la norma de retiro de la ONP, observada por el Gobierno de Martín Vizcarra y actualmente en el Congreso, tiene un costo estimado de S/15.956 millones, equivalente a 3,4% del PBI. (Foto: GEC)
la norma de retiro de la ONP, observada por el Gobierno de Martín Vizcarra y actualmente en el Congreso, tiene un costo estimado de S/15.956 millones, equivalente a 3,4% del PBI. (Foto: GEC)
Nicolás Castillo Arévalo

Periodista de la sección de Economía y Día1

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Luego de que el hasta ayer presidente del Congreso Manuel Merino tomara la posta de la máxima autoridad del Ejecutivo, el congresista José Luna Morales, miembro de la bancada de Podemos Perú, afirmó en su cuenta de Twitter que la promulgación de la ley que establece la devolución de los aportes a la ONP y a las AFP serán prioridad.

No obstante, la norma de , observada por el Gobierno de Martín Vizcarra y actualmente en el Congreso, tiene un costo estimado de S/15.956 millones, equivalente a 3,4% del PBI. De aprobarse, aumentaría el desequilibrio de la caja fiscal, toda vez que el déficit pasaría del 6,2% al 9,6% del PBI.

El vicepresidente y senior credit officer de Moody’s, Jaime Reusche, afirmó a El Comercio que las medidas de gasto del Congreso, como el de la ley de la ONP generan mayores desequilibrios en el mediano y largo plazo.

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Reusche advirtió que en un gobierno de transición, los incentivos de aumentar el gasto son perversos, ya que no tendrá que lidiar con las consecuencias del desequilibrio fiscal en el mediano plazo, lo que podría generar un mayor deterioro del perfil fiscal del país.

Por ello, recomendó prudencia en el manejo de las arcas públicas.

Si se abandona la responsabilidad y la prudencia en el manejo fiscal, veremos un daño casi irreparable a menos que el siguiente gobierno dé un cambio brusco en lo económico, lo cual es improbable en un contexto de recuperación de una crisis tan grave como la que tenemos”, comentó.

Hay que indicar que la norma de la ONP incluso no es equitativa, puesto que el retiro de los aportes no tendría impacto en la pensión de los afiliados al sistema público y el dinero al que accederían sería financiado con recursos del Tesoro, de propiedad de todos los peruanos.

Contrariamente, el retiro de los aportes por parte de los afiliados a las AFP proviene de los recursos de los mismos afiliados y tendrá impacto en las pensiones de los que retiraron.

Esta situación le pone bastante presión a la perspectiva estable de la calificación soberana del Perú”, concluyó Reusche.

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