El 2023, año en el que los precios de los alimentos y la energía seguirán relativamente altos, podría ser también escenario de mayores exigencias sociales como subsidios o transferencias. Sobre este y otros temas relacionados al reporte “Perspectiva de los Coberanos de América Latina y el Caribe para 2023″ hablamos con Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s Investor Services.
—Se espera un crecimiento más lento para la región en general para este 2023, un 2,7% según sus cálculos. Habrán, además, mayores costos financieros. ¿Qué panorama esperar teniendo en cuenta que el costo de vida continuará alto este año?
Esperamos un panorama un poco más complicado desde el punto de vista de políticas públicas para los gobiernos de Latinoamérica, en donde si bien el aumento en los precios de alimentos y energía se está desacelerando, [los precios] siguen siendo relativamente altos y esto puede llevar a que la población exija mayores subsidios, mayores transferencias. Esto, en el contexto de elevados costos de financiamiento, le resta espacio fiscal a muchas de estas economías. Es por eso que vemos un panorama un poco movido por la parte social. Las demandas sociales van a seguir. Va a ser persistente este escenario donde las demandas sociales también pueden llevar a presionar la parte política, los resultados de las elecciones en estos países. Es, en general, un escenario un poco más moderado. [Pasamos] del crecimiento elevado que vimos postpandemia en muchos países, a un escenario un poco más tenue, con la economía global también desacelerándose, yn general viendo un mix de políticas públicas bastante complicado por todos los ‘trade offs’, los límites que tienen las políticas públicas y las finanzas públicas para lidiar con todas estas presiones.
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—¿En qué países tendrán mayores demandas sociales? ¿Perú, Argentina, Colombia?
Sin duda en Perú, lo estamos viendo con las protestas. Hemos visto también algo de movimiento social en Ecuador y en general, en toda la región. Las presiones sociales persisten e incluso en economías un poco más desarrolladas, como Chile y también en Colombia, donde en realidad se ha podido mitigar mucho del impacto fiscal de estas demandas sociales
conforme hemos tenido buenos y elevados términos de intercambio que han sido favorables para estas economías. Pero ahora, con la desaceleración global, veríamos los términos de intercambio no tan favorables. Y, por otro lado, mayores presiones, mayor costo, mayores ‘trade offs’ que van a tener que hacer los gobiernos.
—En el caso del Perú dependemos mucho del cobre. El precio se estabilizaría este año dada la menor demanda de China.
Esa es la parte incierta. Por un lado, muchos de los pronósticos ven una ligera aceleración del crecimiento en China de este año con respecto al año pasado, debido a que ha habido un cambio en la política contra el Covid-19 en China. El gobierno está más en favor eliminar las cuarentenas, lo que debería de impulsar un poco la actividad económica. Pero, por otro lado, también vemos que una menor demanda externa respecto al crecimiento global de las economías avanzadas también impactaría a China. Entonces, el efecto neto es tal vez una ligera aceleración en China, pero en general menor demanda global ante los minerales y ante los energéticos.
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—Mencionó que las demandas sociales van a restar espacio fiscal a los gobiernos de Latinoamérica. ¿Qué significa restar espacio fiscal?
Lo que implica es que estos gobiernos van a tener que hacer más con menos recursos, y eso es algo de lo que hablamos en el reporte (Perspectiva de los Coberanos de América Latina y el Caribe para 2023). La eficiencia del gasto es algo que se tiene que enfatizar. Venimos de dos años en los que los ingresos fiscales han estado muy fuertes y han venido por encima de lo presupuestado para casi todos los países de la región. Eso les ha dado [a los gobiernos] mucho espacio fiscal para poder alimentar el gasto, para poder mitigar algunas de las presiones sociales. Pero, eso lo vemos ya acabándose este año y a raíz de eso, si uno no tiene mayores ingresos ante crecientes presiones de gasto, los gobiernos o buscarán contraer un poco el gasto para mantener el equilibrio fiscal, o van a tener que buscar formas de ser más eficientes con su gasto. Esto les afecta a los ciudadanos de a pie de manera muy directa. Si los gobiernos se ven forzados a hacer ajustes fiscales, eso pueden ser muy dolorosos. Pueden llevar a cortes en programas sociales, en todo tipo de gasto.
—Una afectación directa a la inversión pública, en buena cuenta.
Es típicamente la variable de ajuste que más se utiliza. Cuando los gobiernos ven que el panorama de ingresos está complicado, y que las presiones de gasto se acrecientan, la variable que típicamente sufre, que es la más fácil de ajustar, es el gasto de inversión pública.
En cierta parte eso es bueno porque uno tiene la flexibilidad de cortar ese gasto, pero al mismo tiempo es malo en el largo plazo porque no se está invirtiendo en infraestructura, no se está invirtiendo en el gasto que te ayuda a crecer a futuro. Entonces, viendo que la inversión pública puede ser una de las víctimas si es que no se aumenta la eficiencia del gasto, eso sin duda va a golpear el potencial de crecimiento de muchas de estas economías de mediano plazo. Y si es que eso es insuficiente para tratar de preservar los equilibrios fiscales, ahora que los gastos de intereses de financiamiento están aumentando, puede ser que se den otros cortes en otros tipos de gasto.
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—Dados los altos costos de los intereses de financiamiento, ¿la inversión privada en Latinoamérica también se vería afectada?
Así es, exactamente. La inversión privada en general, la inversión total en todas estas economías de Latinoamérica, va a estar por debajo del promedio de lo que vimos del 2010 al 2019, la década prepandemia, cuando vimos una aceleración importante de la inversión.
—En el caso peruano, la proyección de inversión privada para este año se mantiene en 0% según el Banco Central de Reserva. ¿Su proyección es distinta?
Estamos prácticamente en lo mismo. Estábamos esperando una contracción de la inversión privada el año pasado, viene un poquito más fuerte de lo esperado. Y, estábamos esperando originalmente una expansión de la inversión privada, una pequeña recuperación este año, pero ahora con el ajuste de nuestra proyección de crecimiento a 2,3% para la economía peruana, vemos a la inversión [privada] efectivamente nula, [pero] todavía no contrayéndose. Eso, de manera muy preliminar, porque también estamos observando las protestas y si eso puede tener un impacto negativo en la confianza económica del sector privado del Perú.
—Según el reporte, Moody’s observa al turismo como un sector muy golpeado en Latinoamérica. En el Perú, por las protestas, se agudiza la situación precaria de este sector económico. ¿Cuentan con una proyección sobre la recuperación del turismo en el Perú?
El sector turismo venía muy golpeado de la pandemia. Vino una época de recuperación que también hemos visto en muchas otras economías de la región. En algunas economías, sobre todo en las islas del Caribe, se está recuperando de forma más fuerte. En el Perú todavía la recuperación era lenta. Pero naturalmente, con el contexto de las protestas, ya hemos visto casos donde teníamos a turistas americanos varados en el Cusco. Eso ha generado bastantes titulares negativos que van a ser muy disuasivos. El sur es el bastión donde típicamente se mueve mucho más turismo. Por eso, vemos que el sector va a estar sin duda golpeado este año. No tanto por la desaceleración global, porque en otros países sí estamos viendo una continua recuperación del turismo a despecho de la desaceleración global. En el caso específico del Perú, a raíz de estas protestas, se va a ver afectado el sector turismo y eso va a afectar también los ingresos de los pequeños empresarios ligados a este sector.
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—¿La recuperación podríamos esperarla en el 2024 o más bien el 2025?
Creo que va a depender mucho de qué es lo que pasa en el ámbito político y qué es lo que pasa en el ámbito social. La incertidumbre que genera el proceso electoral, que muy probablemente se va a estar dando este año y a principios del próximo año, nos diría que no veríamos muchas inversiones muy fuertes en el sector turismo. Pero, en cuanto a recepción de turistas, eso sí va a depender mucho más de las protestas y de cómo se vaya normalizando la situación.
—¿Ven algún riesgo en otro sector de la economía peruana?
En general, cuando se dan estos procesos electorales se ve afectada la inversión privada. Eso ya lo hemos incorporado en esta proyección, muy similar a la del Banco Central de la inversión privada nula. Pero, sí vemos algunos riesgos a la baja. Casi todos los sectores ligados al movimiento de la inversión privada típicamente se frenan cuando tienes un proceso electoral hasta que por lo menos se determinen quiénes son los candidatos, cuáles son las propuestas. Es un año complicado. Hablar del tiempo de la recuperación tal vez es un poco prematuro en este momento, tendremos que ir viendo.
—En su última entrevista para El Comercio, comentó que el Perú tiene cuentas fiscales sólidas. ¿Ese panorama ha cambiado?
Ha cambiado en el margen, sí. Hemos visto con preocupación lo rápido que se desataron las protestas, lo coordinadas que están y lo persistentes que son en cuanto al efecto que pueden tener sobre las demandas sociales de mayor gasto y el posible riesgo al equilibrio fiscal y al equilibrio económico del país. Esto, no tanto por el impacto directo de las protestas, sino por el impacto indirecto respecto a generar mayor apetito por candidatos antisistema o candidatos que no sean favorables al mercado, o que tengan una agenda de política pública más radical. Eso nos ha causado algo de preocupación y vemos la situación con un poco más de cautela. Seguimos estudiando a dónde puede desembocar todo esto. No creemos, todavía no es nuestro escenario base, que esto lleve a un llamado para una Asamblea Constituyente aunque hay sectores dentro del mismo Congreso que insisten con esta idea que la mayoría de la población rechaza.
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—¿No hay por el momento, entonces, un cambio en la calificación crediticia del Perú?
Por el momento no, pero sí hay presión sobre la perspectiva. Se ha considerado una perspectiva negativa, pero en este momento seguimos observando para saber cuál es el desenlace y tener un escenario central que incorpore todas estas variables que todavía se siguen moviendo y que nos dicen que muy probablemente el crecimiento de mediano plazo se va a ver afectado. ¿Qué tanto? Nuevamente, dependerá del desenlace político y si es que efectivamente nos vamos a elecciones en abril del 2024.
—Con todo esto, ¿será el 2023 un año más retador económicamente que el 2022?
Para el Perú, si uno ve los números, sí, porque vemos un escenario externo menos favorable. Lo curioso es que en el 2022 teníamos un escenario externo más favorable, pero internamente el ruido político, la volatilidad política y la estabilidad era tal, que era muy disruptivo para la actividad económica. Ahora parecería que las cosas se empiezan a invertir, el panorama externo está un poco más complicado y el panorama interno, tal vez debería estar un poco mejor, pero todavía no hemos salido del periodo de incertidumbre. La confianza empresarial repuntó un poco en diciembre, lo cual fue una buena señal y nos dice qué tanto estaba afectada de forma negativa por el gobierno anterior, y claramente tenía un problema muy grave en cuanto a su ejecución de políticas públicas, en cuanto a su comunicación y en general, en cuanto a la capacidad de operar. Uno esperaría que el gobierno que venga sea mejor. Incluso, este mismo gobierno de transición de la presidenta Boluarte debería de tener un nivel de capacidad mucho mejor para tratar de anclar la conciencia empresarial. Estamos en un momento bastante complejo para el Perú. En la superficie sí es un año un poco más complicado, pero no debería de serlo si es que el orden público se restablece.