La larguísima historia de la liquidación de Doe Run Perú, la empresa minero-metalúrgica más famosa del país, llega finalmente a su conclusión.
Después de trece años de fallidos intentos a cargo de seis liquidadores concursales, la empresa Consultores A-1 ha logrado lo impensable: vender la mina Cobriza (al Grupo Dyer) y entregar el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) a sus trabajadores.
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Héctor Iriarte, gerente general de Consultores A-1, revela que solo falta “quebrar la empresa y dar por cerrado el caso”, lo cual se conseguirá “en 6 u 8 meses más”. Esto, a pesar de algunos obstáculos en el camino.
—¿La venta de la mina Cobriza ya está completamente cerrada?
Eso está oleado y sacramentado.
—Sin embargo, Doe Run Cayman intentó bloquear la venta en la última Junta de Acreedores. Entendemos que no lo consiguieron.
Efectivamente. Doe Run Cayman (Grupo Renco), acreedor con posición de dominio, convocó a la última Junta de Acreedores con el fin de impedir que se apruebe la venta de Cobriza. Pero ésta ya estaba cerrada. Es un hecho consumado que no se puede evitar. Sin embargo, Cayman aún puede recurrir al Poder Judicial.
—¿Podría recurrir al Poder Judicial?
Sí, pero estas instancias judiciales duran 15 o 20 años, y creemos que eso no va a prosperar porque tenemos sustento legal.
—¿Qué es lo que Cayman objeta o reclama?
Eso hace falta explicarlo. El Convenio de Liquidación nos daba un plazo de cuatro meses para que consiguiéramos un comprador para Cobriza, con tres requisitos: Que pague US$19,6 millones por la mina además del IGV. Segundo, que recontrate las tres últimas planillas. Y tercero, que continúe con la operación de la mina.
—¿Ustedes cumplieron con esos requisitos?
Pasó que conseguimos un comprador, pero Cayman lo desaprobó. Dos meses después conseguimos no uno, sino dos postores que ofrecían ofertas más altas, y Cayman tampoco los aprobó. Se vencían entonces los cuatro meses y nuestra interpretación fue que no nos podíamos quedar de brazos cruzados. Nosotros habíamos cumplido con lo que nos pidió la Junta de Acreedores, pero el plazo ya se había vencido y el convenio no decía qué hacer después de esos cuatro meses.
—¿Entonces procedieron a seguir con la venta?
Entonces, nosotros, como liquidadores nombrados por Indecopi, decidimos continuar con el proceso de liquidación porque eso es lo que dice la Ley Concursal: que debemos liquidar los activos para pagar a los acreedores. Pero Doe Run Cayman no tiene esa interpretación. Ellos dicen que, vencidos los cuatro meses, nosotros teníamos que cumplir con el candado que nos imponía el convenio.
—En cuyo caso Doe Run Cayman podía seguir vetando todos los procesos de venta indefinidamente.
Por supuesto. Hasta que el Estado Peruano les traiga sus juicios del extranjero al Perú. Eso es lo que buscaban: seguir teniendo la posición de dominio que han tenido en los últimos doce años.
—¿Se refiere a los juicios por los ‘niños de plomo’ que se ventilan en EE.UU.?
Son dos juicios. El primero es por la contaminación de los niños de La Oroya. Y el segundo es el que Cayman está haciendo al Estado Peruano porque, a su juicio, éste les ha expropiado la refinería y la mina. Lo que ellos piden es que el Gobierno traiga esos juicios al Perú. Uno puede entender por qué.
—¿Eso es por qué la justicia peruana es más laxa que la de EE.UU.?
Tú mismo lo has dicho.
—¿Ahora Cayman ya no tiene esa herramienta para presionar al Gobierno?
Lo que hemos hecho con esta venta ha sido: primero, quitarle presión al Gobierno; segundo, cumplir con los acreedores; y, tercero, arreglar un problema que tenía trece años. Mientras tanto, nosotros seguimos viendo el tema de Doe Run, porque todavía no acaba.
LA DEUDA CONCURSAL
—¿Qué falta para terminar la liquidación de Doe Run Perú?
Lo que falta es pagar la deuda concursal. Tenemos que juntar todo el dinero disponible, el cual va a provenir de un fideicomiso del Ministerio de Energía y Minas, el cual asciende a US$20 millones, y de unas garantías que vamos a recuperar por US$6 millones. Esos US$26 millones van a ser repartidos por prorrateo a los acreedores laborales, como lo manda la Ley Concursal. Eso es lo que continua.
—¿Qué va a pasar con los demás acreedores, me refiero a los ex proveedores y clientes de Doe Run Perú?
Lo que estamos haciendo como liquidadores es pagar lo que nos compete a la fecha de nuestra labor, conforme a lo que nos dicta la ley. No podemos pagarle a una empresa antes que a un trabajador.
—¿Qué medidas pueden tomar las empresas?
Bueno, DQM (proveedor de procedencia danesa) se ha pronunciado diciendo que nosotros estamos cometiendo un delito. Y eso no es cierto. Lo que pasa es que ellos tienen un arbitraje contra Doe Run Perú en la Cámara de Comercio de Lima (CCL), donde un árbitro ha manifestado que nosotros deberíamos congelar nuestros fondos en beneficio de ellos. Pero hemos apelado esa decisión. En pocas palabras, el litigio no finaliza y, por tanto, yo puedo seguir haciendo lo que tengo que hacer.
—¿Procederán a pagar a los trabajadores primero, entonces?
Sí. Pero ahora hemos descubierto que uno de los árbitros de DQM ha sido abogado de Doe Run Perú hace muchos años. Por eso, estamos rebatiendo su pronunciamiento porque tendría intereses en el proceso y habría debido de inhibirse. Eso le hemos dicho a la CCL, y lo han aceptado. Entonces, como el litigio sigue adelante, no estamos impedidos de pagar a los trabajadores. Y eso es lo que vamos a hacer hasta que DQM presente una sentencia judicial ordenando que congelemos los fondos.
—¿Sólo falta pagar la deuda concursal?
Lo que tenemos que hacer es recuperar los US$26 millones para pagar la deuda concursal. Luego ver el tema de DQM. También varias medidas cautelares que han presentado algunos trabajadores. Y lo último será quebrar la empresa y dar por cerrado el caso. Creemos que esto lo vamos a hacer en 6 u 8 meses más.
DACIÓN EN PAGO
—¿Y qué hay de la dación en pago del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO)?
La dación en pago (a los trabajadores del CMLO) la hemos dividido en cuatro contratos que hemos presentado en diferentes fechas. Y debo informar que el correspondiente a las concesiones ya ha sido validado por registros públicos y está en poder de los trabajadores. Los otros tres deben estar definidos en unos 20 días. Así que para entonces ya podemos decir que, finalmente, el CMLO pertenece a sus trabajadores.
—¿Cuántos trabajadores serán beneficiados?
Son 1.200 acreedores laborales.
—¿Ellos ya están trabajando en el CMLO?
Están buscando inversionistas, porque tienen un plan para reactivar, primero, la planta de zinc. Pero nosotros ya les hemos entregado el CMLO.
—Es el cierre final a un proceso que ha durado trece años.
Y posiciona a Liquidadores A-1 como la mejor consultora en temas concursales del Perú. Tanto es así que nos están llamando de otras entidades privadas y públicas para liquidaciones bastante grandes. Esa era nuestra finalidad al tomar el encargo de liquidar a Doe Run Perú.
—¿Qué liquidaciones les han ofrecido?
No lo puedo decir, pero son grandes. En su momento los vamos a dar a conocer al público.