tiene un impacto directo en el crecimiento sustentable, en el desarrollo y en las inversiones”, dijo Eliana Revollar, defensora del Pueblo.

En diálogo con este Diario, Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) coincidió con dichos impactos. “Este año hemos visto que, hasta el momento, se han afectado US$1.000 millones en producción de minerales. Además, S/800 millones en impuestos que se dejan de percibir. Pero la afectación más importante es a los trabajadores. Personas que quieren trabajar y movilizarse libremente”, acotó.

Es así que la situación de conflictividad embarga, en octubre, a todas las regiones del país. Seis departamentos representan casi el 50% de todos los conflictos: Loreto, Cusco, Áncash, Apurímac, Puno y Piura. . Es importante resaltar que el 63% de la atención de los conflictos sociales son responsabilidad del Gobierno Nacional, y el 27%, de los Gobiernos regionales. Uno de los conflictos que surgen este mes con responsabilidad del Gobierno Nacional está relacionado a la construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, el cual es de importancia estratégica para el comercio internacional, no sólo para el país sino también con impacto a la región sudamericana. Este conflicto debería ser resuelto prontamente para que inicie operaciones en el 2024.

Respecto a la antigüedad de los 218 conflictos registrados hasta octubre, 104 (48%) llevan más de 36 meses sin resolverse. La resolución de 69 conflictos depende del Gobierno Nacional, y 21 de los gobiernos regionales.

Los conflictos de octubre están compuestos por 59 conflictos con estado latente (permanecen ocultos, silenciosos o inactivos) y 159 activos. De los conflictos activos, 104 se encuentran en fase de diálogo (14 más que en octubre 2021), 39 en la de desescalamiento (1 más que en octubre 2021) y diez en escalamiento (igual que en octubre 2021).