El martes pasado el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que se adjudicó el proyecto Chavimochic III al Gobierno de Canadá a través de un acuerdo gobierno a gobierno (G2G).
“Chavimochic va y [...] significará la puesta en marcha de un proyecto que va a invertir más de US$750 millones y va a beneficiar a todas las familias del norte del país. Se van a realizar obras de alta arquitectura y, sobre todo, de ingeniería. Va a generar 40 mil hectáreas y miles de puestos de trabajo para la región La Libertad y todas las demás regiones”, indicó en conferencia de prensa.
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Lo que el funcionario no precisó fue que el proyecto será construido en dos etapas: la primera es la presa de Palo Redondo y el sifón Virú, a través del G2G, y la segunda es el canal madre, que será ejecutado por el Gobierno Regional de La Libertad. Es decir, la entrega del canal que trasladará las aguas desde la presa hasta las 40 mil hectáreas nuevas no está ligada al G2G, sino a los avances del Gobierno Regional de La Libertad.
“Es una declaración política. Es correcto decir que es un primer paso para retomar el proyecto que quedó inconcluso y no había ninguna ruta clara. Entonces, más que una imprecisión en sus declaraciones, dio un mensaje político”, explicó Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors.
En paralelo al G2G, el canal madre se ejecutaría a través de una Asociación Público-Privada (APP).
“El canal se va a hacer como una APP y la adjudicación estará a cargo de Proinversión. Estimamos que el próximo mes ya deberíamos tener un avance del borrador del proyecto”, afirmó Jhon Cabrera, gerente del gerente del Proyecto Especial Chavimochic (PECH).
Esta situación implica que los US$750 millones mencionados por Otárola no serán ejecutados en su totalidad en el G2G, sino una cantidad inferior todavía no especificada. La principal inversión está en la culminación de las obras de la presa de Palo Redondo, que cuando se firmó el contrato de concesión en el 2013 requería de una inversión de US$356 millones. Durante los tres años en que operó la concesión a cargo del Consorcio Chavimochic, integrado entonces por Odebrecht y Graña y Montero, se avanzó alrededor del 65% del mismo. No se invirtió en las obras del canal madre.
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En base a ello, todavía queda una inversión pendiente de al menos US$124 millones para culminar las obras de Palo Redondo, así como alrededor de US$394 millones de otras obras que todavía no han comenzado y que corresponden tanto al G2G como a la APP. Los montos podrían actualizarse debido a que once años después de firmada la primera concesión, la tecnología y los métodos de irrigación se han actualizado. Además, antes de lanzar el concurso de G2G, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) realizó un peritaje para constatar si las obras mostraban deterioro.
“El G2G va a mejorar el riego de las hectáreas ya existentes y brindará algo de agua adicional a Trujillo, pero la verdad es que se está dejando por lado una parte central: la tubería que va a llevar el agua a las 40 mil hectáreas adicionales. Cada hectárea puede costar US$50 mil al momento de venderse y esto se está demorando”, cuestionó Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas.
El plazo de estudios previos de la APP para adjudicar el canal madre podrían tardar alrededor de un año. Según Cabrera, si se cumplen los cronogramas del PECH, se podría sacar el concurso en diciembre del 2025.
“Se ha actualizado el recorrido del canal y no hay interferencias en ese sentido. Tampoco estará pasando alrededor de las obras de la Reconstrucción, hoy Autoridad Nacional de Infraestructura. Por esto esperamos que a finales del 2025 se haga el concurso. Estamos haciendo los trabajos necesarios para cumplir con nuestro cronograma. La presa de Palo Redondo ya fue adjudicada y nosotros no nos podemos quedar atrás”, señaló Cabrera.
El Comercio se comunicó con el área de prensa del Midagri, pero hasta el cierre de este informe no recibió respuesta.
Pendientes
Para Ronald Fernández Dávila, socio del estudio PPU, la construcción de Chavimochic III a través de dos proyectos separados no es la solución ideal, pero sí es una opción positiva del Gobierno para viabilizar el megaproyecto paralizado. Remarcó que ahora la prioridad debe ser determinar cómo se realizará la operación y mantenimiento de las obras construidas a través del G2G.
“El problema de la división es que no se va a tener los proyectos a la vez. Se va a tener la presa, pero no el canal. No puedes tener a un concesionario distinto en la presa y otro en el canal madre. Lo que tienen que hacer es un proceso de APP que llegue lo más pronto posible y que especifique que el nuevo concesionario va a ser el encargado de mantener y operar la infraestructura que dejará el Gobierno de Canadá”, afirmó.
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Esta situación abriría un segundo flanco, explicó Camilo Carrillo, Associate Partner de Infraestructura de EY Perú, ya que se elevarían los costos del contrato de operación y mantenimiento. “La concesionaria asumiría una obra que no ha hecho. Entonces va a ser más caro”, cuestionó.
Agregó que si bien no está de acuerdo con que el proyecto se realice en dos etapas, la salida del Gobierno “es la más realista” para sacar adelante Chavimochic III en esta coyuntura.
“El canal madre es una obra compleja de hacer. Si la decisión del Gobierno fue hacer el proyecto como G2G, debió abarcar todo”, remarcó.
Por su parte, Cárdenas resaltó que se necesita celeridad en los avances del canal madre. Añadió que si existieran retrasos del PECH o de Gobierno Regional de La Libertad en los plazos planteados, podría darse una situación como la del Aeropuerto de Chinchero en la que que no puede avanzar su ejecución de obras por demoras de la autoridad regional y no del gobierno encargado del G2G. “En unos años podría darse el caso de que esté la presa, pero no el canal madre, como en Chinchero. Pero aquí se tiene que ver la experiencia de Canadá, que va a servir para avanzar”, concluyó.
