El estallido social y las intensas lluvias en diversas zonas del país debilitaron la economía peruana: el crecimiento del PBI fue de apenas 0,5% en el primer trimestre del 2023, según estimaciones del IPE. Este resultado equivale a menos de un tercio del avance en el segundo semestre del 2022 (1,8%), y refleja principalmente la pérdida de dinamismo del consumo e inversión del sector privado.
Este bajo crecimiento podría revertirse hacia el segundo trimestre del año en la medida que la menor intensidad de bloqueos favorezca a la recuperación de las actividades que venían sosteniendo el crecimiento a fines del 2022, como la minería. Ello permitiría compensar parcialmente la debilidad del gasto privado, limitado por la lenta recuperación de la confianza empresarial y de los ingresos laborales, que requieren de acciones concretas del Ejecutivo y el Congreso para retomar una senda de crecimiento sostenido.
Demanda en negativo
Los resultados de enero muestran que las protestas y bloqueos afectaron en mayor medida a la demanda interna, que registró una caída anual de 4,3%, el peor resultado de las últimas dos décadas sin considerar el 2020, ante el impacto de la pandemia. Este retroceso se concentró en las zonas del país que tuvieron bloqueos de mayor intensidad. Según cálculos del BCRP, así lo muestran las ventas por comprobantes de pago electrónicos (CPE) en sectores más sensibles a las paralizaciones -como comercio, transporte y restaurantes- que en enero registraron una caída de casi 22% en las regiones más afectadas por interrupciones viales. En cambio, en las zonas menos perjudicadas, el retroceso fue de 0,8%.
Esta caída en la demanda interna proviene principalmente de la contracción de la inversión privada, la cual habría acumulado un retroceso de al menos 10% entre enero y febrero, según estimaciones del IPE.
Con ello, estaría rumbo a registrar uno de sus peores trimestres de los últimos diez años.
Por su parte, la inversión pública ha mostrado un mejor desempeño que en otros periodos de cambio de autoridades subnacionales, impulsado por la ejecución del Gobierno Nacional. Sin embargo, esto será insuficiente para compensar las menores inversiones del sector privado.
El menor dinamismo de la inversión privada limitará la recuperación de las condiciones laborales, lo que continuará afectando a la ya deteriorada capacidad adquisitiva de los hogares. Al trimestre móvil noviembre 2022-enero 2023, los ingresos de los trabajadores formales se han reducido 6,4%, en términos reales, respecto al mismo trimestre móvil de 2019, caída que es casi el doble para los trabajadores informales.
Contrapeso minero
Luego de una caída de 3,6% en enero provocada por los conflictos sociales, la actividad minera se recuperó en febrero al crecer 2,5%, impulsada por la mayor producción de cobre y hierro, y soportó el crecimiento del PBI. Esta tendencia se habría mantenido en marzo, tal como muestra el incremento de 8,5% en la demanda minera de electricidad, el mayor ritmo desde diciembre pasado.
Con este mejor desempeño, y en un escenario de menor conflictividad, la minería será el principal motor de crecimiento en el segundo trimestre. Este avance resultará de la producción de nuevas minas como Quellaveco y de yacimientos que estuvieron paralizados por conflictos durante entre abril y junio del año pasado. Por ejemplo, en mayo del 2022, la producción de cobre se contrajo 11,2%, casi en su totalidad por la paralización de Las Bambas y Cuajone, minas que representan en conjunto un quinto de la producción nacional de este metal.
En un contexto de precios de los metales mayores a los registrados al cierre del 2022, una recuperación de la producción minera se traducirá en mayores ingresos fiscales. Este resultado reafirma la relevancia que tiene la minería en las finanzas públicas, más aún en un contexto de mayores demandas de gasto público para atender las consecuencias de los desastres naturales que vienen afectando a diversas regiones del país.