Gremios solicitan al Ejecutivo observar la decisión del Congreso que deroga medida contra la minería ilegal

Para Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE, se espera que el Poder Ejecutivo observe la decisión dada por el parlamento, siguiendo su mensaje de promoción de las inversiones para reactivar la economía.

Asimismo, aclaró que no se trata de los mineros artesanales, sino de los mineros ilegales que, a través del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), se mantienen en la ilegalidad que ha llegado a ser criminal.

TAMBIÉN LEE | Proyecto de Fuerza Popular busca que Minsa se encargue de las denuncias de colusión por venta de medicamentos: ¿qué opinan los expertos?

Diego Zegarra, vicepresidente del IIMP, señaló que el proceso de formalización que tiene como principal herramienta al REINFO, tiene a más del 83% de inscritos en condición de suspendidos.

“Pese a haber transcurrido más de ocho años desde que se creó y más de 22 años de las diferentes oportunidades que se han tenido para la formalización, no se han podido cumplir los requisitos importantes para ser formales. Necesitamos un camino real y predecible para una formalización real”, anotó.

Asimismo, agregó que el REINFO se ha “convertido en una herramienta para encubrir la ilegalidad que otorga a los inscritos la excepción de responsabilidades; es decir, que no pueden ser procesados por el delito de minería ilegal y la criminalidad social solo por el hecho de estar en el registro, aunque se encuentren suspendidos”.

MIRA | La inflación se aleja en febrero de la meta del BCR, ¿podrá revertir su tendencia?

Gobitz anotó que, antes de la pandemia, el precio del oro era de US$ 1.000 la onza y hoy es de US$ 2.100 la onza, con lo que, a su entender, hay un incentivo económico y el intento fallido de formalización permite extraer, de manera ilegal, más de un millón de onzas al año, lo que se traduce en US$ 2 mil millones.

“Esta actividad de esa dimensión, está fuera de todo registro y no me cabe duda que propicia el financiamiento de algunas agrupaciones políticas. Esa es la dimensión del problema y por eso queremos llamar la atención de la opinión pública. [...] El rol de investigar y sancionar corresponde al Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, pero los indicios son visibles”, agregó Gobitz.

Zegarra anotó que los impactos que genera la minería ilegal en el país afectan a todos. Así, alrededor del 39% del oro que exportamos proviene de la minería ilegal y, en esa ruta, se deja de pagar impuestos que servirían para reducir brechas sociales. Esto representa una pérdida del 2,5% del PBI, afirmó.

ENCUENTRA EN ECONOMÍA | INEI: producción del sector Minería e Hidrocarburos creció 3,96% en enero de 2024

En tanto, Gabriel Amaro, presidente de AGAP, lamentó la derogación pues afecta al sector con mayor población económicamente activa, con más de 4 millones de personas dedicadas a la actividad agraria en el país.

“La deforestación va a seguir incrementándose. En los últimos 10 años se ha degradado con total impunidad más de 2,6 millones de hectáreas por la minería ilegal. Solo en Madre de Dios se han deforestado más de 22 mil hectáreas entre el 2021 y el 2023″, sostuvo.

El segundo vicepresidente de ComexPerú, Alonso Rey, mostró su preocupación por el mensaje que se está dando a puertas de la cumbre del APEC.

TE PUEDE INTERESAR | Capeco: PBI de la construcción habría crecido 20,7% en enero

“Si como Estado estamos abdicando a la seguridad, ¿qué nos queda? Eso no debería suceder en un Estado de derecho y por eso, deberían reconsiderar su decisión y no aprobar esta norma”, agregó.

Para los representantes de los gremios, la medida no solo afecta al sector minero, sino a todas las actividades económicas y productivas del país.

Tanto la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú), la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), la Asociación de Exportadores (ADEX), el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP) y la Confederación de Empresas Comunales, emitirán formalmente un comunicado y solicitarán una cita con el presidente del Consejo de Ministros.

MIRA | IPE: La cobertura de servicios básicos en colegios públicos disminuyó de 52% a 39% en la última década

Tras la derogación, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) señaló a través de un breve comunicado que “seguirá trabajando en cumplimiento de lo establecido en el marco legal vigente”.

Sobre ello, Leonie Roca, vicepresidenta de la Confiep, dijo que esperaban que, desde el Minem, se asegure la presentación de una acción de inconstitucionalidad o la toma de una acción específica.

“Confiamos en que, alzando la voz y sensibilizando a la población de la seriedad que tiene para el país convertirnos en una República donde no hay orden y a la policía se le quita competencia y donde cualquiera puede comprar explosivos sin mayor dificultad, eso será revertido a la brevedad y que nuestras autoridades se porten como su nombre lo dice, como autoridades”, enfatizó.

TAMBIÉN LEE | Radiografía de una mala ejecución: Ministerios retrasados hasta mil días en proyectos de inversión pública

En tanto, el Minem ratificó que seguirá trabajando en un nuevo proyecto de ley de la pequeña minería y la minería artesanal y se reunió con los representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMI) y delegados de bases mineras para comunicar su propuesta normativa.

Finalmente, desde la Cámara de Comercio de La Libertad, rechazaron la derogatoria pues entorpece la lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado.

Mediante un comunicado, expresaron que hacen un llamado a la conciencia tras el atentado ocurrido el 2 de diciembre en Pataz, donde murieron siete trabajadores de la Minera Poderosa.