El Ejecutivo estaría trabajando una norma para reestructurar la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), y esta intención habría originado la renuncia del superintendente, Jesús Baldeón, quien presentó el último miércoles su carta de dimisión al cargo a la aún ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Betssy Chávez. Asimismo, han renunciado otros altos funcionarios de la entidad.
Juan Carlos Requejo, exsuperintendente de la Sunafil, anotó que hablar de reestructuración es un exceso y no es aplicable a una institución que ha entrado en un proceso de franco fortalecimiento desde el 2018, para lo cual se había empezado a dotar de herramientas.
“La mejor manera de apoyar el sistema de inspección laboral es seguir fortaleciéndolo y dotando de inspectores e invertir en nuevas tecnologías y no poner ´parches´ sin mayor sustento técnico”
Juan Carlos Requejo, exsuperintendente de la Sunafil
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Además, afirmó que una noticia como la renuncia de toda la plana directiva de la Sunafil no ayuda a fortalecerla, porque lo que se debe buscar es reducir la conflictividad laboral y social que permita mejorar la competitividad del país.
La también exsuperintendente de la referida entidad, Sylvia Cáceres, explicó que en un primer momento se entendió que la intención del MTPE era fortalecer a la Sunafil, pero luego se aludió a una reestructuración, proceso del que se tiene todavía muy pocos detalles.
Para Cáceres hay dos líneas que deben priorizarse a fin de fortalecer la entidad: desalentar la informalidad laboral y prevenir accidentes laborales, gestionando riesgos.
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Señaló que lo que debe abordarse, tanto en el sector privado como en el sector público, es la gestión de riesgos laborales. “No se puede ignorar que existen riesgos laborales no gestionados en el sector público y no comparto la idea que abordar este tema represente un gasto para el Estado”, añadió.
Ricardo Herrera, socio principal del Estudio Muñiz, agregó que para fortalecer la entidad se debe complementar la presencia nacional y la contratación de inspectores. Una reestructuración, dijo, supondría un cambio en sus estructuras que solo se puede hacer por ley.
“Reestructurarla me parece peligroso y puede dar pie a interferencias políticas”, añadió.
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Para el laboralista es necesario que se siga consolidando el Tribunal de Fiscalización Laboral, ente que revisa las decisiones de la Sunafil, muchas veces cuestionadas, y consideró que debe haber una reglamentación de las multas que permita establecer pautas de proporcionalidad.
“Existen casos donde las multas para las medianas empresas llegan a ser de seis dígitos y pueden ser desestabilizadoras en cuanto al capital con el que trabajan las compañías, dando lugar a que puede terminar quebrando”, explicó.
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Fiscalización pública
De otro lado, desde la bancada de Perú Libre se presentó un proyecto de ley que propone que la Sunafil sume a sus funciones la fiscalización de trabajadores del sector público (que hoy se encuentra bajo el ámbito de Servir). De esta manera, se sancionaría al funcionario estatal por una infracción laboral, tal y como sería sancionada una empresa del sector privado.
En este sentido, Requejo señaló que la fiscalización en el sector público tiene otro tipo de alcance y consideraciones porque, mientras que en el sector privado son las empresas las que deciden invertir en sus trabajadores, en el sector público la asignación de recursos no depende de las entidades.
“¿Qué hacemos aplicándole multas a un funcionario que tiene que cumplir con la norma, pero [al que] no se le ha asignado los recursos?, no tiene sentido”, anotó.
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Asimismo, explicó que se debe tener en cuenta que asumir una planilla del sector público significa integrar a más de 1,5 millones de trabajadores y ya la Sunafil tiene bajo su ámbito fiscalizar 4,5 millones de trabajadores en la planilla electrónica. Con esto, se sumaría un tercio más sin que se les haya otorgado más inspectores, anotó.
Si bien Herrera se encuentra de acuerdo con que la Sunafil pueda fiscalizar el cumplimiento laboral del Estado en otros regímenes laborales (como el del contrato Administrativo de Servicios-CAS), anotó que no basta con un Decreto Supremo sino con un cambio de la Ley General de Inspecciones.
Sin embargo, no considera correcto responsabilizar a un funcionario por una infracción laboral ya que la responsabilidad la tiene el empleador con quien tiene una relación contractual.
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Empleo
El laboralista señaló que el Gobierno tiene aún una tarea pendiente en cuanto a la recuperación de puestos de trabajo. Sin embargo, se sigue enfocando en legislar para minorías cuando existe un universo de trabajadores por formalizar.
“No vemos políticas de Estado para promover el empleo y ensanchar la base de trabajadores formales y seguimos fiscalizando a los mismos formales, que cada vez son menos. Se deben centrar en generar condiciones económicas y normativas para que se generen más puestos de trabajo de calidad para que las personas cuenten con mínimos derechos laborales”, anotó.
La Sunafil es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable del promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas laborales. Inició sus funciones en abril del 2014.