(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
/ Víctor Aguilar Rúa
Carolina Trivelli

Las discusiones sobre la informalidad tienden a limitarse a la discusión de temas laborales y tributarios, pero urge -en particular en esta coyuntura- aproximarse al tema desde una mirada complementaria centrada en el bienestar y sostenibilidad de los hogares de los trabajadores informales. Ser informal implica distintas cosas para cada caso. La informalidad esconde diferencias importantes, desde vendedores ambulantes ocasionales hasta pequeñas y medianas empresas con maquinaria, local, trabajadores, pero en general revela situaciones de trabajo precarias: sin contrato, sin continuidad, sin seguridad social, sin compensaciones por tiempo de servicios o vacaciones.

Según el INEI, para el periodo octubre 2022 a setiembre 2023, el 72% de los trabajadores peruanos son informales. La informalidad es mayor en las trabajadoras (74%), en los menos educados (94% entre quienes tienen primaria o menos como nivel educativo), en los más jóvenes (85% entre los menores de 24 años) y en las actividades mayoritariamente rurales -agricultura, pesca, minería- (92% informales) donde hay una alta proporción de trabajo familiar no remunerado.

Para un trabajador, ser informal implica, además de precarias condiciones laborales, una alta volatilidad en sus ingresos. Los trabajos informales tienden a ser estacionales o temporales, suelen terminar sin aviso y no generan ningún tipo de protección al trabajador: si te enfermas o tienes una emergencia, no trabajas y no te pagan. Son empleos donde los trabajadores enfrentan restricciones para desarrollarse y crecer (negocios pequeños o unipersonales, limitadas oportunidades de capacitación y capitalización). Como trabajador informal, se vive al día.

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Es cierto también que los trabajos informales, sobre todo los por cuenta propia, son muy flexibles -aspecto que los hace funcionales para las mujeres pues les permite conciliar la necesidad de generarse ingresos con sus tareas de cuidado-, son también trabajos con ubicaciones convenientes -cerca de las viviendas o en las propias viviendas- y con bajas barreras, y costos, de acceso.

El trabajo informal es incierto y volátil. Un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional encuentra que en América Latina aproximadamente uno de cada cinco trabajadores sufre una reducción de más de 25% en sus ingresos cada año. El porcentaje de trabajadores peruanos que ha enfrentado estas pérdidas sustantivas en sus ingresos (más de 25%) fue de entre 25 y 30% entre 2007 y 2021, por encima del promedio de la región.

Al desagregar estas cifras, el estudio encuentra que quienes con mayor frecuencia enfrentan reducciones importantes en sus ingresos son los trabajadores informales, y dentro de ellos, los autoempleados.

El estudio del Fondo Monetario encuentra también que cuando un trabajador enfrenta una reducción sustantiva en sus ingresos, los ingresos de su hogar también registran una reducción (menor a la del trabajadore afectado, pero reducción en sus ingresos de todos modos). Es decir, los ingresos del resto de los miembros del hogar no logran compensar el shock que sufre uno de sus miembros y con ello todo el hogar sufre las consecuencias. Los hogares no logran constituir esquemas de seguro suficientes ante pérdidas de ingreso. De forma similar, el estudio encuentra que las transferencias sociales -en su mayoría orientadas a personas en situación de pobreza- tampoco logran mitigar los efectos de reducciones en ingresos laborales.

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El Perú, como vimos, es altamente informal y obviamente sería mejor que estos trabajadores fueran formales, pero los procesos de formalización, por definición, son lentos y complejos, incluso en tiempos de alto crecimiento económico. Mientras esperamos oleadas formalizadoras, sean por el lado de la regulación o incentivos del sector público -que requieren intención, recursos y acuerdos políticos sostenidos por largos periodos de tiempo- o por el lado del empuje que podría dar el crecimiento económico, que nos urge recuperar, deberíamos priorizar un esfuerzo de protección social especialmente diseñado para activarse ante eventos adversos y contrarrestar la volatilidad de los ingresos de los trabajadores informales. Esa volatilidad se traduce en más pobreza y en más desigualdad.

Algunos argumentarán que generar programas o esquemas de protección a los informales más vulnerables ante la volatilidad en sus ingresos hará atractivo quedarse en el sector informal, pero velar y contribuir al bienestar de estos trabajadores y sus hogares, en su mayoría en situaciones de pobreza o vulnerabilidad, bien lo vale. El proceso de formalización no puede basarse en penalizar a los trabajadores informales más vulnerables.

Mitigar efectivamente caídas temporales en ingresos de los sectores informales, en particular de los autoempleados, es clave para evitar que dichas caídas temporales se traduzcan en reducciones permanentes en los ingresos de esos trabajadores y sus hogares, y con ello en nuevas situaciones de pobreza.

Hoy, ante la inminente llegada de un Fenómeno El Niño, tendríamos que ya tener listas intervenciones que se activen automáticamente para ayudar a quienes enfrenten las consecuencias negativas del evento climático dotandolos de instrumentos para mitigar su impacto y, sobre todo, para que pasada la emergencia, puedan recuperar sus medios de vida y sus fuentes de ingresos.


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