Entre la inflación y las amenazas al modelo, por Luis Miguel Castilla

La guerra en Ucrania ha agudizado dislocaciones de la oferta mundial de petróleo crudo, cereales y fertilizantes y ha disparado aún más los fletes internacionales. Estos ‘shocks’ han encarecido significativamente la canasta básica de consumo nacional que tiene un 50% de bienes importados. El paro de los transportistas y las protestas que se han gatillado a lo largo y ancho del país avizoran tiempos complejos con un gobierno incapaz que solo ha logrado atizar la conflictividad y generar zozobra.

La inflación es hoy en día uno de los principales problemas que enfrentan los peruanos; y esta situación precariza a un consumidor que recién empezaba a alzar cabeza luego de un par de años muy duros. En marzo, se tuvo la tasa de inflación más alta en los últimos 25 años. Por la duración incierta del ‘shock’, es relativamente poco lo que las autoridades económicas puedan hacer. Clave será asegurar la efectividad de las medidas adoptadas y evitar que se generen expectativas que no se puedan cumplir.

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Por el lado monetario, el Banco Central de Reserva (BCR) ha venido incrementando la tasa de referencia para frenar las expectativas inflacionarias que se han duplicado en el último año. En tanto, la secuencia correcta de la política fiscal adoptada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hubiese sido la de primero extender transferencias focalizadas a los segmentos más vulnerables y luego recurrir a cambios impositivos. Una exoneración tributaria no garantiza que el impuesto se traslade en su totalidad a un menor precio para los consumidores, ya que productores y comercializadores podrían incrementar sus márgenes de utilidad.

De otro lado, el otorgamiento de subsidios a través del Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles (FEPC) adolece de los mismos problemas de falta de focalización, beneficiando de manera indiscriminada a todos los consumidores sin distinción de su nivel socioeconómico. Dado que el subsidio se elevará en función del precio internacional, las contingencias fiscales pudieran ser significativas. Respecto a la ampliación del monto de los vales para el consumo de los balones de GLP de 10 kg con cargo al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), la focalización mejora, pero no estaría necesariamente garantizada. El hecho de que los vales no tengan beneficiarios individualizados puede conducir a la creación de mercados paralelos y que no se llegue al más necesitado.

En el caso de la inafectación temporal al Impuesto Selectivo al Consumo a los combustibles, no solo se dejaría de recaudar ingresos fiscales, sino que se desvirtúa el propósito de este impuesto, que es disuadir el consumo de combustibles más contaminantes. No obstante, el reto más desafiante será lograr trasladar el alivio tributario al consumidor final. Esto se dificulta por el hecho que Indecopi no tiene ni la experiencia ni la capacidad real para fiscalizar a los cinco mil grifos que existen en el Perú. De estos, alrededor de 2.600 son operados por griferos “bandera blanca” de propiedad principalmente familiar; 1.600 por cadenas comerciales, y 800 son parte de la “Petrored” de Petro-Perú. Al haber precios libres, la magnitud de la eventual reducción dependerá de la señal de mercado que puedan emitir los grifos asociados a la empresa estatal. Más aún, según especialistas consultados, los precios de los combustibles en el Perú tienen una de las varianzas más elevadas de la región y los márgenes de intermediación pueden llegar hasta un 25% del precio final. Así pues, bajo estas circunstancias, la efectividad de la medida será puesta a prueba. Ello porque aun cuando los combustibles bajaran de precio, los que aliviarían parcialmente sus finanzas sería el siguiente eslabón de la cadena que son los transportistas, quienes difícilmente trasladarán los ahorros en combustibles a menores precios.

Aun cuando la intención del MEF sea que este tipo de medidas (incluyendo la exoneración del IGV a algunos alimentos procesados que ha sido aprobada sin sustento técnico por el Congreso) sea temporal, nada asegura que la presión política se imponga y se alarguen estas medidas con el consiguiente mayor costo fiscal. De hecho, estas intervenciones podrían demandar más de S/8.000 millones en lo que resta del año, lo que equivale al presupuesto para construir 50 hospitales y 260 colegios.

Sin embargo, el riesgo mayor es que esta coyuntura sea utilizada por el oficialismo para impulsar una agenda disruptiva que socave las bases de nuestro modelo económico. Los nefastos anuncios del presidente del Consejo de Ministros amenazan abiertamente la generación de riqueza y empleo, y petardean la labor de las autoridades económicas, en un entorno externo que continuará deteriorándose. Las previsiones apuntan a una desaceleración de la economía global. Retomar la paz social demandará gestionar este ‘shock’ con efectividad y no exacerbar sus impactos negativos con un vil aprovechamiento político que dejará como legado un quinquenio adicional perdido.