En tiempos de discusión de Presupuesto Público 2024, resulta importante medir cuáles son los impactos que ha generado su ejecución y el dotar de mayor presupuesto a acciones concretas. Así lo sostiene Luis Miguel Castilla, quien en entrevista revela detalles sobre el Índice de Gestión de la Inversión Pública que será publicado en El Comercio.
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—¿Por qué es relevante medir, más allá de la ejecución, el impacto de la inversión pública?
Es importante porque estamos en medio de una recesión y la apuesta del plan de estímulo fiscal ha sido aumentar las partidas presupuestales y hay un problema de falta de ejecución de partidas. Especialmente en partidas de obras públicas. Hay gran cantidad de obras públicas paralizadas de gestiones previas y esto hace cuestionar el buen manejo de los recursos públicos, sino que alimenta expectativas que son difíciles de cumplir. Hay una desconexión muy grande entre la apuesta presupuestal y el cierre de brechas.
—¿Cómo se evalúa ello a nivel de sectores?
Un claro ejemplo es que hace diez años el presupuesto de Educación, Salud, Transporte y Seguridad Interna se han triplicado. Y si uno ve los indicadores de resultados en materias de seguridad, aprendizaje, anemia y calidad de la infraestructura, vemos que no han habido avances. Hay una preocupación tanto por la efectividad del plan fiscal así como la necesidad urgente de hacer que esta apuesta presupuestal mejore la calidad de vida de los peruanos.
—¿Cómo resolver ello teniendo en cuenta las deficiencias de la gestión pública y el cambio de autoridades?
Usualmente se insiste en que hay un problema de capacidades, que es correcto: casi el 60%de la inversión pública la realizan lo gobiernos locales y regionales y este año ha sido uno de desplome en la ejecución. Pero hay problemas de fondo que tienen que ver con el periodo corto de un gobierno local o regional que son cuatro años, y eso cambia los incentivos a obras de menor envergadura y que puedan terminarse en el periodo de gestión. Por otro lado, lo que tenemos es que hay una preferencia por insistir en que la receta es dar capacidades y acompañamiento. Y eso no necesariamente refleja resultados en el corto plazo. La necesidad hoy en día, al medir la gestión pública, debe partir de reconocer que no estamos haciendo un monitoreo ni utilizando las métricas adecuadas para medir efectivamente la calidad de la inversión y nos centramos en el índice de la ejecución del marco presupuestal en materia de inversión pública. Este puede ser un indicador bastante engañoso.
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—¿Qué medición tenemos que refleje el bajo impacto de la ejecución?
El estudio más cercano respecto al costo de la baja calidad de la inversión pública lo da el Banco Interamericano de Desarrollo, que cuantifica que estas ineficiencias cuestan más o menos 2,5% del PBI. Gran parte tiene que ver con las contrataciones de obras. De hecho, esto es lo que explica por qué muchas obras acaban con sobrecostos, con plazos que no se respetan, en arbitrajes o se paralizan. Si uno se fijara solo en el índice de base de ejecución presupuestal a la fecha, tenemos que Arequipa lidera la ejecución a la fecha. Pero si nos fijamos en el indicador que tiene que ver con los proyectos retrasados frente a su cronograma, pasa del puesto 1 al puesto 16 de las regiones del país. Es importante que cuando se exijan resultados a las autoridades se tenga mayor claridad de cuál es el eslabón en el proceso de inversión pública que más falencias tiene para poder exigirle en rendición de cuentas y aplicar medidas correctivas.
“A mí lo que me preocupa es que las apuestas de programas como Con Punche sea ofrecer partidas presupuestales -además, ahora en el marco de la discusión del Presupuesto Público 2024- y esto lo que fomenta es el clientelismo más grande que uno se puede imaginar y la captura de rentas por parte de autoridades sin escrúpulos y de contratistas que, lamentablemente, ven la tajada que pueden sacar de esa promesa de recursos públicos”
Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto
—Videnza ha elaborado un Índice de Gestión de la Inversión Pública. Para lograr medir los impactos, ¿qué base de datos aplican?
Lo importante es que sea creíble y use información que sea de público acceso. Estamos haciendo un índice para las regiones del país sin Lima y Callao -que suelen distorsionar las métricas-. Acudimos a fuentes públicas de información tales como las bases de datos abiertos del Ministerio de Economía y Finanzas, información pública de OSCE, información periódica de la Contraloría General de la República, la información de inversión pública del MEF. Este será un seguimiento trimestral y lo lanzamos prontamente en el marco de la discusión del Presupuesto Público 2024. Lo importante es que, cuando se publique la Encuesta Nacional de Hogares, podamos hacer un cruce entre la apuesta de recursos para la inversión pública y lo que, finalmente, logra en materia de resultados. Ahí veremos si los millones que se asignan en agua y saneamiento logran cerrar la brecha de acceso.
—¿Qué panorama muestra, preliminarmente, el índice sobre los gobiernos regionales?
Lo primero es que hay mucha heterogeneidad. No existe un patrón claro. Si es que uno cruza el avance de la inversión pública tradicional y luego lo contrastas con un ranking que reflejan las fases de formulación, contratación, ejecución y operación de una obra logras ver los que lideran en ejecución caen y los que están bajos en ejecución suben. Esto permite tener métricas más precisas sobre qué temas abordar. Si es un problema de contrataciones, de exceso de dependencia en la modalidad de administración directa u otros.
—Para el caso de ministerios que tienen proyectos de inversión, ¿qué escenario muestra el índice?
Los ministerios que incluimos son los que suman el 70% del presupuesto de inversión pública. Partiendo por el Ministerio de Transportes, Vivienda, Educación, Agricultura y Salud. Lo que vemos es que los problemas de gestión no solamente son exclusividad de los gobiernos nacionales. Hay muchos problemas que ocurren en los ministerios que, supuestamente, tienen las mejores unidades ejecutoras. Esto debe servir de reflexión: se presume que creando una Autoridad Nacional de Infraestructura se resolverán los problemas, pero hay muchos problemas que son transversales a los tres niveles de Gobierno. Muchas veces se puede tener un buen proceso de planificación, pero finalmente la toma de decisiones se ve afectada por un temor a firmar por potenciales auditorías de la Contraloría, por ejemplo. Y ese temor es igual de fundado para un gobierno local o regional.
