Gremios cuestionan modificaciones del Congreso al D.U. 003

Ante la inminente incorporación de las empresas que fueron socias de Odebrecht en todos los alcances del Decreto de Urgencia (D.U.) 003, gremios empresariales se pronunciaron en contra de la eventual decisión del Congreso y advirtieron efectos negativos sobre la economía.

Luego de la aprobación en primera votación del proyecto de ley 1410, que modifica el D.U. 003, los miembros de la Comisión de Constitución y de la Comisión Lava Jato elaboraron esta semana dos dictámenes que endurecen las sanciones a las firmas que operaron en consorcio con la constructora brasileña, como Graña y Montero, JJC, ICCGSA, San Martín, entre otras.

Entre las nuevas propuestas figura la retención de las utilidades de los proyectos que hoy dichas empresas mantienen con el Estado. También se propone impedir la transferencia de recursos al exterior y realizar un proceso ante el Ministerio de Justicia para un traspaso de bienes. Estos planteamientos aún deben ser debatidos y aprobados por el pleno del Congreso.

Al respecto, Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, señaló que, si el Congreso decide que las ex socias de Odebrecht sean comprendidas en el D.U. 003, se dañará a la economía debido a los encadenamientos en el sector construcción.

“No se puede aniquilar empresas y afectar la actividad económica del país para castigar individuos que aún no han sido denunciados ni investigados ni sentenciados”, objetó Prialé.

En la misma línea, Roque Benavides, presidente de la Confiep, dijo que no le corresponde al Legislativo paralizar empresas. “El Perú no puede darse el lujo de parar proyectos. Al Poder Judicial le corresponde enjuiciar y sentenciar a quienes hayan delinquido, pero no son las empresas”, añadió.

CAMBIOS
Las nuevas disposiciones que se buscan incorporar al D.U. 003 afectará la operación de las otrora socias de Odebrecht, sostuvo Carlos Oliva, director de la maestría de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

“Habrá un doble efecto. Lo primero es que estas empresas tendrán menor fuerza para hacer inversiones debido a que el uso de sus flujos estará restringido. Un segundo aspecto, más allá del tema de la corrupción, es que se retirará a compañías con amplia experiencia para tener obras de calidad y avanzar con el cierre de la brecha de infraestructura”, manifestó.

Tanto Prialé como Benavides señalaron que el Congreso debería analizar modificaciones en el D.U. 003 que no afecten la operación de las empresas ni propicien la paralización de los proyectos en el país.

ANÁLISIS LEGAL
​- Entre otros cambios, extiende las medidas restrictivas del Decreto de Urgencia 003, como la prohibición temporal de transferir capital al exterior, a las empresas que en algún momento se hayan asociado para contratar con el Estado –bajo cualquier modalidad– con otra empresa que sea culpable de delitos de corrupción (o equivalentes).

- Según expertos consultados, el problema principal sería que la norma presume que, porque una empresa sea culpable de corrupción, todas las que alguna vez fueron sus socias también lo serían, lo que atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso. “Se estaría dando una suerte de sentencia condenatoria mediante una ley”, explica el abogado Miguel Ronceros, del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.

- Cualquier empresa afectada podría reclamar individualmente primero ante el Poder Judicial y, en instancia definitiva, ante el Tribunal Constitucional (TC) vía una acción de amparo. También podría plantearse una acción de inconstitucionalidad, en cuyo caso resolvería directamente el TC.

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