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El Ejecutivo ha dado indicios de querer incrementar la Remuneración Mínima Vital (RMV) para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo que enfrentan los peruanos. Sin embargo, esta medida no solo beneficiaría a un grupo muy reducido de la población, sino que aumentará las barreras de ingreso a empleos formales. Si el objetivo es proteger a los de menores recursos, los esfuerzos de política deben orientarse a impulsar la inversión privada y a hacer competitiva la regulación que impide la generación y el acceso a trabajo de calidad.
Alto incumplimiento
En efecto, los salarios reales no han regresado a sus niveles prepandemia al verse afectados por el menor dinamismo económico y la alta inflación. Al cierre del 2023, los ingresos de los trabajadores formales de la capital se mantienen 7% por debajo de lo registrado en el 2019, y la caída es de 9% en el caso de los informales.
Sin embargo, una medida como el incremento de la RMV solo exacerbará las brechas salariales y de acceso a empleos de calidad. Según cálculos del IPE, un potencial aumento beneficiaría a apenas el 2% de trabajadores del país, principalmente en empleos formales dependientes. Por lo tanto, este ajuste solo protegería a un pequeño grupo de formales frente a la inflación, mientras que más informales continuarían desprotegidos.
Prueba de esto es que la RMV se incumple largamente en el país. Por ejemplo, en sectores altamente informales (como el agro, comercio, hoteles y restaurantes), más del 30% de trabajadores dependientes percibe ingresos menores al salario mínimo. Dicho porcentaje asciende a 46% para los trabajadores de las microempresas, donde se concentra más de la mitad de la fuerza laboral.
Barrera a la formalidad
El incremento del salario mínimo provocará mayores rigideces – de por sí bastante altas – en el tránsito de trabajadores desde la informalidad hacia empleos formales. Entre el 2018 y 2022, solo el 8% de trabajadores informales logró transitar hacia la formalidad de un año a otro, mientras que el 89% se mantuvo en la informalidad. Los más afectados serían los jóvenes cuyo primer empleo se da en la informalidad debido a que enfrentan una mayor probabilidad de quedarse en esa condición, de acuerdo con Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade.
El alza de la RMV impone también mayores barreras a la formalización de los trabajadores de menores ingresos. Asumir los costos de la formalidad para este grupo implica el descuento de contribuciones obligatorias al sistema previsional, la desafiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) y la pérdida de transferencias de programas sociales. Según un estudio del BID, para los trabajadores informales del 20% de la población con menores ingresos en el Perú, los costos de la formalización representan el 101,8% de sus salarios en la informalidad, lo cual la convierte en una opción inviable. Esta proporción es más del triple del promedio registrado en el resto de la población de mayores ingresos.
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Propuestas
De acuerdo con la OCDE, el Perú debería adoptar salarios mínimos diferenciados según edad o regiones, para facilitar que trabajadores jóvenes y poco calificados en zonas rurales accedan a empleos formales. Frente a las barreras de formalización en hogares de menores recursos, la OCDE plantea una reducción de las contribuciones sociales para trabajadores de bajos ingresos, a través de regímenes laborales con tasas de aporte progresivas en función a los salarios.
La discusión de estas reformas requiere consensos políticos que han sido recurrentemente esquivos en instancias como el Consejo Nacional de Trabajo. Bajo este contexto, la mejora del empleo y recuperación de los ingresos dependerá principalmente de la capacidad de la política económica para revertir la persistente caída de la inversión privada, que acumularía siete trimestres en negativo a marzo de 2024.
Frente al alza de la RMV, las autoridades deberían recordar que los salarios no se incrementan por decreto, sino con políticas que eleven la productividad de los trabajadores, las cuales aparentemente se encuentran ausentes en las prioridades del Ejecutivo y el Congreso.
