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Graña y Montero informó este miércoles que llegó a un acuerdo con los abogados de los accionistas demandantes contra la compañía en Estados Unidos, que la acusaron de presentar “estados financieros tendenciosos y falsos” en el 2017.
En este la constructora se compromete al pago de US$20 millones para la terminación del Class Action; es decir, de las dos acciones colectivas de reclamo contra la empresa y algunos ex funcionarios en Nueva York durante el primer trimestre del 2017, según notificó en un hecho de importancia dirigido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
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Cabe señalar que la compañía provisionó en los estados financieros no auditados al 31 de diciembre de 2019 la suma de US$15 millones y que el excedente de US$5 millones será cubierto por una póliza de responsabilidad profesional, detalló.
De hecho, esta provisión fue una de las razones por las que Graña y Montero incrementó su pérdida operativa en el 2019, que alcanzó los S/319 millones, 162% más en comparación con la registrada en el 2018.
La terminación del Class Action está sujeta a: la aprobación de la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Este de Nueva York, el pago del importe de la transacción acordada y el cumplimiento de otras condiciones acostumbradas en este tipo de transacción que serán acordadas por las partes en el acuerdo de transacción definitivo.
“La celebración del Acuerdo constituye un hito importante en la eliminación de riesgos legales y financieros ende la Compañía lo cual es parte de su proceso de transformación y su compromiso con la Verdad, Transparencia e Integridad”, agregó en el comunicado.
LO QUE DECÍAN LAS DEMANDAS
Las dos acciones colectivas —aceptadas por un Tribunal de Nueva York en el 2018— iniciaron en febrero del 2017, luego de las primeras declaraciones efectuadas por Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, ante fiscales peruanos. En este, reconocía que Graña y Montero conocía de sobornos pagados al ex presidente Alejandro Toledo.
Así, los accionistas demandantes alegaron que Graña y Montero no reveló que la compañía sabía que su socio Odebrecht estaba involucrado en actividades ilegales; y que lucró con tales actividades violando sus propias normas de gobierno corporativo, según señalan los estados financieros de la constructora publicados en la SMV.
