Durante el primer día de la cumbre de Perú Sostenible 2024, se desarrolló el Panel Nacional Paz: Soluciones para enfrentar la ilegalidad y criminalidad en Perú, espacio en el que se reflexionó sobre las propuestas viables y sostenibles para enfrentar la violencia y criminalidad que enfrenta nuestro país.
En este panel participaron Óscar Caipo, presidente Empresarios por la Integridad; Carlos Basombrío, investigador en temas de economías ilegales y exministro del Interior; Gabriela Vega Franco, directora ejecutiva y cofundadora de Recambio y Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología.
En el panel, se discutió que hoy en día se evidencia cada vez más las redes criminales en el país, incluso en complicidad con las fuerzas del orden. Además, que los grupos delictivos que controlan mercados ilegales se conectan con mafias internacionales. Ante ello, Basombrío señaló que en el Perú hay dos tipos de mercados criminales muy diferenciados: el rural y el urbano.
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“El problema es fundamental porque este es un país complejo y territorial, donde en zonas muy apartadas se produce una corrupción que complica muchísimo enfrentar el problema. Quisiera llamar la atención en el tema rural y la enorme importancia de la minería ilegal”, dijo. También, resaltó que otro punto importante es el tráfico de drogas en las fronteras.
Además, indicó que en la zonas urbanas las causas de la criminalidad están vinculadas al crecimiento económico de las últimas décadas y el aprovechamiento de los criminales de ese crecimiento.
A su turno, Vega Franco compartió dos ideas asociadas a la democracia.
La primera idea sobre la democracia es que “no existe democracia sin límites al poder”. Ello quiere decir que si se busca combatir el crimen y la ilegalidad de forma democrática, hay estrategias que quedan fuera.
“En el combate al crimen no podemos hacer con las personas cualquier cosa en nombre de esa lucha. Estamos hablando de nuestros derechos a ser informados sobre por qué somos detenidos, o tener una orden judicial para poder hacerlo”, explicó.
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La segunda idea que compartió es que la democracia implica tener un Estado de Derecho, lo que significa que todos estamos sujetos a las mismas normas, estamos obligados a cumplirlas y enfrentamos las mismas consecuencias por incumplirlas.
Por su parte, Zevallos se refirió a las medidas y buenas prácticas para enfrentar de manera efectiva el crimen organizado en el país. “No existen fórmulas mágicas (...) se debe liderar con creatividad, ir al grano del problema. Hay cuatro puntos fundamentales: la inteligencia, el trabajo de investigación criminal, entender que el crimen organizado es un negocio y tener un mecanismo de gobernanza estructurado entre Fiscalía, Policía y Poder Judicial”, dijo. Afirmó, además, que el rol del sector privado es fundamental y este debe hacer un esfuerzo por cortar lazos con las personas y organizaciones que, de una u otra manera, estén relacionadas con las economías ilegales.
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Caipo coincidió en que el sector privado puede participar con acciones concretas, como son las Obras por Impuestos (OxI). “Hay una propuesta de Confiep alrededor de construir cárceles, más comisarías y equiparlas a la velocidad que se requiere. Tenemos los recursos y el mecanismo para que fluya con velocidad”, dijo.
Otro ejemplo de la intervención del sector privado a través de OxI es la instalación de sistemas de cámaras de vigilancia, agregó Caipo, y de esto ya hay una experiencia en Arequipa. Asimismo, hizo un llamado a los asistentes a denunciar actos delictivos.
“Si no denunciamos, es difícil que las autoridades puedan actuar. Es complejo, riesgoso, pero sabemos que se está trabajando en plataformas confidenciales, con código QR, incluso con recompensa que puede cobrarse con código QR y que se va a lanzar pronto”, afirmó.
