MTC opina a favor de actualizar ley del Sistema Portuario, ¿cómo afectaría la norma al puerto de Chancay?

“En el caso de una habilitación portuaria o de una licencia portuaria, donde la inversión es absolutamente privada, el riesgo es totalmente privado. Ellos hacen la gestión de riesgo. Es por eso que nosotros creemos que sí corresponde la exclusividad de los servicios”, señaló el ministro durante su intervención de ayer ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso.

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El predictamen establece dos cambios relevantes a la LSPN: el primero agrega a la ley actual que la APN podrá otorgar la exclusividad de la operación portuaria a empresas privadas en las habilitaciones o licencias portuarias, situación que no se contempla en la normativa actual aprobada en el 2003; el segundo cambio es que se permitiría prorrogar por 30 años adicionales las concesiones portuarias, es decir, que un privado pueda operar una concesión de este tipo hasta por 60 años.

“La prórroga le da predictibilidad al inversionista [...] Creemos que la ley fomenta la participación del sector privado en infraestructura, la modernización y competitividad de los puertos y facilita el transporte multimodal y la cadena logística de los terminales portuarios del país”, agregó Pérez-Reyes.

El predictamen va de la mano con la propuesta que la APN le hizo llegar al MTC el año pasado, en la que solicitaba ambos cambios. El documento se encuentra actualmente en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del parlamento.

Para Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, era necesario actualizar la LSPN, ya que tenía más de 20 años desde su aprobación y diversos de sus artículos estaban desfasados. Por otro lado, afirmó que la posibilidad de recibir la exclusividad de operación a través de una licencia portuaria beneficiaría al puerto de Chancay -hoy en controversia por no tener un contrato que le permita a Cosco Shipping la gestión exclusiva de los servicios-, pero que la ley no tiene nombre propio.

“No creo que sea una norma con nombre propio, porque se está mejorando la LSPN para que se desarrolle como debería ser. De aprobarse, el cambio aplicaría a Chancay o a cualquier otra empresa que pase por esta situación”, explicó.

Como se recuerda, la APN acordó en el 2021 que el consorcio integrado por la china Cosco Shipping Ports Limited y la peruana Volcan Compañía Minera sería el que construiría el puerto de Chancay y, a su vez, brindaría los servicios portuarios esenciales en exclusiva. Tres años después, la nueva gestión de la APN denunció que esto no era posible debido a que la LSPN establece que solo se puede otorgar esta facultad mediante un contrato. Cosco no tiene un contrato ni es una concesión, sino que cuenta con una licencia portuaria.

Debido a la controversia, el gerente general adjunto de Cosco Shipping, Carlos Tejeda, señaló que el consorcio venía evaluando las medidas legales a tomar por el cambio de postura de la APN. Si bien confirmó que las obras de la primera etapa de la infraestructura, que tendrán una inversión de US$1.300 millones, seguirán su curso y serán entregadas en noviembre, no mencionó la situación total del proyecto, que tendrá una inversión proyectada de US$3.500 millones.

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Juan Carlos Salinas, socio del estudio Muñiz, aseguró que es una decisión razonable permitir que se brinde la exclusividad a través de una licencia portuaria porque forjaría una mejor ley y, a su vez, brindaría seguridad jurídica a las empresas que busquen invertir en puertos peruanos.

“Desde mi punto de vista no existe ninguna razón por la que, existiendo una licencia portuaria, no le puedas reconocer al inversionista la exclusividad de la operación. El Estado no puede desconocer un acuerdo así. Por ello me parece que el proyecto es adecuado”, indicó.

Por otro lado, Salinas proyectó que si se aprueba la actualización de la LSPN, la APN debería de volver a emitir un acuerdo de directorio para autorizar a Cosco para que brinde los servicios portuarios.

“Entiendo que se puede volver a otorgar la exclusividad a través de otra licencia portuaria aprobada en un acuerdo de directorio. Es una solución conveniente, ya que si el inversionista no hubiera tenido esas condiciones, probablemente no hubiera realizado la inversión”, afirmó.

En tanto, Cárdenas pronosticó que la APN retiraría la demanda contra el acuerdo de exclusividad cuestionado en caso se apruebe la ley.

“Sería contradictorio que si se aprueba la actualización la demanda siga en curso. Creo que la APN debería desistir de la demanda si se diera este caso”, concluyó.