La sequía y su impacto en la agricultura y la seguridad alimentaria

Entre agosto y noviembre pasado, parte importante del territorio nacional atravesó por una etapa que –de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi)– se denomina déficit hídrico; es decir, aquella situación en la que la oferta de aguas superficiales no satisface ni al 25% de las necesidades de los usuarios. Esta escasez de agua, debido principalmente a la ausencia de lluvias, afectó la vertiente del Pacífico, así como la sierra central y sur del país. En la sierra, en realidad, la menor disponibilidad de agua ya había empezado desde mayo. Según el Ministerio de Agricultura (Midagri), octubre pasado fue el mes más seco registrado en el país en los últimos 58 años, y los departamentos más afectados fueron: Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Puno.

De acuerdo con el seguimiento de las intenciones de siembra para seis cultivos priorizados que realiza la Dirección de Estudios Económicos del Midagri, durante el período agosto-octubre del 2022 las siembras realizadas fueron –en promedio– 6,0% menores que las que se registraron en las cinco campañas previas de años anteriores. En orden de importancia, los cultivos que explican esta caída fueron la quinua (-30,5%), la papa (-12,1%), el maíz choclo (-6,6%) y el arroz (-4,9%), que en conjunto explican más de 40.000 hectáreas en el ámbito nacional que se compensan, en parte, por mayores siembras de otros cultivos. Esta situación de menores siembras puede, sin embargo, revertirse en los próximos meses en tanto se ha observado desde la segunda semana de diciembre que las lluvias han empezado a presentarse con regularidad y los pronósticos del Senamhi para los próximos meses es que estas estarán por encima de los niveles observados en años anteriores.

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Por otro lado, el sector pecuario ha sido perjudicado debido a que el retraso de las lluvias ha generado también menor disponibilidad de pastizales, especialmente en la sierra sur. La escasez de pastos y agua habría afectado a las alpacas en estado de gestación y, según el Midagri, habrían sucedido casi 300 mil abortos debido a esta circunstancia específica. Ante la ausencia de políticas agrarias en el período de Castillo, la ministra del sector, Nelly Paredes, ha planteado ante la Comisión Agraria del Congreso de la República que la acción prioritaria del Midagri en los próximos meses debe centrarse en la tecnificación del riego, sobre todo en la sierra; en promover la simplificación administrativa para la promoción de inversiones públicas y privadas; en el fortalecimiento de las juntas de usuarios; y en el diseño e implementación de mecanismos de retribución de servicios ambientales en las cuencas altas (vinculadas principalmente a la siembra y cosecha de agua). De la misma manera, ha anunciado un bono adicional al fertibono orientado a compensar a los agricultores y ganaderos perjudicados por la sequía.

Es importante mencionar, sin embargo, que estas medidas deben venir acompañadas por, al menos, dos medidas complementarias. La primera tiene que ver con una reestructuración de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que implique su fortalecimiento técnico e institucional. En esa línea, sacarla del ámbito del Midagri y situarla debajo de la PCM respondería más a una lógica de mandato multisectorial e independencia funcional. En segundo lugar, implementar de manera urgente en dicha entidad la carrera técnico-meritocrática que la saque de la tendencia de los últimos años de convertirse en una bolsa de trabajo de los militantes del partido político de turno que ganó las elecciones.

La segunda medida complementaria es el diseño e implementación de una estrategia de inversión en infraestructura hidráulica y de riego que permita optimizar y mejorar la eficiencia de los recursos hídricos en el país. La evidencia del pasado muestra claramente que en aquellos años que hubo sequía (2018, 2016, 2004-2005) las áreas de cultivo más perjudicadas fueron aquellas que dependen de las lluvias en sus procesos productivos. En el 2016, por ejemplo, se registraron más de 800 eventos de sequía en el país, que generaron la pérdida de cerca de 700.000 áreas de cultivo.

En este sentido, se puede decir que el Perú es un país altamente vulnerable a la incidencia de sequías. Según el Censo Nacional Agropecuario 2012, el 63,8% de la superficie agrícola del Perú dependía de las lluvias y solo el 36,2% tenía acceso a algún método de riego, con el agravante de aquellos que usaban algún sistema de riego, el 88% lo hacía por gravedad (acequia). Debido a ello, la eficiencia de riego en el Perú es del orden de apenas 30%; es decir, por cada 100 litros de agua utilizada solamente 30 llegan a la planta, y se desperdician los 70 restantes. En los años posteriores al censo agropecuario, la situación habría mejorado debido principalmente al repunte de la inversión pública en infraestructura hidráulica y de riego en el país. Así, según la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2018, el 51,1% de las unidades agropecuarias dependía de la lluvia para desarrollar sus actividades; mientras que el 48,9% restante contaba con un sistema de riego. No obstante, solo el 22,1% de ese grupo utilizaba un sistema tecnificado (9,8% por goteo, 85,1% por aspersión y el 7,3% restante por multicompuertas, mangas y exudación); mientras que el 77,9% restante regaba por gravedad.

El reto que tiene este gobierno de transición es cómo seguir avanzando en construir una mejor resiliencia de la agricultura peruana ante los eventos climáticos ampliando el acceso al riego, sobre todo de los pequeños agricultores familiares, y fomentando una mayor eficiencia en el uso del agua a partir de la tecnificación y la asistencia técnica. Ello requerirá cambios institucionales profundos en la ANA y la consolidación y potenciación de los programas encargados de promover la inversión en riego dentro del Midagri.