Gremio internacional de operadoras critica registro de móviles

La asociación global GSMA, que representa los intereses de los operadores móviles, emitió un comunicado en el que expresó su "preocupación" sobre la creación del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), "ya que esta medida podría ocasionar un impacto negativo en cientos de miles de usuarios que podrían quedarse sin servicio móvil y con sus teléfonos móviles inutilizados". 

Como se recuerda, el decreto legislativo 1338 dispuso la creación de este registro de dispositivos celulares en enero de este año, con la finalidad de reforzar la seguridad ciudadana y prevenir y combatir el "hurto, robo y comercio ilegal" de estos equipos. 

Con el Renteseg, los teléfonos que no estén inscritos o los que tengan un código de identificación inválido o repetido serán inutilizables y su servicio de telefonía quedará suspendido. 

No obstante, el gremio de operadora asegura que "no existen evidencias" de que este tipo de medidas funcionen y que más bien podrían "afectar la libre circulación de bienes, la calidad del servicio y el derecho de propiedad de los consumidores". 

Así, da por cierto que estos registros son ineficaces porque "obstaculizan la libre circulación de los dispositivos móviles que, en su gran mayoría, son producidos para su uso en todo el mundo" y, por lo tanto, su libre comercio. 

Además, afirman que es un error asociar la tarjeta SIM o la línea con el dispositivo móvil, pues los usuarios suelen manejar más de una línea en un solo equipo, y que las validaciones podrían aumentar el tiempo de espera para iniciar las llamadas. La organización también sostiene que eliminar todos los IMEI (código que identifica a un celular) duplicados afectaría a usuarios que podrían haberlo adquirido por la vía legal. 

La propuesta del gremio es "desarrollar regulaciones más eficientes que penalicen no sólo la adulteración del IMEI sino también la comercialización ilegal de piezas y componentes provenientes de teléfonos robados" y que la policía y la fiscalía tengan "el empoderamiento necesario". 

El decreto al que se opone la asociación de operadoras fue publicado el 5 de enero, y fue elaborado dentro de las facultades legislativas que le dio el Congreso de la República para legislar en materia de seguridad ciudadana. El Renteseg tiene su implementación y administración a cargo del Osiptel y el Ministerio del Interior tiene acceso a este.