En los próximos días se debatirá y aprobará la Ley de Presupuesto Público 2024 en el Congreso, el cual asciende a S/241.000 millones. Un tercio de dicho monto está destinado al pago de remuneraciones, las cuales se han incrementado considerablemente en el último año debido en gran parte a aprobaciones de gasto del Congreso sin la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En un contexto de desaceleración económica donde los ingresos públicos vienen cayendo 12% en lo que va del año, estos aumentos pueden representar un alto riesgo para la salud fiscal del país. Además, si no resultan en una mejor calidad del servicio, son en realidad medidas populistas.
Riesgos fiscales del populismo
El monto asignado a remuneraciones en la Ley de Presupuesto Público 2024 asciende a S/79.000 millones, S/5,6 mil millones más en términos reales que en el 2023, marcando el mayor incremento en 10 años. Dos tercios de dicho aumento (S/3,7 mil millones) corresponden a medidas propuestas desde el Congreso, como mayores compensaciones al personal de salud (S/1,2 mil millones) y la incorporación del total de la remuneración en el cálculo de la CTS de los docentes (S/856 millones).
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Además, en el último año el Congreso ha aprobado otras cinco normativas cuyo costo fiscal asciende a S/1,1 mil millones y que aún no han sido incorporadas al presupuesto 2024. Asimismo, se encuentra pendiente la implementación de la Ley 31495, que dispone el pago de la bonificación por preparación de clases sin la exigencia de sentencia judicial que determine si corresponde, cuyo impacto sobre el fisco asciende a S/40.000 millones al año. Ello equivale a más de la mitad del presupuesto para remuneraciones del 2024 o casi 10 veces el monto programado este año para atender la emergencia por el fenómeno de El Niño.
Si este tipo de medidas no vienen acompañadas de una mejora del servicio, no solo son populistas, sino que ponen en riesgo la estabilidad fiscal del país. Ello es particularmente grave en un escenario de contracción de la economía y caída sostenida de los ingresos públicos, eventos que no coincidían en un mismo año desde 1998, sin considerar la pandemia. Además, los aumentos aprobados sin una adecuada justificación limitan los recursos de otras estrategias claves. Por ejemplo, con el incremento en remuneraciones de S/3,7 mil millones en el presupuesto 2024 impulsado desde el Congreso, se podría financiar casi dos veces el programa alimentario Qali Warma.
Radiografía de las remuneraciones. (Infografía:GEC)
Sin mejora en servicios
Las políticas de incremento salarial en el país no han sido acompañadas de mejoras concretas en indicadores de servicios.
En el sector educativo, la remuneración íntegra mensual para docentes nombrados casi se ha duplicado entre el 2016 y 2023. Considerando una jornada de 40 horas semanales, esto se traduce en un incremento del salario mensual de S/2.073 a S/3.800 en la escala más baja, sin incluir ingresos adicionales por asignaciones, incentivos y beneficios de ley. Esto representa un incremento en las remuneraciones docentes de 42% en términos reales, pero no se ha reflejado en una mejora de los indicadores de rendimiento educativo. Según el Ministerio de Educación, entre el 2018 y 2023, el porcentaje de estudiantes de segundo de primaria con rendimiento académico satisfactorio en lectura ha permanecido estancado en torno al 28%, y en matemáticas descendió de 15% a 12%. Estos resultados se dan en un contexto de suspensión de clases presenciales durante dos años debido a la pandemia de COVID-19, y de retrasos y fuertes cuestionamientos a las evaluaciones a docentes en los últimos años.
En el sector salud, los incrementos progresivos en el salario de profesionales de salud desde el 2017 han sido importantes. Por ejemplo, el salario promedio de un médico habría experimentado un aumento de entre 16% y 46% en términos reales en los últimos seis años, considerando el aumento salarial previsto para diciembre del 2023, mientras que el de otros profesionales de la salud habría registrado un aumento real de alrededor de 60%. Sin embargo, esto no se ha traducido en mejores niveles de servicio en salud. Por ejemplo, la tasa de anemia infantil ascendió a 44% en el primer semestre del 2023, un nivel similar al del período 2015-2018. Además, estos resultados se dan en un contexto donde persisten los problemas en el acceso efectivo a estos servicios desde el primer nivel de atención.
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Así, no es difícil explicar la caída en el porcentaje de la población que se muestra satisfecha con al menos dos servicios públicos (carreteras, educación o salud), que ha disminuido de 35% en el 2018 a 24% en el 2023, según cifras de Ipsos y Lapop. En dicho período, la población satisfecha con la calidad de las escuelas públicas cayó de 45% a 32%, mientras que la satisfacción con los servicios médicos y de salud públicos disminuyó de 31% a 20%.
La falta de correlato en la mejora de los indicadores sociales confirma lo populista de las medidas y perjudica la sostenibilidad fiscal. Esta situación se agrava con los crecientes gastos en negociaciones colectivas, que se estiman en S/1.413 millones para el 2023, con el riesgo de elevarse en los próximos años. Además, según información recogida por el MEF, en el Congreso se discuten proyectos con un impacto fiscal potencial de cerca de S/32.000 millones anuales equivalentes a seis veces el presupuesto 2024 para la atención de emergencias por desastres. Casi un cuarto de dicho monto (S/7,4 mil millones) corresponde a nuevo gasto fiscal para remuneraciones en el sector educación. Estas cifras destacan la urgente necesidad de evaluar las implicancias fiscales de las iniciativas legislativas en cartera y evitar su aprobación.
Conclusiones
En general, los incrementos remunerativos deberían ir siempre acompañados de mejoras en los niveles de servicio. Sin embargo, cuando están basados en criterios populistas, no solo debilitan el equilibrio fiscal, sino que también limitan los recursos que pueden ser destinados a políticas más efectivas, además de que no resuelven los problemas que padece el ciudadano. En un contexto de estancamiento económico y un presupuesto propuesto a partir de una proyección aún optimista del desempeño de la economía, es prioritario que la discusión sobre el presupuesto del 2024 sea técnica, amplia, transparente y responsable, pensando siempre en el bienestar del ciudadano.
