Gonzalo Ruiz Díaz

Buenos Aires inauguró su primera línea de metro en 1913, cuando era una ciudad de 1,5 millones de habitantes (mh). Santiago hizo lo propio en 1975, con poco más de 3 mh. El Perú recién culminó su primera línea de metro (la Linea 1) en el año 2011, con 9,3 mh. La primera grúa portacontenedores se inauguró en el Perú (El Callao) en el 2009, cuando estas ya eran ampliamente utilizadas en la mayoría de puertos relevantes del Pacífico Sur. Como estos, existen varios ejemplos, de cómo el Perú en los últimos años, ha intentado recuperar el tiempo perdido en mejorar su infraestructura y la calidad de sus servicios públicos.

Reflejo de ello es que el World Economic Forum en su último ranking de competitividad global publicado el 2019, ubicó al Perú en el puesto 88 de 141 países frente al 101 que ocupaba en 2007, en el pilar de infraestructura. Esto sin embargo es insuficiente. Nos mantiene a la zaga de nuestros pares de la Alianza del Pacífico. Hemos avanzado pero queda un largo trecho.

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En un intento por visibilizar la importancia de cerrar las brechas en la provisión de servicios públicos, desde hace algunos años el MEF ha venido publicando planes nacionales de infraestructura, mediante los cuales se plantean metas para un conjunto de proyectos emblemáticos. El último de ellos ha sido el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC 2022-2025) que priorizó 72 proyectos que involucran inversiones por S/147 millones.

Al cierre de 2023, el avance en la ejecución global del PNISC fue de 18,3%. Los sectores que registran mayor progreso son el de electricidad (94,3%), agricultura y riego (30,5%) y transportes (22,5%). Un dato importante es que en el caso del sector transportes, el 37% de la inversión corresponde a un solo proyecto: la Línea 2 del Metro de Lima. En ambiente, hidrocarburos y producción, el avance es nulo.

Agrupando por modalidades de ejecución, son las asociaciones público privadas las que registran un nivel de avance mayor (25%), seguidas por obras por impuestos (21%) y proyectos en activos (14%). En el caso de obras públicas el avance es de 11%.

Estos resultados distan mucho de ser los mejores y demandarán un avance proporcionalmente mayor en los próximos años, si se busca cumplir con las metas del plan. Tengamos en cuenta que, al inicio de este, algunos de los proyectos priorizados ya registraban avances.

La problemática de déficit de infraestructura, sin duda, no se reduce a los proyectos del PNISC y es mucho más amplia, incluyendo por ejemplo obras de prevención y mitigación de desastres, entre muchas otras. En todos estos frentes, los déficits en la capacidad de formulación y ejecución de proyectos, la permisología y, en algunos casos, corrupción, son parte de un diagnóstico ya conocido. Sin atacar eficazmente estos problemas, difícilmente podremos pensar en recuperar completamente el tiempo perdido.

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