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En medio de la incertidumbre por el desarrollo de la que podría ser la mayor bancarrota municipal en Estados Unidos, tras el anuncio de Puerto Rico de que no cumplir un pago por primera vez en su historia, la Casa Blanca ha aclarado que no tiene previsto un plan de rescate financiero para el gobierno local.
"El gobierno no visualiza un rescate para Puerto Rico, pero si existe asistencia federal que pueda ser activada para asistir a los líderes de Puerto Rico a alcanzar algunas de sus obligaciones financieras, estamos listos para ayudar", dijo el portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest.
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Las declaraciones de Earnest se producen luego de que este lunes, el Banco Gubernamental de Fomento informara que el estado libre asociado de EE.UU. pagó sólo US$628.000 de los US$58 millones que debía desembolsar a acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público.
"Creemos que Puerto Rico necesita un proceso ordenado para restructurar sus obligaciones insostenibles", afirmó Earnest durante la rueda de prensa de este martes en la sede presidencial.
Se espera que en septiembre, el gobernador Alejandro Garcia Padilla presente un plan para hacer frente a la deuda de US$ 72.000 millones que tiene pendiente el gobierno.
Cualquier plan de reestructuración de la deuda puertorriqueña debe ser aprobado por el Congreso en Washington, a pesar de que como estado libre asociado su representante ante el parlamento no tiene poder de voto.
EL DEBATE
En el Congreso de Estados Unidos varios operadores políticos buscan que los legisladores acepten debatir la introducción de cambios en las normas federales de modo que las instituciones puertorriqueñas puedan acogerse a las leyes de bancarrota.
Al no ser un estado pleno de la unión, Puerto Rico no tiene el mismo derecho que los demás gobiernos regionales estadounidenses de declararse en bancarrota para obtener protección legal frente a sus acreedores y reorganizar sus finanzas, como lo hizo recientemente la ciudad de Detroit.
El presidente Barack Obama estableció un grupo de trabajo para coordinar la asistencia que el gobierno federal puede aportar al de la isla, sin incurrir en violaciones de las leyes federales.
Muchos aseguran que la profunda crisis económica es responsabilidad parcial de algunas políticas que Washington ha aplicado en la isla.
En junio pasado, un informe comisionado por el gobierno puertorriqueño a tres destacados exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) reconocía que para algunos, el problema comenzó porque el gobierno federal empezó a retirar hace unos años los privilegios fiscales que por décadas otorgó a las industrias que se establecieran en la isla, aunque aclaró que no era el único factor.
La condición de estado libre asociado, sin todos los derechos y deberes del resto de los integrantes del país, también puede haber contribuido al colapso económico, pese a los esfuerzos desde Washington por propiciar el desarrollo.
