En los últimos dos años la velocidad de nuevos conflictos es mayor que la de conflictos resueltos

El informe de la Defensoría del Pueblo a diciembre último registró 221 conflictos, continuando su tendencia creciente. Respecto al mismo mes del año anterior, se incorporaron 19 conflictos. De ellos, 11 son socioambientales, y cuatro son asuntos del gobierno nacional. La media mensual de conflictos resueltos en los últimos 24 meses es de 1,3, y la de los nuevos conflictos 4,3. Esta tendencia podría significar que a diciembre 2023 acumulemos más de 250 conflictos sociales.

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En diciembre sólo hay un nuevo conflicto nacional reportado por la Defensoría tras el intento de golpe de Estado y la posterior sucesión constitucional. En los doce meses anteriores, las protestas colectivas (marchas) tuvieron una media mensual de 284 protestas, y sólo este nuevo conflicto nacional ha generado 514 protestas, lo que supone un incremento de estas de 180%. Este nuevo y gran conflicto nacional escribe un nuevo capítulo en la crisis política y social que atraviesa el país desde hace años, y que ha movilizado a miles de peruanos.

“Los números simplemente te dicen que hay más protestas, pero sabemos que este número ha venido acompañado, lamentablemente, de actos de fallecimiento primero, actos de violencia, bloqueos en gran parte del país. No obstante, a estar hablando de un incremento de 180% en términos del número de marchas, en términos de efecto de lo que significa valor de la vida humana e impactos económicos, probablemente el incremento es mucho mayor”,

comentó David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC).

Justamente, para este detonante de las protestas en el país, explicó Tuesta, se deben considerar factores estructurales como la falta de reformas estructurales en un período considerable de tiempo.

A partir del 7 de diciembre y durante casi todos los días, los departamentos de Puno (95), Cusco (81), Apurímac (35), Lima Metropolitana (34), Arequipa (32), y Ayacucho (31) concentraron el 60% de las protestas colectivas.

Tuesta sostuvo que, justamente, en el sur del país se ha concentrado el malestar de la población expresado en las protestas.

Impactos

El también exministro de Economía apuntó a que los impactos a considerar en primer lugar son las vidas de las personas fallecidas.

En el caso de las pérdidas económicas, estimó que la economía nacional de enero se habría visto golpeada entre 0,3% a 0,5%. “Como año, habrá que ver [cuánto será el impacto], porque va a depender de qué tanto tiempo se presente esta intensidad de protestas y de bloqueos”, acotó.

Agregó que el sur del Perú ha sido la zona que más perjudicada se ha visto, no solo por los sectores que dependían del rubro de comercio y servicios, así como por los efectos de que las personas no pueden generar ingresos económicos, sino también porque el sur enfrenta una inflación alta, debido a la escasez de productos, lo que ha generado un incremento de precios.

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“La inflación en varias de estas zonas afectadas incluso llegaba cerca al 15% anualizado [este es el caso de Madre de Dios], y en alimentos, han habido productos que se han incrementado hasta el 180%, como el balón de gas y algunos productos alimenticios. Ahí tienes un efecto cruzado hacia esta zona. Principalmente, se afecta el bolsillo de los peruanos”, indicó.

Los sectores afectados directamente, paralizando casi en su totalidad su actividad, consideró, son el turismo y la minería en el sur, mencionando, por ejemplo, el caso de Apurímac con la operación minera Las Bambas, que representa casi el 80% de la producción de esa región y alrededor de un punto porcentual del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. “Ha tenido que suspender sus actividades, porque no hay insumos para producir. Ahí estamos viendo un efecto directo que va a afectar a una región que vive del canon, de las regalías y que fomenta y genera una cantidad importante de puestos de trabajo, no solamente para la región de Apurímac, sino para toda el área de influencia, que puede llegar hasta el Cusco”, expresó.

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En enero se habría registrado una mayor cantidad de protestas relacionadas con la crisis política, agregó, considerando de que en diciembre hubo un tiempo de tregua. Como se recuerda, dicho periodo de tregua se dio entre la fiesta por navidad hasta el 4 de enero, cuando se reiniciaron las marchas contra el gobierno de Dina Boluarte.

El escenario para el país pareciera incierto. En este contexto, el presidente ejecutivo del CPC sostuvo que, por un lado, el Congreso ha llevado la dinámica para buscar una salida a la crisis. Sin embargo, tras los rechazos a los proyectos legislativos para aprobar un adelanto de elecciones generales, apuntó a que se tiene que ver si el Parlamento encuentra espacios para una salida.

Situación de conflictos

Respecto a octubre, se ha resuelto un conflicto y han surgido cuatro nuevos. Dos de estos nuevos conflictos son de tipo “Otros asuntos”. Uno de ellos se registra en la localidad de Huanta en donde denuncian la actuación del Ministerio Público, tras disponer la libertad de dos implicados en el crimen de un compañero de educación secundaria. El otro conflicto está relacionado a la actividad económica de la pesca en Piura, donde demandan la derogación de una ley para la protección de los recursos naturales, en la que no participaron sus organizaciones representativas. Adicionalmente, uno de los nuevos conflictos es de tipo “Asunto de gobierno regional” en Huancavelica, en donde demandan la continuidad del asfaltado de la carretera a cargo de la China Railway Tunnel Group Co., solicitando al GORE la anulación de resolución que resuelve el contrato de la obra.

Al detalle

Respecto a la antigüedad de los 221 conflictos registrados a diciembre, 105 (48%) llevan más de 36 meses sin resolverse. La resolución de 70 conflictos depende del Gobierno Nacional, y 21 de los gobiernos regionales.

Los conflictos de diciembre están compuestos por 61 conflictos con estado latente (permanecen ocultos, silenciosos o inactivos) y 160 activos. De los conflictos activos, 106 se encuentran en fase de diálogo (12 más que en diciembre 2021), 41 en la de desescalamiento (dos menos que en diciembre 2021) y siete en escalamiento (un más que en diciembre 2021).

En el último mes del 2022, también se observó que al menos un conflicto social se mantiene en todos los departamentos. Seis departamentos representan casi el 49% de todos los conflictos: Loreto, Cusco, Áncash, Apurímac, Puno y Piura. Es importante resaltar que el 62% de la atención de los conflictos sociales son responsabilidad del Gobierno Nacional, y el 26%, de los Gobiernos regionales.

Por regiones

A diciembre, el departamento con más conflictos continúa siendo Loreto. Sus 30 conflictos configuran el 14% del total nacional. Del total mencionado, 21 están relacionados a la actividad económica del sector hidrocarburos (100% de las actividades económicas). La provincia Loreto es la que más conflictos acumula (18). Le sigue Datem del Marañón (9).

El segundo departamento con más conflictos sociales es Cusco, con 20. Esto representa el 9% del total nacional. Chumbivilcas es la provincia con más conflictos (ocho), seguida de Espinar (cinco). El 86% de los conflictos están relacionados con la actividad minera.

Últimos 12 meses

En los últimos 12 meses se incorporaron 49 nuevos conflictos, que representan un 11% menos que en el período enero 2021 - diciembre 2021.