Tres semanas después de asumir la titularidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Barranzuela afirma que en dos semanas presentará un proyecto de ley para modificar los contratos de concesión.
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—Indicó que el MTC revisará los contratos de concesión “lesivos al Estado”. ¿Es una negociación entre Estado y concesionario o una modificación directa?
Es una revisión interna de las concesiones a cargo del MTC. Tenemos que determinar bajo qué condiciones podemos pedir una intervención, porque si se varían los contratos de concesión a través de adendas es muy probable que encontremos que el contrato oficialmente tenía un valor 100% y que en realidad se superó el 300% de su costo.
—¿En qué proyectos en específico se dio un incremento de 300% en su valor por las adendas?
Podría decir que casi todos los proyectos de concesión tienen incrementos sustantivos de las partidas originalmente pactadas. El porcentaje exacto lo vamos a determinar en esa revisión.
—Una vez revisados los contratos, ¿cómo los modificarán?
Vamos a invitar a los concesionarios y conversaremos a efecto de establecer nuevas pautas de intervención para que comiencen a corregirse los defectos que podamos encontrar. En simultáneo estamos trabajando una propuesta legislativa.
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—¿Este proyecto de ley buscaría que el Gobierno pueda intervenir y modificar algunas cláusulas contractuales?
Sí, pero habría que ser claro en que no pretendemos de ninguna manera transgredir lo que internacionalmente son las bases fundamentales de un contrato de concesión. Sí queremos establecer reglas claras a efecto de que nosotros podamos intervenir.
—Es inconstitucional modificar los términos contractuales por leyes.
Es el Legislativo aquel que cumplirá su rol de revisar la norma, de perfeccionarla, guardando el cumplimiento del Estado y el derecho.
—¿Esta propuesta no contradice al presidente Castillo cuando llama a la inversión extranjera?
Lo que se pretende no es cambiar las reglas del juego. Sin embargo, sí requerimos que por lo menos exista una cláusula que nos permita llegar a entendimientos más allá de los que han sido fijados en el propio contrato de concesión. De esa manera no perjudicamos a la empresa, pero sí nos permite hacer variaciones en el mismo.
—¿Cuándo presentarán el proyecto de ley?
Tenemos previsto que en un plazo de 15 días debemos tener listo el proyecto para sustentar ante el Consejo de Ministros y, de ser acogido, será trasladado al Congreso.
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—¿Ya hay una fecha confirmada o tentativa sobre cuándo se entregará la Línea 2 del Metro de Lima?
Hasta la fecha no tenemos fijado un horizonte de culminación.
—Hasta mayo de este año se entregaron 54 de los 82 terrenos que corresponden a la Línea 2 del Metro de Lima. ¿Cuándo se terminará de entregar los terrenos?
Las propuestas técnicas no se condicen con los avances administrativos. Como técnico puedo señalar que en una fecha necesito tener superadas las interferencias y darle la velocidad que necesita el proyecto, pero en la parte administrativa tenemos inconvenientes. Allí de repente no hubo tampoco el apoyo del despacho al no involucrarse en esos temas. Vamos a hacer los esfuerzos posibles en todos los casos, no solo en la Línea 2, sino también en Chinchero, en el Puerto de Salaverry, etc.
—La Autoridad para el Transporte Urbano (ATU) le indicó a El Comercio que se comunicó con el MTC y con el MEF para que se priorice la inclusión de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima en el plan multianual de inversiones. ¿Por qué hasta el momento no han sido considerados ambos proyectos?
Algunos organismos han recibido la autonomía para sus funciones, pero han perdido la perspectiva de que hay un organismo que es el responsable de estar pendiente de que se cumplan y se ejecuten las acciones dentro del marco de la política nacional. En ese sentido nosotros tenemos que intervenir para ayudar a determinar cuáles son los mejores opciones.
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—¿Cuándo se adjudicarán las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima?
En el caso de la Línea 2, para mí todavía es un misterio. En la Línea 3 hoy sostuvimos una reunión de Trabajo con el embajador de Japón. Él manifestó su predisposición para trabajar a través de la modalidad Gobierno a Gobierno lo que corresponde a la Línea 3 y para mí es satisfactorio tener conocimiento de esto, porque tengo la certeza de que países como Japón [están interesados]. Sin embargo, me he enterado también por él que habiendo concursado para la construcción de la Carretera Central fue desestimada su propuesta.
—Entonces todavía no hay una fecha para el lanzamiento de los concursos de ambos proyectos.
Si ya hay interesados nuestro compromiso es comenzar de inmediato a través de los equipos técnicos a evaluar las opciones. Queremos poner especial énfasis en el interés de que esto sea una competencia de tecnología. No basta con tener la preferencia por uno u otro proponente, vamos al mercado internacional con toda la imparcialidad.
—¿Está sugiriendo que hubo un direccionamiento a favor del gobierno de Francia en la adjudicación de la Carretera Central?
Siendo un proceso que fue manejado en su tiempo y en su espacio no me permitiría emitir una opinión al respecto.
—Su predecesor, Nicolás Bustamante, indicó en marzo que el Aeropuerto Jorge Chávez operaría con un solo terminal. En abril, el MTC aprobó la propuesta de LAP para que opere con dos terminales, pese a la oposición de gremios de usuarios y especialistas. ¿A qué se debió este cambio?
Al margen de la declaración que pudo dar el funcionario que mencionas, para mí también es una preocupación. Ya hemos tomado las acciones correspondientes para que se alcance un informe de carácter técnico con respecto a esta variación que se está haciendo con uno de los acuerdos que figuran en el contrato. No puede ser posible que sigamos con este acompañamiento que se va dando a las concesionarias para que paralicen las obras y vayan dando cambios sustantivos que no le convienen al país.
—Entonces no está a favor del cambio del diseño de la ampliación del aeropuerto.
Necesito revisar bajo qué marco se están dando estas modificaciones porque si no son las que más favorecen al país, tenga la plena seguridad que haré valer todo lo que sea necesario para que se replantee el acuerdo al que se llegó antes de que yo asumiera la cartera.
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—¿Conoce al exministro Juan Silva? ¿Seguirá trabajando con los funcionarios de antiguas gestiones?
He visto un par de fotos de él, es lo que conozco. No opinaré sobre un periodo en el que yo no estaba, pero estoy haciendo cambios en los cargos directivos y de funcionarios a efecto de desterrar todo aquello que pudiera haber estado sucediendo.
—Tanto Karelim López en su condición de aspirante a colaboradora eficaz como el exministro Silva indicaron que el MTC es “la caja chica del Gobierno”. ¿Qué hará para revertir esta situación?
Estamos cerrando todas opciones que han permanecido abiertas para ejecutar una multiplicidad de actos que le corresponden a aquellos funcionarios que estuvieron en el cargo. El gran problema que hubo y hay y que se está comenzando a desterrar es la falta de control de los funcionarios frente a la autonomía que tenían ante la Ley de Contrataciones del Estado. Es una ley que favorece al contratista, entonces los comités de selección se manejan con autonomía que es como si el Estado renunciara a establecer un control de este proceso.
—¿El MTC era una “caja chica” cuando usted asumió la cartera?
Eso no lo sé. De aceptarlo significaría que yo vengo a ser la continuidad de lo que se hacía acá. Eso está a cargo de las autoridades de fiscalización.
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—Su viceministro de transportes, Luis Rivera, tiene un juicio por corrupción. ¿Qué medidas tomará al respecto?
Hay factores que no podemos conocer porque todavía no se han culminado procesos. Pero en la medida que se den resultados que ratifiquen que hay una transgresión al Estado de derecho, no tengan ninguna duda que los funcionarios van a ser separados, tengan el cargo que tengan.
—¿Entonces usted renunciaría si aparecieran nuevas evidencias que vincularían a Pedro Castillo en casos de corrupción?
Todos aquellos que ejercemos un cargo público estamos obligados a obrar dentro del marco legal. Si en algún momento cualquiera se ve inmerso en un faltamiento al Estado, el país tiene el derecho de pedirnos dar un paso al costado.