Lucha efectiva y no ideológica contra la desigualdad, por Luis Miguel Castilla

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La segunda vuelta electoral en Brasil podría determinar la dominancia de gobiernos latinoamericanos que apuestan, al menos retóricamente, por una agenda de justicia social. En este marco, el gobierno de Pedro Castillo estableció la meta de reducir la pobreza monetaria por debajo del 1% y reducir los niveles de desigualdad de ingresos en 25% al 2050 (pasando de un coeficiente de Gini de 0,44 a 0,33). En otras palabras, cambiar el hecho de que el quintil más pobre de la población peruana recibe menos de 5% de los ingresos nacionales; mientras que el quintil más rico, cerca del 50%. A su vez, los gobiernos de Boric en Chile y Petro en Colombia han hecho lo propio, e intentan impulsar cambios redistributivos a través de la adopción de reformas tributarias y una mayor presencia estatal ante el aparente fracaso de las políticas neoliberales llevadas a cabo durante las últimas décadas. Así, la izquierda latinoamericana utiliza esta narrativa para impulsar una agenda de cambio en sociedades cada vez más polarizadas e injustas.

Es innegable que los elevados niveles de desigualdad económica en un país pueden conducir a un menor crecimiento económico, así como tener impactos sociales y políticos negativos. Latinoamérica es una región que históricamente se ha caracterizado por tener elevados niveles de desigualdad y, a pesar del crecimiento económico experimentado en las últimas décadas, la región es más desigual en comparación con otras con niveles similares de desarrollo, y sus indicadores sociales aún se encuentran por debajo de lo esperado de acuerdo con su escala de ingreso.

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Existen diversos factores que intentan explicar las diferencias de desigualdad entre países. De hecho, la literatura empírica resalta principalmente el acceso a servicios básicos (educación, salud, vivienda, agua y electricidad), una estructura tributaria regresiva con exenciones fiscales a grandes contribuyentes, estructuras de mercado concentradas que dificultan la competencia, una limitada productividad y un mercado laboral poco competitivo.

Sin embargo, el desempeño en la reducción de la desigualdad ha sido heterogéneo en cada país particular, como lo indica la evidencia. Contrastemos nuestra propia experiencia con la colombiana para aclarar mitos y plantear líneas de acción futura. Ambos países han experimentado en las últimas dos décadas tasas de crecimiento económico similares; sin embargo, la desigualdad de ingresos era al 2020 significativamente menor en el Perú (0,44) que en Colombia (0,54). De hecho, es sorprendente ver estas diferencias considerando que en el 2003 ambos países tenían prácticamente la misma escala de desigualdad (0,53).

Para un mayor entendimiento y análisis, presentamos las principales variables económicas asociadas con los determinantes de la desigualdad económica. En primer lugar, se observa que Colombia no solo es un país más desigual, sino que también posee un nivel de pobreza superior al del Perú. Colombia también posee una tasa de desempleo mayor que la nacional y esta es sensiblemente superior en la población joven y en aquella con educación superior. Por otro lado, los niveles de productividad laboral en el país cafetero son mayores que en nuestro caso. Por el lado del gasto público, Colombia destina mayores recursos a educación y salud, aunque los años de escolaridad promedio son mayores en el caso peruano. Por su parte, si bien Colombia tiene una mayor carga impositiva respecto de la peruana, ambos países presentan una estructura de mercados muy similar.

Si analizamos la correlación entre las variables presentadas en la tabla y el índice de Gini, encontramos que la desigualdad en Colombia está más “asociada” con las condiciones del mercado laboral y la estructura impositiva. Por el lado de nuestro país, un elemento clave para la reducción de la desigualdad ha sido la continua reducción de la pobreza y el incremento en la productividad laboral.

Lamentablemente estas dos esferas son las que el Gobierno más ha petardeado con la adopción de políticas anacrónicas (en materia laboral, por ejemplo), la adopción de contrarreformas en materia educativa, el desmantelamiento de la meritocracia del sector público y la inconsistente y poco creíble agenda para sentar las bases de un mayor crecimiento económico.

En el caso de la nueva ola de gobiernos latinoamericanos que privilegia móviles redistributivos antes que la generación de riqueza, la suerte pareciera ser la misma: más desigualdad y pobreza en países muy ricos. No será posible alcanzar sociedades más cohesionadas sin instituciones sólidas ni gobiernos eficientes ni transparentes, al margen de la ideología que profieran. La experiencia de las naciones más avanzadas muestra que el crecimiento económico, una red de seguridad social efectiva y la prestación de servicios básicos de calidad –especialmente capital humano– son los factores que realmente hacen la diferencia; el resto es demagogia pura. Señores políticos, a tomar nota.