El gobierno de Castillo, con sus mensajes y actitud a la inversión privada trajo de inmediato una reducción abrupta de esta variable cayendo a 0,4% el 2022 y desplomándose a -12% en marzo 2023 sumando efectos de protestas y Niño Costero. Así, en el 2022 la tasa de crecimiento económico fue de 2,7% y para el presente año se proyecta en 2,5%. Por otro lado, en el ámbito social, la afección se tradujo en mantener prácticamente el nivel post pandémico de la pobreza alcanzando al 27,5% de la población (1,5% más que el 2021). En la actualidad son 9 millones 184 mil peruanos los que viven en condición de pobreza.
Estos resultados son consecuencia, en parte, del daño causado a las instituciones, lo cual se origina con la precarización del servicio público y la alta rotación de funcionarios del más alto nivel. Por ejemplo, entre julio de 2021 y diciembre 2022, tuvimos 7 jefes de gabinete y 79 ministros de Estado. Esto profundizó el clima no propicio para la ejecución de políticas públicas. A nivel subnacional, el resultado de la gestión pública en el ámbito presupuestal se evidenció en la ingente cantidad de recursos que no se ejecutó. Así, mientras que dicho nivel concentró el 71% del presupuesto para obras (S/46.000 millones) en el 2022, dejó de ejecutar S/16.527 millones. Esto implica, menos obras, menos servicios, y más pobreza.
Otro aspecto que evidencia la ineficiente gestión es la reducida capacidad de prevención de desastres. Con una alta probabilidad de enfrentar un fenómeno de El Niño en el 2024, existe un avance lento en los proyectos de prevención de desastres en los gobiernos regionales y locales de Tumbes, Piura y Lambayeque. Así, a mayo de 2023, dichos gobiernos regionales tienen en cartera solo ocho proyectos de prevención de desastres: Piura (4), Lambayeque (2) y Tumbes (2), cuyo costo agregado asciende a S/ 229 millones, y con una ejecución promedio de 8%, que es menos de la mitad de la ejecución total a mayo de 2023.
Teniendo en cuenta la urgencia de avanzar en la reactivación económica y mejorar los niveles de competitividad y productividad del país, el presente Informe de Competitividad 2023-2024 del Consejo Privado de la Competitividad hace particular énfasis en cuatro factores.
Eficiencia del sector público
Implementar una estrategia integral de intervenciones tempranas para el cierre de brechas de condiciones mínimas y con responsabilidades asignadas en su seguimiento que permita al gobierno gestionar de forma efectiva los conflictos sociales, que a marzo de 2023 se incrementaron en 13 y las protestas en 32, respecto a marzo de 2022.
Factor de infraestructura
Proyectos de alto impacto para aprovechar las economías de escala y el uso de las mejores prácticas internacionales con el objetivo de reducir la elevada cantidad de proyectos atomizados que limitan la ejecución y avance de la inversión. Estos proyectos deberán ser encargados a unidades ejecutoras especializadas —a nivel regional o nacional— que cuenten con las mejores prácticas internacionales y con facilidades para la ejecución. Y es que, cada año existen nuevos proyectos a los previstos en el presupuesto inicial, lo que dificulta la capacidad de gestión de las entidades. En 2022, el 44% del total de proyectos con presupuesto eran nuevos (28.828 de 65.022). También, se propone acreditar a evaluadores y empresas de ingeniería con el objeto de contar con expedientes técnicos de calidad, así como permitir el uso de esquemas de adjudicación ágiles. En cuanto a los proyectos con viabilidad y con PIM para el 2022 (54.578) se observó, en más de la cuarta parte de estos (14.548), retrasos en su ejecución por encima de los 100 días. Y, respecto a los costos sobre viabilidad, en más de la mitad (30.545) se observaron desviaciones del 46%. Al desagregar la información sobre los proyectos con mayores retrasos y sobrecosto, en el gobierno nacional, el sector Educación tuvo el mayor número de proyectos con variación de costo superior al 50% (524) y con retrasos mayores a 100 días (244). A nivel de gobiernos regionales, los gobiernos regionales de Huánuco y Arequipa tuvieron el mayor número de proyectos con retrasos superiores a los 100 días, con 54 y 53 proyectos, respectivamente.
Factor de logística
Diseñar e implementar una Política Nacional Multisectorial de Logística, que articule los objetivos planteados por cada sector y que busque solucionar los problemas que presenta el sistema logístico nacional. Esto responde, en parte, a que el Perú redujo su posición en el Índice de Competitividad Global (de 60 al 65) y de Desempeño Logístico, entre 2012 y 2023, de 60 a 61.
Factor de estabilidad macroeconómica
Priorizar la reducción del incumplimiento tributario mediante la implementación de herramientas de ‘big data’ y analítica avanzada. El sustento radica en las elevadas tasas de incumplimiento del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto a la Renta (IR) empresarial, las cuales ascendieron a 28% y al 33,1%, respectivamente en el 2021, según datos del MEF.
