(Bloomberg) -- Babak Zanjani conoce con exactitud el precio de su vida: US$2.200 millones.
Ese monto debe reembolsar el malogrado empresario iraní para tener una oportunidad de evitar la ejecución. Fue sentenciado a muerte junto a otras dos personas el 6 de marzo por malversación de fondos desde la petrolera nacional durante el embargo a las exportaciones. Según su abogada, Zanjani ha intentado devolver el dinero desde su primera detención en diciembre del 2013 tras el cambio de gobierno en Irán.
“Esto fue un asunto sencillo relacionado con el pago de deudas en un principio”, dijo Zohreh Rezaei, integrante del equipo jurídico que prepara una apelación contra la condena, en una entrevista telefónica la semana pasada. “En cambio, se transformó en este enorme tema político alrededor del petróleo”.
La caída de Zanjani de intermediario a convicto demuestra el trayecto recorrido por Irán tras reconciliarse con las potencias occidentales y terminar una década de desolación económica cuando las sanciones fueron levantadas a principios de este año.
¿Chivo expiatorio?
El presidente Hassan Rouhani dijo que necesita erradicar la corrupción para reactivar la economía y atraer inversión extranjera. La pregunta sobre quién ayudó a Zanjani y dónde fue a parar el dinero aún debe responderse, dijo la semana pasada.
Actualmente, con 40 y pocos años, Zanjani simboliza la nueva clase de millonario acusado de usar sus facultades para evitar restricciones comerciales y enriquecerse en los últimos años de la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, quien gobernó del 2005 al 2013.
“Él es un chivo expiatorio”, dijo Kamran Bokhari, académico de la Universidad George Washington y de la Universidad de Ottawa, especialista en el Medio Oriente. “Él es útil para Rouhani a fin de demostrar que hay una marcada diferencia entre lo que pasó bajo el gobierno de Ahmadinejad y lo que está pasando ahora”.
Zanjani fue acusado de malversar un total de US$2.700 millones del gobierno a través de sucursales de su First Islamic Investment Bank en Tayikistán y Malasia, ingresos provenientes de la venta de petróleo. Fue declarado culpable de “corrupción mundial”, delito islámico que se castiga con pena de muerte, comúnmente por ahorcamiento en Irán.
Hasta la fecha, las autoridades iraníes han confiscado entre US$600 millones y US$700 millones de los activos de Zanjani. Su madre y dos hermanas también tienen sus bienes embargados y tienen prohibido dejar Irán, según Rezaei, la abogada. La deuda ahora asciende a 1.967 millones de euros (US$2.200 millones), dijo.
En espera de la apelación
Zanjani niega la malversación y el fraude. Rezaei espera que el anuncio oficial de la sentencia se presente al tribunal esta semana. De ser así, tendrían 20 días para interponer una apelación.
La abogada dijo que Zanjani intentaba ayudar a Irán a vender su mayor fuente de ingreso nacional y proporcionar un canal bancario para las entidades sancionadas en un momento en que el país estaba aislado de los mercados mundiales. Mientras él era sentenciado en Teherán, un petrolero en España desembarcaba la primera carga de petróleo iraní en Europa desde el 2012.
La ironía radica en que si las sanciones lo hicieron rico, el legado de estas podría costarle la vida.