Indecopi suspendió proceso de eliminación de barreras burocráticas sobre la tercerización, ¿cuándo se solucionará la controversia?

La entidad, a través de su Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, indicó que no seguirá avanzando los procesos en curso de empresas que denunciaron que el decreto supremo 001-2022-TR era una barrera que trababa sus operaciones. Indecopi anunció en setiembre del año pasado que se ingresaron 343 denuncias contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) por el reglamento emitido.

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“La decisión del Poder Judicial en el proceso de acción popular es vinculante para el Indecopi. [...] La Sala suspendió el procedimiento administrativo en materia de eliminación de barreras burocráticas hasta que se resuelva de manera definitiva el proceso de acción popular”, afirmó Indecopi en un comunicado dirigido a este Diario.

La acción popular es un proceso legal que se presenta ante el Poder Judicial cuando se busca verificar la validez constitucional de los reglamentos emitidos por cualquier autoridad pública. En este caso específico el MTPE publicó un reglamento en febrero del 2022 que restringía la tercerización laboral a las actividades especializadas u obras vinculadas al “núcleo del negocio” de una empresa.

Desde esa fecha diversos especialistas advirtieron la inconstitucionalidad de la medida y en Lima se presentaron más de una decena de acciones populares -además de las más de 300 denuncias por considerarla una barrera burocrática-.

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En setiembre pasado el propio Indecopi declaró en primera instancia que las modificaciones al reglamento de la tercerización constituyen barreras burocráticas ilegales, concluyendo que estas contravienen la Ley de Servicios de Tercerización. La resolución añadió que ni el MTPE ni la Sunafil pueden fiscalizar a ninguna empresa denunciante o no denunciante por los cambios al reglamento. La suspensión del procedimiento principal iniciado por el Indecopi no afecta esta decisión, es decir, ni el MTPE ni la Sunafil podrán fiscalizar a las empresas basándose en el reglamento aprobado en febrero del 2022, al menos hasta que el Poder Judicial emita una sentencia sobre el caso.

En su respuesta a El Comercio el Indecopi indicó que “ninguna autoridad”, salvo el Poder Judicial, puede avocarse a resolver esta controversia.

Reacciones

Según Pierino Stucchi, socio del estudio Muñiz, Indecopi actuó en base a la legalidad. Agregó que fue acertado que no suspendiera las medidas cautelares que protegen a las empresas de fiscalizaciones.

“Indecopi ya estaba por terminar de decidir este caso en segunda instancia. Lo que ocurrió en paralelo es que las empresas desarrollaron la acción popular ante el Poder Judicial. Entonces Indecopi ante esa simultaneidad de procesos suspendió el suyo. Lo correcto es que no suspendiera las medidas cautelares, por lo que ni el MTPE ni la Sunafil pueden exigir que se cumpla la restricción de tercerizar la actividad nuclear del negocio”, indicó.

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“En el Poder Judicial se ven las acciones populares y si la norma es legal. En este caso se analiza si el reglamento se alinea a la Ley de Servicios de Tercerización y si su aplicación afecta a la Constitución o a la libertad de empresa. Es un proceso distinto al de la eliminación de barreras burocráticas”, agregó Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea y Toyama.

Toyama agregó que el proceso en el Poder Judicial en sus dos instancias podría tardar hasta fin de año. Stucchi, por su parte, afirmó que el plazo máximo para que se resuelva el procedimiento en dos etapas es de dos años en el Poder Judicial.