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—Hace un año dijo que iba a trabajar para sacar adelante varios proyectos mineros importantes que estaban atrasados. ¿Cuál es el balance?
Nos pusimos como objetivo hacer crecer la inversión minera en el 2018 y nos está ayudando la mejora de los precios internacionales de las materias primas, sobre todo del cobre y zinc, que va a continuar muy probablemente en los próximos años. Eso hace que los inversionistas se sientan más animados para acelerar proyectos como Mina Justa y Quellaveco. Además, vamos a adjudicar Michiquillay a fines de este año y confiamos en que el proyecto de plata Corani también arranque.
—¿Cuándo arrancarían esas inversiones?
Salvo Michiquillay, todos los proyectos mencionados deberían tomar la decisión de invertir en los próximos 12 meses. Hemos trabajado con ellos para que estén en condiciones de tomar esa decisión. Los hemos apoyado en los permisos y los requerimientos de infraestructura. A fines de este año o el primer semestre del 2018 deberíamos empezar a ver el repunte de la inversión de nuevos proyectos mineros.
—¿La inversión minera podría crecer este año?
Este año es muy probable que la variación siga siendo negativa. Falta ver cómo se comporta en el segundo semestre, pero lo importante es mirar que la inversión minera del próximo año va a ser mejor que la de este y así será en lo sucesivo. Aspiramos a que la producción de cobre en el 2021 sea 30% superior a la que tenemos hoy.
—¿De cuánta inversión hablamos?
Tenemos una cartera de proyectos para los próximos tres o cuatro años de US$18.000 millones. Pero de lo que entraría el próximo año, deberíamos tener anuncios de decisiones de inversión por US$7.000 millones, que se ejecutarían en tres años.
—Además de trabajar con las empresas, ¿qué otras cosas ha hecho en minería?
También hemos trabajado en el marco normativo. Se han modificado las normas para la exploración minera. Las hemos simplificado para hacer más eficientes los recursos que van a la exploración. Aquellos proyectos que se encuentren y se exploren pueden ser las minas del futuro. La próxima semana se van a dar modificaciones en las normativas sobre salud y seguridad ocupacional en operaciones mineras.
— ¿Cuánto se ha avanzado en la formalización minera?
Hemos establecido un proceso de tres años para simplificar lo que existía antes y los primeros números son alentadores. En lo que va de la aplicación de las normas, tenemos alrededor de 3.000 nuevos mineros en proceso de formalización, mientras que el proceso del gobierno anterior solo formalizó de 300 a 500 mineros.
—¿Cuáles son los avances en el proceso de relicitación del gasoducto sur peruano?
Estamos en el proceso de concluir los pasos de la terminación del contrato y, por lo tanto, buscamos que el estudio de ingeniería (EDI) se transfiera primero al Estado para evaluar el cofinanciamiento. Buscar otro mecanismo de financiamiento demanda ir a Invierte.pe y para ello se requiere contar con los estudios de ingeniería. Esperamos que la próxima semana esto se aclare de forma similar a Chinchero.
—¿Cuántos interesados hay por el gasoducto?
Hemos tenido reuniones con entre 12 y 15 empresas de distinto tipo: hidrocarburos, construcción, fondos de inversión. Se han entrevistado conmigo y con Pro Inversión.
—¿Cuál es la situación del gas en Ica?
En el caso de Contugas, están las consecuencias de las altas inversiones que realizó el concesionario pensando en el desarrollo petroquímico y otras cosas que en su momento se diseñaron. Invirtieron por encima de lo que el mercado les está respondiendo y eso tiene consecuencias financieras. Han tomado acciones legales, pero yo les he dicho directamente que cuestionar decisiones regulatorias por acciones de amparo y otras vías judiciales tiende a debilitar al regulador y no son aceptables.
—¿Se quedará después de 28 de julio?
Esa no es una decisión que depende de mí, sino del presidente.
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