El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó a El Comercio que tienen registradas 68 obras públicas paralizadas en el ámbito nacional. Entre todas ellas suman una inversión superior a los S/6.465 millones.
Los proyectos se encuentran en 18 regiones del país. Áncash es el que tiene mayor cantidad de proyectos comprometidos con 26 y estos suman una inversión total de S/1.528 millones. Sus obras, en su mayoría, son la construcción y mejoramiento de carreteras, así como la construcción y rehabilitación de puentes.
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El resto de departamentos con este tipo de paralizaciones son Huánuco, Apurímac, Lambayeque, Pasco, Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, La Libertad, Arequipa, Moquegua, Cusco, Piura, Junín, Ayacucho, Huancavelica, Lima y Tumbes.
Según la cartera, 50 de esas obras “se vieron afectadas por resolución de sus contratos, efectuados por el MTC, ante el incumplimiento por parte de la empresa contratista”. Otros motivos que enumeraron fueron problemas para la adecuación de los expedientes técnicos, la falta de liberación de predios e interferencias y los conflictos sociales.
Casos individuales
A pesar de lo señalado por el MTC, especialistas consultados indicaron que se debería de ver cada caso particular, ya que estos suelen tener problemas para su ejecución muy distintos a lo que sucede en otras regiones.
“Lo que dice el MTC es una de las excusas usuales, porque es fácil echarles la culpa a los demás. Cada proyecto tiene su propia historia y si bien pueden tener problemas con las empresas contratadas [...] habría que definir si estos son por problemas en los que el Estado no pudo cumplir tiempos de saneamiento de inmuebles o interferencias”, afirmó Luís Miguel Elías, socio del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas.
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“Es muy cierto que la obra pública en el Perú tiene muchos problemas. Tiene que ver con las empresas que ganan por corrupción, que muchas veces ocurre en los Gobiernos Regionales y Locales”, añade, en el mismo sentido, Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors.
Por otro lado, según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), también se debe valorar el sistema de selección de empresas que suele elegir postores más baratos y que no garantizan los estándares de cumplimiento.
“No solo es el contratista que no tiene capacidad sino un sistema que busca contratar al más barato y no necesariamente al mejor. Es un conjunto de factores como malos diseños o muy preliminares que al encontrarse con una realidad distinta en el campo no encuentran cómo adaptarse”, señaló.
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AFIN agregó que las dificultades del sistema pasan también por el marco legal y sugiere que se modifique la actual Ley de Contrataciones del Estado, pues no garantiza la transparencia ni eficiencia de los procesos.
“Asimismo, se tiene que cambiar totalmente el sistema de contrataciones para obras públicas introduciendo estas herramientas y el enfoque colaborativo en los contratos, priorizando la conclusión del proyecto y dejando las controversias en cuerdas separadas. El enfoque formalista no da para más y nos ha llevado a una ejecución ineficiente de la inversión pública en general”, postula.
Estas discrepancias entre la empresa y el Estado terminan llevando a disputas legales o a arbitrajes que impiden la reactivación de las obras. “Hasta que no se obtenga una decisión a través de un laudo arbitral o un proceso judicial no buscan atacar el problema”, remarcó Elías.
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Ante la gran cantidad de obras a cargo de MTC paralizadas, Cárdenas propone que el Gobierno agrupe los proyectos con contratos resueltos en paquetes que puedan ser licitados a través de acuerdos Gobierno a Gobierno.
“Eso sucedió con la Reconstrucción con Cambios. Se nombraron oficinas de gestión de proyectos internacionales que analizaron cada caso y retomaron la ejecución”, explicó.