Juan Saldarriaga

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció hoy el lanzamiento de un paquete de medidas para ‘desescalar’ la conflictividad social en minería, que no solo afecta a varias minas de oro y cobre – como Cuajone y Las Bambas - sino también “las perspectivas de inversión futura”.

Es allí donde tenemos que poner nuestro principal énfasis (…) para generar más ingresos al fisco, empleo formal y dinero para el cierre de brechas”, indicó Oscar Graham, titular del MEF, en el 14 Simposium Internacioanl del Oro, Plata y Cobre.

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En ese sentido, el funcionario reveló que el Ejecutivo aprobará un paquete de inversiones descentralizadas “con especial énfasis en las zonas mineras”, cuyo objetivo será agilizar la inversión pública en estas jurisdicciones,

Precisó que estas inversiones serán desplegadas a través de unidades ejecutoras especiales.

Del mismo modo, señaló que el MEF planea desplegar un equipo especializado de destrabe de las inversiones en las regiones, para “apoyar a los gobiernos sub-nacionales en la ejecución de los proyectos financiados con los recursos del canon”.

Se trata de una iniciativa crucial, pues una porción considerable del canon minero es ejecutada en obras innecesarias o no se ejecuta, para disgusto de la población de las áreas de influencia minera.

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Los gobiernos regionales y locales solo han invertido, en promedio, el 67% de los recursos que han recibido de la minería en estos 10 año. Solo 67%, y eso sin considerar la calidad del gasto ejecutado”, señaló José Augusto Palma, presidente del 14 Simposium del Oro.

El objetivo, explicó Graham, es que esos recursos generados por la minería logren mejorar el bienestar de la población de la zona de influencia minera.

IMPULSO A LA EXPLORACIÓN MINERA

Añadió que el MEF está trabajando en mejoras en la normatividad para agilizar los permisos de exploración minera, actividad de la que depende el descubrimiento de nuevas minas y la continuidad de la producción.

Por ejemplo, en el Perú puede tomar dos años un permiso para exploración inicial mientras que en países competidores nuestros, como Canadá, esto puede tomar dos meses”, dijo.

Precisó que para mejorar eso se necesita de un trabajo multisectorial, donde intervengan no sólo el MEF y el Minem, sino también las distintas instancias del sector público que dan su opinión a los estudios ambientales y que “necesitan un refuerzo en su capacidad de gestión”.

Estamos hablando de la ANA, Sernanp, Serfor, Mincu y Produce. Así como de las entidades que intervienen en la obtención de permisos, como la SBN, la Sucamec e Ingemmet; y de instituciones fiscalizadoras como el Oefa, Sunafil y Osinergmon”, precisó Graham.

Indicó que el MEF asignará S/10 millones a estas instituciones para asegurar que tengan los recursos necesarios “para que puedan emitir sus opiniones a tiempo”.

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