Ed Stocker y John Paul Rathbone
Financial Times
Cristina Fernández, la presidenta argentina, planteó la posibilidad de una nueva cesación de pagos en un discurso a la nación el lunes. Ella dijo que su gobierno nunca sucumbiría a la “extorsión”, después de que la Corte Suprema de EE.UU. rechazó una petición de Argentina para revertir una decisión judicial de un tribunal inferior en EE.UU. que obligó al gobierno de Buenos Aires a pagar a los acreedores “holdout” (de exclusión).
¿Marca la decisión de la Corte Suprema el final del llamado “caso de la deuda del siglo”?
Casi. Esto significa que la sentencia de 2012 del Juez de Distrito de Nueva York Thomas Griesa se mantiene intacta. Este veredicto estableció que si Argentina continúa pagándole a los acreedores que participaron en dos reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010, entonces debe también pagar el valor total de los bonos en poder de los acreedores que se negaron a participar en las ofertas. Estos son los llamados acreedores “holdout”, encabezados por NML Capital, una subsidiaria de Elliott Capital Management, un fondo de cobertura controlada por el multimillonario estadounidense Paul Singer.
¿Por qué Argentina no salda sus deudas y sigue adelante?
De la deuda original de US$95 mil millones de Argentina, cerca del 93% de los acreedores participaron en las reestructuraciones. Buenos Aires dice que eso deja alrededor de US$15 mil millones de bonos, incluyendo intereses no pagados, en incumplimiento. Está en juego en este caso una suma menor: alrededor de US$1,5 mil millones en deuda que tienen NML y sus socios. Argentina puede satisfacer ese pago, pero, con solo US$28 mil millones de reservas de divisas, no puede permitirse el lujo de pagar los US$15 mil millones adeudados a todos los acreedores de exclusión al mismo tiempo.
¿Qué opciones tiene Argentina ahora?
Cuatro, en términos generales. Podría negarse a pagarle a NML, pero eso también provocaría un incumplimiento automático para los poseedores de bonos que participaron en las reestructuraciones. Esto sería un retroceso para Argentina en sus intentos por recuperar el acceso a los mercados internacionales de capital, tal como su reciente acuerdo con los acreedores del Club de París. Ése sería un precio muy alto a pagar ya que Argentina necesita nuevos préstamos para desarrollar sus vastas reservas de gas de esquisto. De hecho, el lunes Fernández juró que Argentina continuaría el servicio de la deuda reestructurada.
En segundo lugar, podría continuar negándose a pagar a los “holdouts”, manteniendo al mismo tiempo los pagos a los poseedores de bonos. Sin embargo, eso requeriría desviar los pagos fuera de Nueva York, donde se establecieron los lazos de intercambio. Logísticamente es casi imposible, sobre todo porque el próximo pago, de unos US$400 millones, debe pagarse el 30 de junio. Para esta opción, el tiempo parece haberse agotado.
En tercer lugar, podría cumplir la sentencia del Juez Griesa, y pagar a NML y sus socios US$1,3 mil millones inmediatamente. Sin embargo, ello daría pie a que Argentina pudiera ser demandado por los poseedores de bonos. Esto se debe a que, hasta el final de este año, en virtud de una cláusula legal, tienen derecho a reclamar mejores condiciones voluntariamente ofrecidas por Argentina a otros poseedores de bonos.
Eso deja una cuarta opción: llegar a un acuerdo con NML para liquidar sus deudas pendientes, probablemente mediante la emisión de bonos nuevos, pero no antes de 2015 cuando la obligación de Argentina de ofrecer términos similares a los demás poseedores de bonos expire. Aunque políticamente difícil de tragar, esto parece la opción más probable en el momento.
¿Cuáles son las implicaciones internacionales del caso?
Hasta ahora, ninguna. No ha habido una fuga del mercado y los inversores seguirán comprando los bonos de alto rendimiento emitidos por soberanos exóticos como Kenia y Ecuador. Sin embargo, algunos, como el Fondo Monetario Internacional, se preocupan de que el caso hará que futuras renegociaciones de la deuda sean más difíciles, ya que elimina los incentivos para que los acreedores participen.
Frente a ese escenario, otros dicen que Argentina ha sido tan singularmente recalcitrante que su caso no establece un precedente general. Por otra parte, la mayoría de los bonos internacionales ahora tienen cláusulas de acción colectiva, que constituyen una repetición imposible ya que requiere que los poseedores de bonos acepten las decisiones de la mayoría. De cualquier manera, el caso ha generado un precedente desafortunado de ley, que incluye una perforación a la inmunidad soberana. Por ejemplo, la Corte Suprema ha dictaminado que los acreedores pueden buscar información de citación sobre activos argentinos en todo el mundo.
Qué desastre. Sin embargo, ¿al menos es una victoria para NML Capital?
El lunes Fernández sacó una carta que sugería que NML había tenido ganancias del 1.608% sobre los bonos en mora que compró en 2008. Ella dijo: “No creo que ni el crimen organizado goce de tales tasas de retorno en tan corto tiempo.” No obstante, puede no ser tan simple. En el transcurso de una década, NML ha acumulado considerables gastos legales. Probablemente espera que otros “holdouts”, que se han aprovechado de su caso, hagan “lo correcto” y ayuden con sus costos. Es irónico teniendo en cuenta que el caso de NML se basó en la falta de cláusulas de acción colectiva de Argentina.