Chancay sufre un 68% más de interrupciones eléctricas frente al Callao

La inauguración del puerto de Chancay, ubicado en la provincia de Huaral, abrió el debate sobre la creación de una zona económica especial (ZEE) y el otorgamiento de beneficios tributarios –especialmente el Impuesto a la Renta con tasa de 0%– como condición necesaria.

Esta medida no solo es técnicamente errada, sino que la experiencia previa en el Perú –que ya cuenta con cuatro ZEE– muestra que es siempre insuficiente para impulsar la competitividad, atraer inversiones y dinamizar la economía. Más bien, el debate sobre la creación de una ZEE en Chancay y en otras zonas portuarias del Perú debe considerar una estrategia integral de desarrollo.

La OCDE y el FMI han señalado que los incentivos fiscales en ZEE por sí solos no garantizan el desarrollo económico sostenido. Los resultados de la ZEE Zofra-Tacna son ejemplo de ello: establecida en 1989, exonera a las empresas del Impuesto a la Renta (entre otros beneficios) y, según Prom-Perú, en el 2023 exportó solo US$3,1 millones a través de cinco empresas.

Así, según la OCDE, para que los incentivos tributarios se traduzcan en un dinamismo económico duradero hacen falta condiciones favorables en otros ámbitos, como la infraestructura. Sin embargo, el Perú ocupa el puesto 80 de 139 países en el componente de infraestructura del Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, el cual evalúa la calidad de las instalaciones y servicios que facilitan el comercio y el transporte internacional.

En esa línea, de acuerdo con un informe del Banco Mundial sobre las ZEE en el Perú, estas enfrentan además problemas respecto a líneas de electricidad, espacios de carga, agua potable y alumbrado público. Una ZEE en Chancay enfrentará esas limitaciones. Según datos de Osinergmin, en el período 2019-2024, la zona de Chancay sufrió un 68% más interrupciones en el segmento de transmisión del suministro eléctrico que la del Callao, haciéndolo un suministro de energía menos confiable. El desarrollo del puerto de Chancay está limitado también por la falta de una infraestructura vial adecuada. Aunque el Gobierno ha planteado el desarrollo de tres obras viales claves, solo se está ejecutando el paso a desnivel en el kilómetro 79 de la Panamericana Norte, pero presenta retrasos en su ejecución. Las otras dos obras, vinculadas al acceso al puerto, aún continúan en fase de elaboración de estudios técnicos.

La implementación de una ZEE en zonas portuarias requerirá superar además importantes limitantes vinculadas, por ejemplo, a la disponibilidad de mano de obra calificada, altos niveles de inseguridad y la provisión adecuada de servicios básicos de calidad. Así, cinco de siete provincias que albergan puertos enfrentan problemas de inseguridad ciudadana. En particular, Pisco y Huaral con 14 y 13 homicidios por cada 100 mil habitantes, más que duplican el promedio nacional (5). En cuanto a servicios esenciales, en Paita donde una ZEE fue creada en 1996, la continuidad de la provisión de agua es de solo 5,3 horas al día.

Estas brechas cobran especial relevancia en un contexto de rápido crecimiento poblacional. El Ministerio de Vivienda proyecta que la demanda de viviendas en Chancay se multiplicaría por cinco en los próximos diez años, por lo que pasaría de 65 mil habitantes a 350 mil. Atender a esa población requerirá una gran inversión en infraestructura social.

En este aspecto, el rol de los gobiernos locales es clave. Sin embargo, muchos enfrentan limitaciones para ejecutar inversión. Por ejemplo, en el 2023, los municipios de Chancay y Huaral invirtieron al menos 58% menos presupuesto del que deberían para el número de trabajadores con que cuentan.

Queda claro entonces que la promesa de desarrollo no puede reducirse ni condicionarse al otorgamiento de exoneraciones tributarias a una ZEE, pues es justamente la falta de desarrollo social y de infraestructura lo que explica en buena parte el poco éxito de las ZEE en el Perú. Que el debate sobre la ZEE de Chancay, la primera bajo administración privada, sea entonces sobre una estrategia integral que articule al sector público y privado, y priorice el cierre de estas brechas.